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Periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, empresas y entidades gubernamentales mexicanas se han visto comprometidas por el uso de programas espía como Pegasus, Galileo y FinFisher, informó la organización Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en su análisis titulado "El Estado de la Vigilancia 2025".
En el informe, la organización reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Petróleos Mexicanos han sido usuarios de estos programas.
Además, diversas procuradurías estatales han adquirido sistemas como Galileo de Hacking Team, con una inversión superior a los 5.8 millones de euros, lo que equivale a más de 100 millones de pesos, entre ellos Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, y otros estados, junto con agencias federales.
De acuerdo con el reporte, el programa Pegasus se utilizó en el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo operativo en el mandato de Enrique Peña Nieto. A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de erradicar el uso de esta herramienta de espionaje, investigaciones revelan que durante su gobierno también se mantuvo activo, con víctimas como el periodista Ricardo Raphael y el defensor Raymundo Ramos.
Además, la organización R3D identificó que, entre 2016 y 2019, el 57.3 por ciento de las solicitudes de intervención de comunicaciones se realizaron sin supervisión judicial. A su vez, la Fiscalía General de la República ha obstruido investigaciones sobre el uso ilegal de programas espía, lo que ha dejado a muchas víctimas sin justicia.
A estos programas, la organización sumó el uso de tecnologías como las antenas falsas (IMSI catchers), que simulan ser torres de telefonía para interceptar llamadas y mensajes, utilizadas por varias procuradurías estatales, sin ningún marco legal que regule su uso.
El ex funcionario del gobierno podría pasar entre 20 años de prisión y cadena perpetua por su participación continua en una empresa criminal.
Tras las políticas implementadas por la actual administración, la frontera entre México y Estados Unidos es la más riesgosa, señaló la Organización Internacional para las Migraciones.
De acuerdo con la organización Causa en Común, en México se comete un homicidio múltiple o masacre cada 19 horas.
Tras el terremoto de 7.7 grados del pasado 19 de septiembre, que mató a cinco personas y dañó severamente casas, escuelas, hospitales, iglesias y carreteras, ni los gobiernos federal ni estatal han otorgado presupuesto para resolver los deterioros.
El asesinato del subdirector de Global México ocurrió la noche del viernes pasado, cuando se encontraba en la parroquia de San Antonio cuando hombres armados lo atacaron.
Tenía previsto participar el 24 de agosto en la Conferencia de Acción Política Conservadora en la capital del país.
Sólo entre el 2 y 3 por ciento de los indocumentados considera regresar a su país de origen.
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Tras los hechos del dos de octubre de 1968, los jóvenes siguen perdiendo la vida debido a la violencia e inseguridad en México, y hay muchos ejemplos de ello.
Sólo 43 por ciento de los hogares en el país dispone de computadoras.
En una década se han cometido más de siete mil feminicidios en todo el país.
Los homicidios se han incrementado en el gobierno de la 4T, a tal grado, que ya rebasaron las 150 mil víctimas. El reporte sobre incidencia delictiva del ONC advierte que las cinco entidades más violentas del país están gobernadas por Morena.
Los Complejos Regionales mantendrán las actividades de manera presencial.
La lucha podría prolongarse hasta que los manifestantes reciban una compensación por el tiempo de servicio que han ofrecido.
No se logró nada con cerrar los ductos del combustible ni sirvió de freno la compra de pipas para distribuirlo en todo el país; la sustracción ilegal de hidrocarburos creció hasta llegar a miles de barriles diarios y pérdidas sufridas por Pemex.
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.