Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió hacer cambios profundos en la forma de ejercer la política; terminar con la corrupción; cumplir con su lema “primero los pobres”, a quienes primero salvaría de la “mafia del poder” y después rescataría de su pobreza.

A escasos 10 meses de iniciarse, la presente administración, ha demostrado su incompetencia para cumplir sus promesas; no ha terminado con la corrupción ni está atacando en serio la pobreza. Para ocultar su ineficiencia, prefiere aparentar que no reprime las manifestaciones individuales o de grupo. Así lo quisieron hacer creer tanto el Gobierno Federal como el de la Ciudad de México (CDMX), con su actitud “tolerante” con las protestas por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la defensa del aborto y la conmemoración del movimiento estudiantil del 68; después de eso vino la protesta de al menos mil taxistas, donde solo se difundió que no hubo represión pero sus demandas fueron ignoradas.

El mensaje que los gobiernos local y federal intentaron colocar en la mente de los capitalinos fue que la autoridad no usa la represión policiaca, y que bastó con sacar a unos miles de funcionarios morenistas para formar un “cinturón de paz” para evitar que los manifestantes vandalizaran monumentos históricos o la calles del Centro de la CDMX; sin mucho éxito y tras crítica por la débil actuación de las autoridades ante los desmanes de los manifestantes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se atrevió a decir que el “cinturón de paz” había funcionado, evitando el uso de la fuerza pública.

Si el gobierno tiene como objetivo generar la idea de que no reprime y de que se está apegando a la legalidad, pronto se llevará un chasco, porque los hechos dicen algo muy distinto; sí se está reprimiendo a la población y se están violando flagrantemente los derechos ciudadanos, modificando varias leyes que perjudicarán a la población, solo por el capricho de AMLO.

Claro ejemplo de esto son los acontecimientos en el estado de Chiapas donde, a escasos cinco días de realizarse el tercer evento por el 45 Aniversario del Movimiento Antorchista, la dirigencia estatal fue informada de que por “órdenes superiores” (se entiende las de AMLO) se prohibía el uso del Estadio “Víctor Manuel Reyna” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Además de prohibir el uso de ese espacio, autorizado semanas antes, y de que el evento había sido profusamente anunciado se lanzó la siguiente amenaza: no se iba a permitir la celebración de dicho evento por órdenes superiores y si se efectuaba, habría consecuencias. ¿Es éste el actuar de un gobierno de izquierda, democrático para quien primero están los pobres?

Para nadie es un secreto que Antorcha es la organización más grande y mejor estructurada de México; que ya cuenta entre sus filas con más de tres millones de mexicanos, con fuerte arraigo en casi todas las entidades federativas. Precisamente por ser fuerte, contar con la acertada dirección de su líder, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, por tener independencia financiera y política, es atacada y amenazada por el gobierno de la “Cuarta Transformación”.

Los acontecimientos recientes, a los que se prestó como operador y orquestador el gobierno estatal de Chiapas, significan una amenaza represiva directa contra la organización popular y a todos los mexicanos que pretendan coordinarse para defender sus derechos; es un atentado contra el derecho que tiene todo ciudadano para reunirse pacíficamente, establecido en el Artículo 6o de la Constitución Política de México que declara: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

¿Qué mal podía hacer una concentración de 60 mil mexicanos de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco que celebrarían el 45 aniversario de su organización? ¿Qué amenaza representaban, para los gobiernos estatal y Federal, esas amas de casa, niños, estudiantes, obreros, colonos, profesionistas y campesinos que disfrutarían de arte y cultura? Es claro que no representan ninguna amenaza; sin embargo, se les prohibió el uso del Estadio “Víctor Manuel Reyna”; además, vía sus dirigentes, se les amenazó de que se atuvieran a las consecuencias si se efectuaba el citado evento.

Un gobierno que se dice democrático, que declara que para él están primero los pobres, hoy se quita su máscara de cordero y amenaza gravemente el único derecho que tienen los mexicanos para defenderse de las injusticias: el de manifestarse o, como en este caso, celebrar el aniversario del inicio de su lucha. Hoy, el gobierno mexicano exhibe su faceta dictatorial y represiva; pero ante estos ataques políticos, el pueblo también se organiza para defender su legítimo derecho, garantizado en nuestra Carta Magna. Antorcha y sus líderes socia- les, siempre honestos y combativos, no dudarán en ir al frente de ese río humano con ansias de justicia y equidad social. Por el momento, querido lector, es todo.