• ¿Hay estrategia en la Unidad Financiera de la SHCP de AMLO? Responde Jorge Alberto Lara Rivera del INACIPE

Francis Martínez

“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que hacer un trabajo de manera discreta, tiene que hacer un trabajo de bajo perfil, de ninguna manera tiene facultades ni de Ministerio Público, ni de policía, es una entidad administrativa que recibe información muy importante y delicada, una información sensible y como todos sabemos obliga, legal y éticamente a quienes la poseen a tener un desempeño apegado estrictamente a derecho, cuando se manifiesta”, aseguró Jorge Alberto Lara Rivera, ex sub procurador de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista en el espacio informativo Agencia Central de Noticias que conduce Francis Martínez, en el 1530 de AM, de Radiorama Valle de México,  destacó que el desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto, tiene que operar con la mayor discreción  y no utilizar el cargo con una intencionalidad política.

Al realizar un análisis de casos como el del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, en el cual afirma que existió un manejo inadecuado de las medidas, con filtraciones, y con información incompleta, se generó una circunstancia a toda luz injusta, irregular. Este caso es similar a lo ocurrido con el titular de la Comisión Federal de Competencia, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya en la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Secretaría de la Función Pública, Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera abrieran una investigación en su contra por un supuesto conflicto de interés con dos familiares de su esposa.

 “Lo más saludable seria que retome su desempeño discreto, así son todas las Unidades de inteligencia de todo el mundo, precisamente la característica de discreción, inteligencia, porque ni hablar que tienen información de todos nosotros, financiera, bancaria y eso les da obviamente una responsabilidad muy grave, el de no usar la información de manera incompleta, tergiversada o con algún tipo de intencionalidad política como pudo haber sido el caso” indica sobre las investigaciones hacia el ex candidato por la probable comisión de delito de lavado de dinero, mismo del que fue exonerado en diciembre.

El también académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) destacó que al tener en sus manos la estrategia anti lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con información de primera mano para sus investigaciones, pero debe acotar su actuación a la legalidad.

“Esta información es altamente sensible, es muy fácil destruir reputaciones y la honra de las personas inocentes hasta que en un procedimiento de audiencias se demuestre lo contrario y entonces, esto genera una responsabilidad muy importante para que no se haga mal uso. Hay que hacer votos por que Unidad se conduzca no sólo en los límites de la legalidad, sino del propio decoro que se amerita”, indicó el también consultor del Nuevo justicia penal, prevención de lavado de dinero y legalidad financiera.

Caso CRE saca a relucir posible uso político de la Unidad de Inteligencia

“En efecto es muy delicado y lamentable el episodio, hay que estar atentos para que esto no vuelva a ocurrir porque con información a medias, insisto, se ponen en riesgo muchos elementos de las personas, familias, su bienestar, su seguridad, no se vale que por una discrepancia política y sobre todo teniendo todo el aparato del Estado de una manera se diga otra cosa y luego al poco tiempo, como dice el dicho, se avienta la piedra y se esconda la mano” señaló el académico del INACIPE.

Alberto Lara Rivera destacó que la administración del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe considerar la dimensión de daño a la institucionalidad de su gobierno por el caso CRE.

“Habría que reparar lo que se hizo mal porque además en este tipo de casos lo que hacen es terminar afectando a la institución ¿por qué? porque se empaña el debido proceso. Los casos judiciales se caen definitiva y fatalmente. Entonces por la propia eficacia de las instituciones y por rigor ético, hay que corregir y en la medida de lo posible reparar el daño que ya se efectuó”.

¿Cómo va AMLO contra el lavado de dinero?

Las autoridades en esta materia son diversas, tienen distintas responsabilidades, pero es la Unidad de Inteligencia Financiera la autoridad más relevante para efecto del análisis de la información financiera que es muy complicada, muy profunda, tiene elementos técnicos de alta complejidad, por eso depende de la Secretaría de Hacienda, indica el  ex funcionario que ha ocupado cargos de alto nivel en el gobierno federal, entre ellos como encargado de Despacho de la PGR, titular de la Sub procuraduría jurídica, asuntos internacionales y director general de la misma dependencia.

“El problema del lavado de dinero o como en términos técnicamente se le conoce operaciones de procedencia ilícita, es uno de los principales problemas y retos que tiene nuestro país, puesto que todos los criminales realizan sus actividades ilícitas por el interés económico; ellos no hacen esto con ningún otro interés: ni por ideología, ni por motivación política, sino es el negocio por el negocio, no importa a quien lastimen, no importa que intereses dañen, no importa que incluso se pierdan vidas, lo que se busca es un interés económico y derivado de esto, México padece niveles muy importantes de delito de cuello blanco que involucran a sectores financieros, a sectores económicos, comerciales, inmobiliarios y obviamente las autoridades  tienen que redoblar esfuerzos”.

¿Cuál es la perspectiva de las autoridades de este nuevo gobierno? Se le cuestionó. El académico celebra que la actual administración ponga en el centro precisamente de sus planes y estrategias, el combate al delito de cuello blanco o el lavado de dinero, el robo de hidrocarburos y otros delitos, en donde hasta el momento la Marina ha reportado cinco embarcaciones con hidrocarburo robado, de los cuales existen 17 detenidos; sin embargo, 2 de dichas embarcaciones fueron liberadas al comprobarse que transportaban bienes perecederos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó 175 personas detenidas, además de la consignación de 104 personas en prisión (es decir, bajo disposición del tribunal, al vinculárseles a proceso), de las 1,700 carpetas de investigación dadas a conocer hasta el mes de marzo.