El 15 de noviembre fue entregado el paquete económico para el ejercicio fiscal 2025 del Gobierno Federal al Congreso de la Unión, que incluye la Ley de Ingresos (LI) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La diferencia entre ambos documentos consiste en que el primero propone una iniciativa legal para que el gobierno obtenga recursos financieros mediante los impuestos y el PEF explica cómo y en qué gastarlos; además el estudio, discusión y aprobación de la LI corresponde tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores; y la aprobación del PEF, que no es ley, depende exclusivamente de la Cámara de Diputados, donde basta la mayoría simple, es decir, al menos 251 diputados para ejercerla. Es por ello que (Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) ya aprobaron todo lo enviado desde Palacio Nacional sin “cambiarle una coma”; con lo que han convertido a la Cámara de Diputados en una simple oficialía de partes. Por ello, esta inmadura, sumisa e irreflexiva actitud provoca que la gente pobre esté cada vez más desprotegida y se conforme con el dinero que le llega mediante las tarjetas del bienestar, si es que ha logrado obtenerla.

¿Cuál es el panorama económico que enfrentarán los mexicanos y sus organizaciones sociales en 2025? En principio, la perspectiva de crecimiento económico del gobierno morenista resulta optimista; al igual que la relación peso-dólar y la tasa de la inflación. Veamos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera que la economía crezca entre el dos y el tres por ciento que, a juicio de muchos analistas, es demasiado optimista porque carece de sustento, pues la inversión pública se concentra en dar dinero a la gente para fomentar el consumo (keynesianismo), en las megaobras y ahora también en los trenes. Tampoco se garantiza que la inflación baje de casi el cinco al 3.3 por ciento y que crezcan los niveles de empleo porque supuestamente habrá un alza significativa de la inversión privada. La más reciente calificación de la deuda soberana fue negativa debido al “debilitamiento del marco institucional y la formulación de políticas que pueden socavar los resultados fiscales y económicos”. Desde la perspectiva de esta agencia calificadora “la mayor rigidez del gasto público y el deterioro de la asequibilidad de la deuda dificultan la consolidación fiscal tras el aumento del déficit público de este año”. (El Financiero, 14 noviembre 2024).

En su análisis sobre el PEF 2025, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, asegura que la recaudación fiscal de 2025, apoyada en los indicadores macroeconómicos sólidos, será de ocho billones 55 mil 649.3 millones de pesos (mdp), cifra 5.4 por ciento mayor a la de este año gracias al incremento en la tributación de los ingresos individuales y los empresariales. Pero el presupuesto de ingresos del Sector Público se estima en 9.3 billones de pesos (bdp), en cuyo monto se incluyen 1.1 billones de ingresos petroleros y 6.9 mdp de ingresos no petroleros. En el desglose del proyecto de la Ley de Ingresos se estima que 5.3 bdp, equivalentes al 77 por ciento de los ingresos no petroleros, provendrán de los tributarios individuales. Es decir, los mayores niveles de recaudación proceden del pueblo, al que están sacándole hasta la última gota de sangre con el cobro de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y, entre otros, el Especial a Productos y Servicios (IEPS), aplicados en la compra de mercancías, combustible y arrendamiento de inmuebles.

Entonces, para reducir su déficit presupuestal y si no recurre a un mayor endeudamiento, el Gobierno Federal aplicará más impuestos, como fue anunciado por el Secretario de Hacienda en el caso de las plataformas digitales; aunque omitió que tales empresas trasladarán esa carga fiscal a los consumidores que deberán pagar los “platos rotos”, como suelen hacer los empresarios, en particular los poseedores de compañías monopólicas. En los Criterios Generales de Política Económica 2025, el gobierno define que “el Ejecutivo estima que la recaudación de los ingresos será mayor en términos reales al previsto para 2024, en tanto que el Gasto propuesto es menor en 179.4 mil mdp de 2025, que sería equivalente a una reducción real de 1.9 por ciento respecto al aprobado en 2024”. A este dato se refieren precisamente los analistas cuando afirman que será un gasto austero; aunque no precisan que una cuarta parte del presupuesto de egresos se destina al pago de intereses de la deuda, y casi la mitad a los programas sociales y otros gastos.

La mayoría de los analistas coincide en que los rubros fundamentales de un Estado responsable provienen de la seguridad pública, salud, educación y cultura; pero en el proyecto del PEF 2025, el gasto público de todos estos aspectos será reducido. Por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se le quitarán más de cinco mil mdp; y aunque al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se le aumentará el presupuesto con 9.17 por ciento, este incremento no se destinará a mejorar los servicios médicos, sino a elevar las pensiones laborales que, en total, aumentarán 13.48 por ciento. El gasto total en pensiones del bienestar representará un alza de 22 por ciento, ya que absorberán dos de los nueve bdp del PEF 2025, según deducciones de Jonathan Ruiz de la Torre, columnista de El Financiero (16 noviembre 2024) y comentarista de Radio Fórmula. Por ello, escribimos líneas arriba, los morenistas se obstinan en fomentar el consumo al estilo keynesiano. Pero si el sector productivo no responde adecuadamente a esta capacidad de compra, primero se producirá un desequilibrio en la economía y luego una crisis. Y si Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos (EE. UU.), cumple su amenaza de incrementar los aranceles a los productos de exportación y sanciona a China desde México, entonces al pueblo, aunque tenga dinero en sus tarjetas, no le irá nada bien, pues la inflación será mayor a la prevista.

En resumen: los presupuestos de Ingresos y Egresos no son nada realistas; el primero tiene menos asideros con los cuales garantizar el gasto público y el PEF resulta nuevamente electorero. Si gastas más de lo que ingresas, o te endeudas o recortas, no tendrás dinero para agua potable, drenaje, mejorar tu vivienda, llevar a tus hijos al centro de salud y garantizar su educación; para pagar cuotas de seguridad y de tránsito en las carreteras de cobro; pero sí podrás usar tus tarjetas del bienestar en las grandes tiendas de autoservicio para que sus dueños ganen dinero a manos llenas y aumenten la capacidad instalada de sus emporios comerciales e industriales. Así las cosas: en México falta un presupuesto que estimule realmente el desarrollo económico e integral, y un gobierno que no se gane a la gente a base de tarjetazos del bienestar.