Productores agropecuarios de Estación Consuelo, municipio de Meoqui, Chihuahua, hacen guardias desde el cuatro de junio en la presa Francisco I. Madero, también conocida como Las Vírgenes, para evitar que su agua sea trasvasada a Nuevo León y Tamaulipas.

Estos agricultores y lecheros participaron en la toma de la presa La Boquilla realizada el ocho de septiembre de 2020 por cientos de productores para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviara más agua a EE. UU. Después de esta acción, Jéssica Silva y su esposo fueron baleados y asesinados por la Guardia Nacional cuando atravesaban Ciudad Delicias para regresar a Consuelo.

Ahora, en una nueva acción de defensa, los campesinos de Estación Consuelo hacen guardia al pie de las cortinas de concreto en este embalse y exhiben lonas con el mensaje: “Ni una gota a Tamaulipas y Nuevo León. El agua se defiende con la vida. Todos somos Chihuahua”.

En respuesta, el pasado 13 de mayo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, morenista e hijo de Américo Villarreal Guerra, quien fuera mandatario priista en el periodo 1987-1993, formó un frente para defender el agua que corresponde a las presas internacionales Amistad y Falcón que se hallan sobre la cuenca del río Bravo, en esa entidad.

El frente se creó en una reunión, realizada en Reynosa y encabezada por el responsable de la recién creada Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social (SRHDS) en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez; en ella participaron diputados federales y locales, alcaldes de la región fronteriza, representantes de los Distritos de Riego, también representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y el delegado de Gobernación en la entidad, Felipe Garza Narváez.

En esta asamblea, el principal orador fue Quiroga Álvarez, quien reveló que un porcentaje del agua almacenada en las presas del río Bravo en Chihuahua corresponde a Tamaulipas, que los habitantes de la entidad no están “pidiendo cosas de más, solamente lo justo”, y los conminó a “ser un poco firmes… porque en eso sí podemos organizarnos bastante para hacer un llamado a quien compete tener el agua que le corresponde”.

El funcionario reconoció que en la justa demanda al Gobierno Federal para que se liberen los volúmenes de agua que el río Conchos aporta a las presas y le corresponden a Tamaulipas, debe argumentarse además que es urgente para mitigar la crisis de sequía que viven agricultores y usuarios domésticos, y que para ello “hay que hacer bola”.

Es decir, agregó Quiroga Álvarez, deben participar conjuntamente “todos los actores importantes del estado, legisladores federales y locales, alcaldes, los funcionarios de la Comapas de la frontera y los tres Distritos de Riego: 050, 025 y 026. ¡Todos contra Chihuahua!”.

El funcionario incluyó a las zonas urbanas en este conflicto, porque “las ciudades no se han dado cuenta de la gran amenaza que existe en cuanto a la disponibilidad de este suministro… que se queda en la parte alta, concretamente en Chihuahua”.

Insistió en que “la ley marca que debe haber una distribución equitativa del recurso agua” y no es aceptable que Chihuahua “se quede con el vital líquido, que pertenece a esta región de la entidad”.

El Secretario de Recursos Hidráulicos de Américo Villarreal destacó que la lucha por “recuperar” el agua se dará en todos los foros para que la autoridad federal, en específico el Presidente, “determine cuanto antes” las medidas necesarias para justicia a Tamaulipas.

Es una “tontería”, sostiene Chihuahua

Sin embargo, Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS), señaló que es falso que un porcentaje de las aguas de las presas Amistad y Falcón (el 54 por ciento) corresponda a Tamaulipas, como asegura el gobernador de esta entidad, aseveró que tal exigencia “carece de todo fundamento legal” y que, por ese motivo, es “una tontería”.

El funcionario chihuahuense consideró, además, que los agricultores de la región centro-sur de la entidad “están en todo su derecho” de hacer guardias en las presas para evitar que sus embalses envíen agua a Tamaulipas.

Por su parte, el diputado federal Salvador Alcántar, quien fuera presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego, y uno de los activistas a quienes el Gobierno Federal bloqueó sus cuentas bancarias en represalia por su participación en la defensa del agua de las presas en 2020, aseguró que se repite la historia de hace varios años.

Recordó que entonces la movilización se produjo cuando el gobierno empezó a enviar agua a EE. UU. con el argumento de que se debía cumplir con el Tratado Internacional de Aguas y Límites (TILA) de 1944, y que aquella “fue prosperando hasta alcanzar niveles que no deben ocurrir de nuevo en la región Centro-Sur de la entidad”.

Don Chava participó en una rueda de prensa en defensa de las presas del estado junto con Mata Carrasco y los alcaldes de Delicias y Saucillo, Jesús Valenciano y Aidé López de Anda, respectivamente, así como con representantes de los usuarios de riego de la región.

