De 16 mil 538 a 18 mil 548 pasó el número de delitos en la capital de enero a marzo pasados.
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Un ataque armado dejó tres personas muertas en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en la 12 poniente, entre la cuarta y quinta norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles al filo del mediodía. Un hombre encapuchado bajó de un taxi con número económico 5102, color amarillo, y atacó a uno de los trabajadores en las instalaciones de la CFE en "El Magueyito". Al percatarse de la situación, un policía intentó repeler la agresión. El delincuente abrió fuego contra ella, su objetivo y un trabajador más que se encontraba en el lugar.
Al lugar arribaron elementos de la policía estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ubicaron los cuerpos de Lilia Lucía, de 33 años, policía auxiliar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), y de dos empleados más, identificados como Manuel “N” y José Alberto “N”, todos con impactos de bala.
Las primeras indagatorias apuntaron a que el móvil del atentado se debió a un corte de energía eléctrica a un usuario. Sin embargo, no se precisaron los datos sobre el domicilio o la colonia de la capital chiapaneca. Esta información se filtró a través de la Superintendencia Regional de CFE de Oaxaca y circuló en redes sociales.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, se limitó a informar que ya inició las investigaciones correspondientes contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos tras este ataque armado en la ciudad.
De 16 mil 538 a 18 mil 548 pasó el número de delitos en la capital de enero a marzo pasados.
El Ajusco ha sido escenario de múltiples desapariciones y hallazgos de cuerpos sin vida, lo que ha generado una gran preocupación entre los residentes y visitantes.
El informe marcó tres lustros de medición continua sobre el tamaño real de la inseguridad en el país.
Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales.
En el primer trienio de Berenice Hernández (2022-2024) en Tláhuac, la incidencia delictiva aumentó 20 por ciento respecto al mismo año de su antecesor Raymundo Martínez.
Chiapas, Durango, Nayarit, Guerrero y Baja California son las entidades con más nacimientos de todo el país.
Exigen regularización de su estatus migratorio, aseguran que llevan años sin respuesta.
Las víctimas de desplazamiento aseguran que sufrieron amenazas y extorsiones.
En Sinaloa, por segundo año consecutivo, cancelan festejos patrios.
Fenómenos climáticos y tensiones con Estados Unidos también presionarán el desarrollo económico.
Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
Se presume que el Defensor de Derechos Humanos de Chiapas se quedaba con el 63 por ciento del salario de un empleado, a quien corrieron por denunciar el hecho.
Reportan más de dos mil heridos y por lo menos 800 muertos; las labores de rescate y la asistencia médica a los afectados continúan.
Chiapas se sumó a otras entidades del país que han legislado sobre este tema, entre ellas la Ciudad de México, Aguascalientes, SLP y Tabasco, entre otras.
Los jóvenes organizarán una jornada cultural con calenda y cuadros artísticos para exigir seguridad en sus albergues estudiantiles y que se respete su derecho a la educación.
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Escrito por Ricardo López
Colaborador