El dinero que el Gobierno Federal recauda por concepto de impuestos y derechos no es de su propiedad, sino de los mexicanos, por lo que debe ser distribuido equitativamente entre estados y municipios, cuyos responsables, a su vez, tienen que hacerlo llegar a los ciudadanos mediante obras y servicios públicos. Cada año, el Gobierno Federal calcula ese dinero en una herramienta principal que integra en dos proyectos: uno de ingresos y otro de egresos. En este último, la Federación asigna los recursos a los sectores de la economía que más lo necesitan y, como ocurre hoy con la pandemia del Covid-19, debería destinarlos a atacar y superar lo más rápido posible sus efectos, tanto sanitarios como socioeconómicos.

Este objetivo, sin embargo, no está a la vista en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021, razón por la que resulta preocupante que el dinero destinado a la inversión pública sea mínimo y que las partidas de gasto asignadas a estados y municipios disminuya. Este hecho indica que habrá poca inversión, poco empleo y que los ingresos de las familias se estancarán, en el mejor de los casos y, en el peor, se reducirán.

Los ingresos del Gobierno Federal se componen de dos grandes agregados: petroleros y no petroleros. Los petroleros provienen del cobro de los impuestos, derechos y aprovechamientos de este bien. Los no petroleros se clasifican en: tributarios y no tributarios; entre los primeros destacan los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS). Los no tributarios provienen del cobro de un servicio público (como los derechos), del uso de productos públicos y de la aplicación de multas, recargos, etcétera.

La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021 estima que el gobierno recibirá seis mil 295 millones de pesos (mdp), de los cuales, el 12 por ciento provendrá de la contratación de deuda y los demás de estas fuentes: el 63.8 por ciento de los tributarios; el 16.9 por ciento de los no tributarios; el 3.7 por ciento de los organismos y empresas del Estado: los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin contar a Petróleos Mexicanos (Pemex), que aporta el 15.6 por ciento.

En la LIF 2021, los ingresos tributarios son sustanciales, por lo que es importante saber qué tanto aporta cada uno. El ISR contribuirá con el 34.5 por ciento; el IVA, el 17.7 por ciento y el IEPS, el 2.9 por ciento, aplicado principalmente a gasolinas y diésel. Es decir, gran parte de los ingresos del Gobierno Federal provienen tanto del ISR como del IVA, pues el primero grava los ingresos laborales de los contribuyentes y el segundo, la producción y el consumo de bienes.

Los ingresos del gobierno en 2021, es decir los seis mil millones 295 mdp, se distribuirán a través del PEF, el cual será 0.3 por ciento menor al de 2020 y se dividirá en dos grandes vertientes: gasto programable y no programable. El primero estará destinado a proveer bienes y servicios, programas sociales y la operación de las instituciones gubernamentales. El gasto no programable se transferirá a estados y municipios, el pago de la deuda financiera, de la deuda de ejercicios fiscales anteriores y comisiones, saneamiento financiero y apoyo a ahorradores y deudores de la banca. El gasto programable de 2021 representa el 73.4 por ciento y el no programable el 26.6 por ciento del total de los egresos.

La mayor parte del PEF 2021 será ejercida directamente por el Gobierno Federal, o sea el 73.4 por ciento (cuatro mil 618 mdp), de los cuales el 27.5 por ciento será destinado a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (3.1 por ciento más con respecto a 2020) implementadas por el Presidente de la República; mientras que la inversión pública será de apenas el 6.8 por ciento y las participaciones a entidades federativas y municipios disminuirán el 6.4 por ciento. Es decir, los estados y municipios tendrán menos presupuesto para obras y servicios.

Es un error destinar el 27.5 por ciento del PEF 2021 a programas sociales, cuyos apoyos son de entrega directa, no porque no ayuden a quienes lo reciben, sino porque su impacto es mínimo en la recuperación económica. Por ello, para enfrentar la actual crisis sanitaria y económica, los expertos en economía proponen una política “contracíclica”, que exige al gobierno invertir en proyectos productivos que generen empleos y consumo de los bienes más necesarios. Sin embargo, por los datos arriba revisados, el gobierno morenista prefiere exactamente lo contrario y no parece importarle que en el tercer trimestre de este año el crecimiento económico haya sumado seis veces consecutivas a la baja.

Es urgente hacer algo, y la mejor oportunidad la da precisamente el PEF 2021, al que urge aplicar un criterio científico para distribuir el gasto de manera eficiente y equitativa, y no con base en la supuesta “bondad cristiana” del Presidente de la República.