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Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que reconoce los derechos patrimoniales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma se someterá a los congresos estatales.
La semana pasada, los diputados federales votaron a favor de la reforma. Si los legislativos estatales la aprueban, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría promulgarla en los próximos días.
La reforma promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos. Además, fortalece el "derecho a la libre determinación" de las comunidades, permitiendo definir "sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas".
El texto también contempla la aplicación y desarrollo de sistemas normativos, así como la jurisdicción indígena para proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Se busca el respeto a los métodos de medicina tradicional y la protección de santuarios y recintos sagrados. Asimismo, se incluirá a indígenas y afrodescendientes en censos y encuestas.
Cabe destacar que alrededor de 23 millones de mexicanos, de una población de 126 millones, se identifican como indígenas, mientras que los que se definen como afromexicanos suman 1.3 millones. Algunas comunidades han logrado reconocimiento de sus formas de gobierno y derechos sobre sus territorios, basándose en leyes y costumbres autónomas.
A pesar de ser la peor evaluada de la terna, la mayoría calificada del Senado votó por ella.
El dictamen también señala que queda prohibida “la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades” mencionadas en el artículo 4.
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En 2024 pagó 13.9 millones de pesos a dos empresas; en 2025 destinó 20 millones a una sola firma.
Lo más preocupante es que ahora será mucho más fácil para la Presidenta lograr la aprobación de las propuestas de modificación a la Constitución.
La nueva reforma establecer que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará todas las fuentes de energía de las que dispone la nación.
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Elimina el requisito de convocar con un día de anticipación a las comisiones en sesiones extraordinarias.
También planteó establece la facultad del Senado de citar a comparecer al fiscal de la entidad, en caso de que el informe que se presente contenga irregularidades.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera