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Pegasus, Galileo y otros programas espía vulneran la seguridad en México
Periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, empresas y entidades gubernamentales mexicanas se han visto comprometidas por el uso de programas espía como Pegasus.
Periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, empresas y entidades gubernamentales mexicanas se han visto comprometidas por el uso de programas espía como Pegasus, Galileo y FinFisher, informó la organización Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en su análisis titulado "El Estado de la Vigilancia 2025".
En el informe, la organización reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Petróleos Mexicanos han sido usuarios de estos programas.
Además, diversas procuradurías estatales han adquirido sistemas como Galileo de Hacking Team, con una inversión superior a los 5.8 millones de euros, lo que equivale a más de 100 millones de pesos, entre ellos Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, y otros estados, junto con agencias federales.
De acuerdo con el reporte, el programa Pegasus se utilizó en el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo operativo en el mandato de Enrique Peña Nieto. A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de erradicar el uso de esta herramienta de espionaje, investigaciones revelan que durante su gobierno también se mantuvo activo, con víctimas como el periodista Ricardo Raphael y el defensor Raymundo Ramos.
Además, la organización R3D identificó que, entre 2016 y 2019, el 57.3 por ciento de las solicitudes de intervención de comunicaciones se realizaron sin supervisión judicial. A su vez, la Fiscalía General de la República ha obstruido investigaciones sobre el uso ilegal de programas espía, lo que ha dejado a muchas víctimas sin justicia.
A estos programas, la organización sumó el uso de tecnologías como las antenas falsas (IMSI catchers), que simulan ser torres de telefonía para interceptar llamadas y mensajes, utilizadas por varias procuradurías estatales, sin ningún marco legal que regule su uso.
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