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Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que reconoce los derechos patrimoniales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma se someterá a los congresos estatales.
La semana pasada, los diputados federales votaron a favor de la reforma. Si los legislativos estatales la aprueban, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría promulgarla en los próximos días.
La reforma promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos. Además, fortalece el "derecho a la libre determinación" de las comunidades, permitiendo definir "sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas".
El texto también contempla la aplicación y desarrollo de sistemas normativos, así como la jurisdicción indígena para proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Se busca el respeto a los métodos de medicina tradicional y la protección de santuarios y recintos sagrados. Asimismo, se incluirá a indígenas y afrodescendientes en censos y encuestas.
Cabe destacar que alrededor de 23 millones de mexicanos, de una población de 126 millones, se identifican como indígenas, mientras que los que se definen como afromexicanos suman 1.3 millones. Algunas comunidades han logrado reconocimiento de sus formas de gobierno y derechos sobre sus territorios, basándose en leyes y costumbres autónomas.
En 2024 pagó 13.9 millones de pesos a dos empresas; en 2025 destinó 20 millones a una sola firma.
También planteó establece la facultad del Senado de citar a comparecer al fiscal de la entidad, en caso de que el informe que se presente contenga irregularidades.
Las madres buscadoras clausuraron simbólicamente la entrada principal del Senado para reclamar la falta de compromiso con los familiares de desaparecidos.
La convocatoria establece las bases para la elección de un total de 881 cargos.
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Con 94 votos a favor y 34 en contra, lo que permitió obtener la mayoría calificada necesaria para hacer un cambio a la Constitución.
La protesta en el Senado de la República busca exigir a los legisladores que establezcan un diálogo y frenen la votación del dictamen.
Las reformas, que se discutirán antes de la elección del 1 de junio de 2025.
Los legisladores del bloque opositor protestaron para frenar el avance de la reforma, que establece que serán improcedentes el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad contra cambios o adiciones a la Carta Magna.
La iniciativa otorga amplios poderes a una agencia de transformación digital para censurar o cerrar plataformas digitales y cancelar concesiones de medios electrónicos.
Las modificaciones que plantea la reforma afectan 14 artículos constitucionales que establecen que las funciones de estos entes autónomos
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Oposición exigía la creación de una Comisión Especial por el caso de los desaparecidos en el Rancho Izaguirre.
La sesión se reanudó con reclamos y discursos de ambas partes.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera