Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años, exigieron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para avanzar en la investigación. Además, reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador por encubrir a miembros del Ejército y por haberlos abandonado.

Señalaron que esta administración les dio la espalda, especialmente al encubrir al Ejército tras la infiltración en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014, así como los nexos de soldados con la organización criminal "Guerreros Unidos".

Durante la marcha de ayer, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, los padres cuestionaron a López Obrador por acusar a grupos de derechos humanos que los han apoyado en su lucha. Lo acusaron de desprestigiar a quienes buscan la verdad y reafirmaron que el presidente los abandonó.

“Exigimos la entrega de los folios faltantes sobre lo que ocurrió esa noche y el regreso del GIEI, porque es el único que nos ha llevado a la verdad”, manifestaron.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, recriminó al gobierno de la 4T por culpar a los abogados por la liberación de varios involucrados, señalando que esto solo sirve como un pretexto para justificar su fracaso.

Por su parte, en su conferencia mañanera, el presidente afirmó que “se hizo todo” para encontrar a los estudiantes y reconoció que no ha cumplido su promesa de campaña debido a complicaciones. “No hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, sostuvo.

La marcha por los 43 atrajo alrededor de 10 mil personas, según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno capitalino, con un dispositivo de 500 policías desplegado. Aunque la protesta transcurrió de manera pacífica, un grupo de 100 jóvenes, supuestamente del llamado bloque negro, rompió vidrios y dañó comercios, así como mobiliario urbano y estaciones de Metro y Metrobús.

En este aniversario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada, consideró que persiste un “pacto de silencio” que impide identificar a los perpetradores y a quienes encubrieron la desaparición de los normalistas.