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Ante las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de instituciones religiosas como la cofradía de los jesuitas mexicanos y la Iglesia católica ‒quienes denuncian la fallida estrategia de seguridad del gobierno de la 4T‒, el analista político Aquiles Córdova Morán, advirtió que mediante estos ataques, el mandatario morenista está derribando los últimos puentes, dentro de los marcos de la ley, que podrían garantizar una solución pacífica y productiva para salir de la crisis en la que se encuentra sumido el país (en materia económica, de salud, de educación y seguridad), por lo que la última esperanza, dijo, es la lucha del pueblo organizado y consciente.
En su mensaje semanal, Córdova Morán dijo que el justo reclamo de las instituciones religiosas por la devolución de la paz y la tranquilidad del país mediante la reconstrucción del tejido social y que se ha roto o debilitado en varios puntos por la violencia incontenible, se ve intensificado por el cruel asesinato de los misioneros jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, en la comunidad rarámuri de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, el pasado 20 de junio y que se suma a los más de 100 mil asesinatos durante el sexenio de López Obrador.
Recordó que las instituciones religiosas ‒que públicamente han mostrado su preocupación por la seguridad de los mexicanos, no sólo a raíz de los recientes ataques‒ le imprimen una calidad nueva a esta denuncia “que se suma al clamor de la sociedad mexicana en demanda de garantías para su vida y sus bienes legítimos y paz social para el país, haciéndolo una fuerza moral con resonancia mundial”; denuncia que siempre se ha mantenido fiel a sus creencias y respetuosa con el presidente de la República, a quien, a través de llamados como las del sacerdote jesuita Javier Ávila y el Sistema Universitario Jesuita, han pedido que se revise su proyecto de seguridad pública, el cual muchos han señalado, está fracasando.
Sin embargo, éstas y más declaraciones similares ‒que en ningún caso faltan a la verdad ni manejan datos o hechos inventados con el fin de atacar al gobierno‒ con demandas y propuestas racionales y que merecían una respuesta de calidad equivalente, racional y fundada en cifras confiables, fueron respondidas con la soberbia e irracionalidad de López Obrador a través de toscos y groseros insultos, acusando falsamente a estas instituciones religiosas de “hipócritas” por no denunciar estos hechos en administraciones pasadas y supuestamente querer resolver los problemas con violencia.
El también dirigente del Movimiento Antorchista, afirmó que las acusaciones del presidente formuladas con el hígado y que ignoran las verdaderas intenciones de las instituciones fueron hechas con furia, saña y arbitrariedad lógica que no se había visto con los enemigos de la 4T, con lo cual “llevó a un nivel no visto hasta ahora su falta de honradez intelectual, su imprudencia y su carencia absoluta del sentido de las proporciones”, que se niega a ver la descomposición que actualmente ocurre en la economía, la salud, educación y la seguridad, plasmada en los terribles hechos como el ocurrido en un tráiler convertido en hornaza en San Antonio Texas, y la ola migratoria, formada por una mayoría de mexicanos que huyen del paraíso de los abrazos en vez de balazos, además de la ingobernabilidad señalada en el hecho de que el crimen organizado domina el 40 por ciento del territorio nacional, según autoridades norteamericanas.
Por último, el líder antorchista reconoció que una institución como la Iglesia católica ‒tan influyente y que posee una sabiduría de milenios‒ no permitirá que la saquen de sus propios marcos con palabras y acusaciones necias; sin embargo, advirtió, tal ruptura representa el derribamiento de los últimos puentes que podrían garantizar una solución pacífica y productiva para salir de la crisis en que se encuentra sumido México, por lo que la única solución está en la lucha del pueblo organizado y consciente. Misma que debe hacerse y reaccionar con valor e inteligencia ante su destino histórico.
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Sería un mecanismo para inhibir, para perseguir y con la posibilidad de que se haga uso de un “garrote” ahora legalizado. Hasta ahora la gente que era señalada podía acudir a un juez, ampararse y reclamar legalmente.
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Escrito por Redacción