Reveló que, hasta hoy, él y su familia están sufriendo las consecuencias del conflicto de hace casi tres años, cuando la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) intervino sus cuentas y no tiene acceso a créditos en los bancos.

Denunció, además, que los funcionarios morenistas están siguiendo la misma estrategia mediática iniciada entonces para poner a la opinión pública en su contra. “Nos dicen que somos egoístas, que debemos compartir el agua, que es de todos los mexicanos. Siguen insistiendo y creando incertidumbre”.

Informó que el delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, ha enviado mensajes con este tipo de argumentos y el legislador señaló que “si siguen con esas exigencias, vamos a tener problemas. Hay que estar preparados para lo que venga”.

Alcántar explicó que Chihuahua está aportando agua normalmente al Tratado de Aguas con EE. UU. y no hay argumentos técnicos o jurídicos que obliguen a la entidad a abrir sus presas para que el agua corra a otras entidades. “Mientras esté el agua en esta cuenca, no vamos a permitir que se lleven una sola gota”, advirtió.

Pero el diputado local chihuahuense Benjamín Carrera, quien es economista y milita en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tomó partido por Tamaulipas con el argumento de que el TILA estipula la entrega del agua del río Conchos al caudal del río Bravo y que ese caudal, por tal motivo, no puede ser reivindicado como propio de los chihuahuenses.

El legislador morenista recordó que, en 2003, los expresidentes Vicente Fox (México) y George Bush (EE. UU.) acordaron la entrega de 396 millones de metros cúbicos anuales de agua del Conchos al país vecino, tratado que resultó desfavorable para Chihuahua.

En ese entonces, esta acción fue encubierta mediante la modernización física y técnica de los canales de los tres distritos de riego de la cuenca, que financió casi en su totalidad la Federación con apoyo del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y sin la participación del gobierno estadounidense.

“Por obvias razones, de este acuerdo no quieren ni hablar panistas y priistas”; porque mediante su ocultamiento, justifican su negación de agua a Tamaulipas y también recientes actitudes irregulares de los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), entre ellas concesiones y extracciones ilegales, inclusive la deforestación histórica de la Sierra Tarahumara.

En resumen, apuntó Carrera, detrás de la negativa de los campesinos y del gobierno de Chihuahua a compartir el agua con Tamaulipas, se hallan el acaparamiento, la sobreexplotación y el agotamiento de las fuentes de agua, así como las “traiciones priistas y panistas”.

AMLO metió cizaña

El periodista y analista político Luis Javier Valero Flores recordó que la “guerra del agua” en 2019- 2020 tuvo un origen similar al del conflicto en marcha, porque aquél se generó a partir de una irracional, ilegal e inexplicable medida dictada por el Gobierno Federal, preocupado por los avisos admonitorios del gobierno de los EE. UU.”.

Ante los reclamos de los agricultores texanos, AMLO respondió que “exigían el pago adelantado y por fuera de las normas del TILA, del agua de las presas, que están bajo las reglas del tratado de 1944”. Pero esa “premura” y el temor del gobierno morenista no fue el único factor que provocó esa crisis:

“Fue también el mentiroso manejo de la información realizado por diversas instancias y funcionarios federales, incluido el mismísimo Presidente, en el que usaron, en uno de sus episodios, el argumento de que los agricultores chihuahuenses debían ser ‘solidarios y compartirle el agua a nuestros hermanos de Tamaulipas’”.

Valero Flores señaló que este desatino presidencial le costó la gubernatura al partido Morena. “Se podría decir que… le costó a Morena la posibilidad de disputar la gubernatura de Chihuahua, pues una buena cantidad de electores (y no solo de la región centro-sur del estado) ante ello decidieron –o ratificaron– votar por la ahora gobernadora”.

El conflicto cubrió una muy extendida ola de descalificaciones procedentes de los círculos cercanos a Morena contra el Gobierno Federal (y sus seguidores), donde acentuaban que los beneficiarios de las aguas de las presas eran los “ricos latifundistas, productores de nogal, que se beneficiaban de las aguas del Conchos”. El analista recordó que eran los tiempos preelectorales de 2020, “cosa que, de manera natural, influyó evidentemente en el conflicto social”.

Sin embargo, Valero indicó que las acusaciones contra los productores “no tenían sustento... porque los usuarios de las presas son propietarios, en promedio, de alrededor de siete hectáreas y un buen número de ellos son propietarios de una o dos hectáreas” que, además, dependen de la dotación de agua de las presas.

En conclusión, ni el consumo de agua de los chihuahuenses es “excesivo”, ni su actitud “egoísta” es extrema como para “no querer compartir un bien universal como el agua”.