No es algo excepcional que los derechohabientes del sistema de salud pública en México sufran las consecuencias del desabasto de medicinas, material de curación y otros artículos relacionados con el servicio médico. No es nada raro que los pacientes tengan que pagar ellos mismos dichos artículos porque el centro de salud o instituto médico al que corresponde su atención carece de ese material, o bien tengan que esperar, o trasladarse a la farmacia en la que el medicamento fue subrogado; es muy común que los pacientes que padecen de una grave enfermedad y requieren la atención de un experto, por ejemplo un oncólogo, tengan que esperar varios meses para una consulta por ser muy escaso el número de especialistas con que cuenta la institución y muy grande el número de afiliados que requieren de dichos servicios. En resumen, es ampliamente conocida la carencia de personal médico, de hospitales, de habitaciones, camas, medicinas y material de curación para una población creciente.

El reporte especial de esta semana se ocupa del desbasto de medicinas y material de curación que se ha transformado en una aguda crisis en el sistema de salud pública, que de sufrir una crónica insuficiencia ha pasado a un gravísimo desbasto en lo que lleva de ejercicio el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T). El problema es innegable y si hubiera alguna duda, su existencia se ha manifestado nítidamente en las declaraciones de altos funcionarios de gobierno, agrupaciones médicas y líderes sindicales del sector salud. También es innegable que la solución del problema le toca al gobierno y no hay visos de que pueda resolverse durante este sexenio.

La controversia surgida entre el gobierno de la 4T y el sector empresarial farmacéutico con respecto a la política de compras consolidadas y el control sobre los precios (imposición, dicen los empresarios), así como la calificación de corruptos y de violadores de la Ley, ha sacado a la luz importantes aspectos del tema de la insuficiencia y desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública.

La voz empresarial atribuye al gobierno querer convulsionar el mercado de los medicamentos para favorecer a nuevas empresas incluso extranjeras y argumenta que las compras consolidadas constituyen un prologando proceso que durará entre cinco y diez años, que provocará la permanencia del desabasto del sistema de salud y el consecuente perjuicio y aún la muerte, de miles de derechohabientes.

No es fácil tomar partido por ninguno de los dos bandos; ni el gobierno de la 4T ni los empresarios son blancas palomas, pero por otra parte, algunas de las acusaciones cruzadas entre ambos no carecen de fundamento.

La polémica da luz sobre un tema que había pasado desapercibido durante años; cuando las comadres de los pelos se toman, las verdades asoman.