La represión del Estado moderno contra la sociedad civil organizada es una constante, independientemente del partido en el poder, aun si éste gobierna en el país más democrático del mundo. Esto es así porque el Estado es producto de la sociedad dividida en clases y porque, como explica Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, es “un aparato especial para el empleo sistemático de la fuerza y el sometimiento del pueblo por la fuerza” al servicio de los intereses de la clase en el poder. Es decir, a lo largo de su existencia histórica moderna, el papel del Estado siempre ha sido el de represor, aun cuando no haya ejercido la violencia en forma directa.

Por eso es importante recordar que desde que el Estado moderno surgió en México en 1917, la represión contra los movimientos sociales ha sido consustancial a sus funciones de gobierno y que algunas de sus acciones represivas han sido ejecutadas por la vía legal y otras por la ilegal. Hay que resaltar que nuestra historia ha estado marcada por ambos tipos de violencia estatal y que las de este tipo han sido muchas, pero que las más peligrosas han sido las legales.

Por ejemplo, en los gobiernos posteriores al del expresidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), los grupos disidentes más perseguidos y arrestados ilegalmente fueron los cristeros y los comunistas. El Estado callista no les presentaba cargos y los deportaba, sin más preámbulo, a las Islas Marías, que por entonces eran sede de una colonia penal muy conocida. La represión del Estado al margen de la legalidad tenía como fin la conservación del poder político mediante el uso de la fuerza pública.

Pero tales prácticas ilegales contra los opositores del régimen muy pronto tuvieron un refuerzo legal. Esto sucedió con la creación del Artículo 145° bis del Código Penal, promulgado por el presidente Manuel Ávila Camacho, en la década de los cuarenta (1940-1946). Este Artículo castigaba el delito de “disolución social”, concebido en un principio para prevenir el avance del fascismo en México frente el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); pero, en los hechos, fue utilizado para coartar y criminalizar las protestas sociales, en especial las organizadas por los comunistas.

No por otra razón, el movimiento estudiantil de 1968 exigió la supresión de este Artículo, debido a que varios de sus participantes habían sido aprehendidos con el pretexto de causar disturbios sociales. Finalmente, las protestas estudiantiles lograron su objetivo y el delito de “disolución social” fue eliminado del Código Penal. Sin embargo, la violenta represión estatal sigue presente en el país, aunque en forma velada, es decir ilegal.

En este primer año y medio del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los mexicanos hemos sido testigos de la función represora del Estado, pese a la retórica del Presidente y los gobernadores de ese partido. Sus prácticas represivas contra los movimientos sociales no son físicas, como antaño, pero se ejecutan de manera velada y mediante el uso de descalificación verbal y mediática y, sobre todo, a través de la fabricación de nuevos delitos y reformas a la Constitución. Esta situación es cotidiana en Palacio Nacional y se replica en varios estados del país.

En Puebla, por ejemplo, se hicieron reformas a la Constitución del estado y ahora se discuten otras al Código de Instituciones y Procesos Electorales. El Congreso local aprobó la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para modificar el Artículo 232° de dicho Código, cuyo contenido es prohibir todo tipo de propaganda electoral en la vía pública; es decir, se ha convertido en delito el que un candidato promueva su imagen y sus propuestas. Con esta medida autoritaria, el gobierno de la “Cuarta Transformación” pretende incomunicar a los partidos de oposición con los electores y ponerlos en desventaja de cara a la contienda electoral de 2021.

Tales acontecimientos en Puebla no son otra cosa que un cuadro de criminalización de la protesta social, similar al que se creó en el Siglo XX, donde Barbosa Huerta aparece como un discípulo del autoritarismo del antiguo régimen que los mismos morenistas suponen haber abolido.