Autoridades recorrerán los 365 mercados de la capital para impedir la venta de pirotecnia y promover medidas de prevención ante incendios y accidentes.
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El Zócalo de la Ciudad de México permaneció libre sólo 24 horas tras el retiro del plantón magisterial que ocupó la plancha durante 23 días, ya que estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, tomaron la Plaza de la Constitución para exigir justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado 15 de mayo.
Los normalistas instalaron una carpa improvisada con bolsas de nylon frente a Palacio Nacional y afirmaron que, tras 10 días en la Ciudad de México, ninguna autoridad federal ha dado respuesta a su demanda.
Los estudiantes reclaman una investigación clara y completa del asesinato de Jesús N., que incluya los hechos relacionados con una persecución policial durante una manifestación. También solicitan una reunión con representantes del Gobierno Federal para dar seguimiento al caso.
Señalaron que han recurrido a bloqueos y movilizaciones durante 10 días; sin embargo, aún no reciben atención por parte del Ejecutivo. Relataron que el traslado desde la Plaza de Santo Domingo, donde acamparon durante cuatro días, hasta el Zócalo, tomó cerca de dos horas, a pesar de tratarse de pocas cuadras. Señalaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidieron el paso y retrasaron su avance.
Agregaron que parte del grupo permanece en Chiapas, con la intención de reforzar la presión y exigir una respuesta clara. Advirtieron que no se retirarán del Zócalo hasta concretar un encuentro con autoridades federales.
Autoridades recorrerán los 365 mercados de la capital para impedir la venta de pirotecnia y promover medidas de prevención ante incendios y accidentes.
Exigen que se les permita trabajar en la demarcación.
Demandan seguridad, mantenimiento a las instalaciones y apoyo psicológico.
El órgano de transparencia ordena a la alcaldía, encabezada por Lourdes Paz, revelar el objetivo, costo, impacto ambiental y destino de los recursos de la nueva Utopía; la ciudadanía tiene derecho a saber si será un espacio público o concesionado.
Las obras tuvieron un costo de 37 mil millones de pesos.
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La agresora es denunciada por lesiones dolosas, robo, amenazas, violencia de género y las autoridades por omisión de auxilio y discriminación.
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En esta ocasión, la jornada se realizó en el predio Ecoguardas, a fin de localizar a personas desaparecidas e identificar patrones y áreas de concentración de casos.
La capital del país registra 54 mil 473 delitos por cada 100 mil habitantes.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera