Las movilizaciones son para exigir mayor seguridad, transporte accesible e inversión en infraestructura educativa.
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El día de hoy, viernes 13 de agosto, organizaciones civiles de diversas regiones de Chiapas marcharon en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo el fin de la violencia provocada por el crimen organizado.
Convocados por las diócesis de Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula, habitantes de diferentes municipios de la Sierra, los Altos y la región metropolitana se reunieron a las 10:00 horas en el oriente de la capital chiapaneca. A la movilización se unieron iglesias cristianas; así como familias desplazadas y víctimas, quienes partieron desde el Santuario San Juan Pablo Segundo hasta la Catedral de San Marcos, ubicada en el corazón de la ciudad.
Vestidos de blanco y con trajes de los pueblos originarios; además, con pancartas en mano promoviendo la paz y otras demandas sociales, las personas marcharon aproximadamente cinco kilómetros por la principal arteria de la ciudad hasta llegar a la Catedral, donde pidieron, tanto a las autoridades federales como estatales, detener la violencia que aqueja a los pobladores chiapanecos.
Finalmente, los oradores hicieron un llamado a la unificación y movilización por la paz "ya es momento de decir basta a las divisiones, descalificaciones religiosas y políticas; debemos unirnos como pueblo, la paz debe ser nuestro lazo común".
Las movilizaciones son para exigir mayor seguridad, transporte accesible e inversión en infraestructura educativa.
Los índices de feminicidio y violencia familiar se han reducido muy poco y los especialistas afirman que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG), instalada en 2016 en siete municipios de Chiapas, no ha rendido los efectos esperados.
En municipios indígenas más del 75 por ciento de los nacimientos son atendidos por parteras.
Vecinos y padres de familia denuncian irregularidades en la detención del profesor Raúl Orión Jiménez y piden intervención urgente del gobierno estatal.
La conversación se centró en los esfuerzos conjuntos para avanzar hacia la paz y en la coordinación de posiciones sobre la seguridad regional.
Desde hace 33 años, 108 familias indígenas vienen luchando para que los gobiernos Federal y estatal otorguen certeza jurídica a las tierras que habitan, cultivan y denominaron Altamira La Providencia; ubicada a 350 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
Desde el inicio de la ofensiva militar se han registrado al menos 220 menores de edad muertos, además de miles de niños heridos.
La iniciativa contempla un cese inmediato de las hostilidades y el compromiso de “realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto”.
Entre las demandas destacan la seguridad, construcción y equipamiento de aulas; así como basificaciones.
Aulas precarias construidas con madera o cartón; pisos de tierra, mobiliario deteriorado; sin servicios básicos como luz, agua o drenaje.
La protesta denominada “137 Acción Global por Ayotzinapa y México” partió del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez; autoridades reportaron además ocho concentraciones y otras actividades en la capital.
Claudia Sheinbaum Pardo presumió hace unos días que ya se habían aplicado un millón de vacunas contra el sarampión en Chiapas; aún así, el avance de esta epidemia tiene todavía en alerta a la población.
Durante el año 2025 se levantaron 460 reportes de menores desaparecidos, el 16 por ciento de las fichas de búsqueda siguen activas.
La movilización ocurrirá un día después de la suspensión total del servicio en la Línea A por una falla eléctrica.
Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
Escrito por Ricardo López
Colaborador