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A 21 meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Estado e instituciones relacionadas al campo (Sader, Sedatu, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE), han sido desmantelados con la “política de austeridad” y asfixian a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés.
En lo anterior coinciden los dirigentes de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay; Mariana González Torres, del Congreso Agrario Permanente (CAP); e Isidro Pedraza Chávez, de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC); quienes señalaron que a 21 días de presentar su segundo informe de gobierno, el Jefe del Ejecutivo mantiene su negativa a dialogar con los liderazgos de organizaciones campesinas a pesar Conflictos Agrarios latentes, baja producción de alimentos, aumento en importaciones de granos y oleaginosas así como la existencia de un T-MEC que pone a los agricultores en desventaja.
Actualmente la Sader, Sedatu, Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios, FIFONAFE, Financiera Rural y Registro Agrario Nacional, se debaten en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo mexicano por lo que es necesaria su reactivación en lo que resta de esta administración.
Con la previsión de que el cierre de año será complicado en el abasto de alimentos y no se descarta una hambruna, así como protestas sociales, se pronunciaron por iniciar el dialogo con los actores sociales y políticos del campo; armar una agenda que aborde la pandemia del Covid-19 y la crisis económica, social y política que priva en la nación.
Además de dicho diálogo con el Presidente de México, estimaron necesario comenzar el andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad economía, recuperar la salud y garantizar las libertades en el país rumbo al 2021.
Todo ello, dijo Mariana González Torres, del CAP Nacional, debido a desde el inicio del sexenio las organizaciones campesinas han sido marginadas del diálogo en el marco de una exclusión en la gestión para imponer intermediarios institucionales mejor conocidos como “servidores de la nación o instituciones bancarías que se benefician con el cobro de comisiones en las operaciones que realizan para campesinos e indígenas.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a fortalecer a los campesinos mediante la reorientación del presupuesto y programas estratégicos que no sean una imposición para las comunidades, un despojo o un daño al medio ambiente.
“Es una tragedia que se haya aprobado este decimotercero Transitorio, que va en flagrante contradicción con lo que dice nuestra Constitución, en el Artículo 97°".
Ante altos índices de violencia, PRI pidió a la Cámara de Diputados citar al comandante David Córdova Campos a una reunión de trabajo.
"Será considerablemente justo reducir el impuesto sobre beneficios de las empresas tecnológicas".
El presidente López Obrador justificó la falta de obra pública atribuyéndolo al “elefante reumático” y no a los recortes que su administración ha venido realizando en el ramo 33.
Lo que está presente, es nuevamente la opacidad y el control político, aunque ahora el marco sea la nueva pandemia.
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Los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública.
Ciudad Cuauhtémoc, es el cuarto municipio en donde en menos de una semana renuncian los agentes de Seguridad Pública.
En la historia de hoy, ayer y antier, varios regímenes han buscado anular políticamente a sus adversarios a través del lenguaje que se usa para descalificarlos.
De acuerdo con el Nacional Anti AMLO, las movilizaciones se llevarán acabo en vehículos, enfatizaron que se trata de una protesta pacífica como la que se llevó acabo el pasado 30 de mayo.
“La opacidad del Programa Nacional de Fertilizante 2020 no están atendiendo a todos los productores, situación que podría llevar nuevamente a la crisis del campo guerrerense".
En un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre la pobreza laboral, 4 de cada 10 mexicanos viven en una situación laboral.
"Esta derrama económica es importantísima y por eso no se nos cayó el consumo, a pesar de la pandemia y la crisis económica", remarcó.
La pandemia en nuestro país no se atendió médicamente a tiempo porque el gobierno no reaccionó como debía hacerlo.
“Exponer a la juventud a un virus mortal es criminal pues pone en peligro sus vidas. Es claro que la población joven también se contagia y puede sufrir las graves consecuencias".
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Escrito por Redacción