Ciudad de México.- Al menos seis organizaciones de la sociedad civil solicitaron al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar transparentar  402 mil millones de pesos para el gasto 2020.  

Y es que de acuerdo al proyecto de presupuesto que recientemente aprobó el Senado y envió a la Cámara de Diputados para su aprobación, propone gastar 64 por ciento, unos 402 mil millones de pesos, del presupuesto en programas de transferencias o subsidios que no están obligados a contar con reglas de operación.

En una carta que enviaron al legislador, las organizaciones México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo de México Unido contra la Delincuencia, los firmantes instaron a garantizar que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 cumpla con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, el cual mandata al gobierno ejercer de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada los recursos de los mexicanos.

“En particular, le pedimos que los programas de transferencias y subsidios que recibirán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020 se encuentren obligados a contar con Reglas de Operación (ROP)”, refiere.

Según reiteraron, lo más preocupante, es el panorama de franco retroceso en el que se inscribe la propuesta. “Por un lado, en el PPEF 2020 el gasto en programas que no están obligados a contar con ROP es incluso mayor que en la anterior administración. Por el otro, se eliminó del decreto el texto que le daba la atribución a la Cámara de Diputados de dar una opinión sobre las ROP de los programas sujetos a tenerlas”.

Uso discrecional

Sin ROP no es factible que los programas gasten presupuesto cumpliendo con los citados principios constitucionales, pues se entorpece la planeación de sus actividades y su operación. En su ausencia, no es posible garantizar el trato justo y equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios; la perspectiva de género y regional, el registro de sus beneficiarios y operación; su auditoría y rendición de cuentas, así como la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados, entre otros factores. Además, un programa sin este tipo de reglas es más susceptible de ser usado de forma discrecional o política, por encima del bienestar social.

“Nos permitimos recordar que, por ley, sólo los programas que cuentan con reglas de operación deben llevar a cabo una evaluación de sus resultados, que es la única forma de saber si el programa está logrando sus metas o no”.

“Tras expresar estas preocupaciones, le pedimos atentamente a la Cámara de Diputados, y en especial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que usted preside, que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales (artículo 77 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) incluya en el Presupuesto de Egresos 2020 la obligación de que todos los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población se encuentren sujetos a Reglas de Operación”, reiteraron los firmantes.