Estamos a favor de los trabajadores de México y en contra de las arbitrariedades patronales, pero también de las del Estado, que normalmente favorece a las empresas porque las representa, porque pretende asumir el control absoluto y porque, por la misma razón, no permite que nadie interceda en sus autoritarias decisiones. Por ello, justo antes de las elecciones de junio, el Gobierno Federal replanteó el tema de las empresas de outsourcing o de subcontratación. La práctica de la subcontratación se reguló en la LXII Legislatura que estaba suspendida desde 2012. Se cometían abusos y arbitrariedades contra los trabajadores, ya que las empresas que los contrataban no eran las mismas donde trabajaban y, por eso, sus patrones no eran los dueños de las empresas donde laboraban sino los de las empresas que los subcontrataban. Por ello, cuando recibían malos tratos en las empresas donde trabajaban, no podían quejarse ahí porque ellas no eran las empresas que los había contratado formalmente; y, peor aún, cuando ya no requerían sus servicios, los apartaban sin derechos ni prestaciones en la empresa donde habían trabajado, tampoco en la que los subcontrataba.

En 2020 había 6.9 millones de trabajadores subcontratados, de los cuales 2.6 millones eran mujeres, cuyo número equivalía al 38.1 por ciento del total y de éstas 33 por ciento (casi un millón) lo formaban madres solteras. Las edades de un millón 700 mil de subcontratados (la cuarta parte) oscilaban entre los 15 y 29 años. De 2003 a 2018, el número de los trabajadores en outsourcing era de 2.1 a 6.9 millones de personas, es decir, se triplicaron. El 34.8 por ciento del personal subcontratado trabajaba en el sector servicios; el 30.5 por ciento en el comercio; el 24.9 por ciento en las industrias manufactureras y 9.8 por ciento en otras actividades económicas. Según el tamaño de la empresa, el 9.5 por ciento estaba habilitado en los micronegocios; el 44.7 por ciento en las pequeñas y medianas empresas y 45.8 por ciento en las grandes empresas^[1].

En el sector público, según la página de Compranet, entre 2019 y 2020 se habían adjudicado 18 mil 370 contratos por servicios profesionales y honorarios, con un monto total de dos mil 163 millones de pesos; es decir, la subcontratación daba servicios tanto al sector privado como al sector público.

La subcontratación no es, en sí misma, mala del todo. Así lo expresan organizaciones empresariales como TallentiaMX; y aclaran que el problema no es la subcontratación misma, sino en su empleo informal. Es cierto que las empresas cuya especialidad consiste en producir determinadas piezas para automóviles gracias a la subcontratación, no tienen necesidad de contratar personal de planta para el trabajo de limpieza; el de reparación y actualización de equipos de cómputo o de una flota de choferes para distribuir sus productos. Es por ello que estas empresas, para reducir significativamente sus costos, no cuentan con personal de planta ante estas tareas “no esenciales”, como dicen los especialistas, y recurren a trabajadores subcontratados.

Pero hay quienes tienen una opinión contraria y afirman que “el outsourcing se ha convertido en un negocio rentable y demandado por las empresas, ya que éstas se deslindan de compromisos legales, incrementan la flexibilidad del empleo y disminuyen sus costos de producción. Sin embargo, los derechos laborales no se cumplen: no cuentan con contratos definidos, trabajan en horarios flexibles, no crean antigüedad y son contratados por empresas especializadas distintas a aquella donde prestan sus servicios”^[2].

Es en esta parte del asunto donde podemos enfatizar también, pues es cierto que pese a que está reglamentado que deben respetarse los derechos de sus trabajadores, las empresas subcontratantes violentan la legislación al negar los derechos laborales de sus empleados. Éstos, por ejemplo, no generan antigüedad porque trabajan un tiempo muy breve en una empresa, luego los mueven a otra y así; con esta serie de cambios, los trabajadores no acumulan antigüedad para su retiro, ya que los contratos son por corto tiempo, tanto en las empresas donde laboran como en las que están subcontratados.

A todos estos hechos adversos se suma otro del que, sin embargo, no existen datos precisos: que entre las primeras víctimas del despido laboral provocado por la pandemia del Covid-19 fueron precisamente los empleados de muchas empresas outsourcing, quienes además perdieron sus empleos sin indemnización y sin ninguna prestación o garantía mínima de recuperarlos, ya que no habían generado derechos laborales y sus empleadores se aprovecharon de esa situación.

La reforma a la subcontratación propuesta por el Gobierno Federal es polémica porque, por un lado, intenta detener los abusos de las empresas que efectivamente no pagan prestaciones a sus trabajadores (pago de utilidades, generación de antigüedad para la jubilación, etc.);y por otra intenta imponer una medida legal con la que se atribuiría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la facultad para determinar discrecionalmente qué empresas pueden dar servicios outsourcing y cuáles no, hecho susceptible de una lectura un tanto superficial como la siguiente: “si estás con el gobierno morenista, te damos chance de que uses el mecanismo de subcontratación; si no, no”.

El capitalismo se ha valido siempre de argucias y artimañas para robar tiempo a los trabajadores, para pagarles menos (muchas veces por debajo de su valor) y la subcontratación es un mecanismo que va en esa dirección. Por tanto, limitarlo en las acciones lesivas para los derechos de los trabajadores es una buena alternativa; pero hay que cuidar el logro de ese objetivo, porque México no está para irse al otro extremo mediante el golpeteo y la estigmatización de las empresas privadas como malas y perversas, sobre todo cuando estos ataques proceden de un personaje que aspira al poder dictatorial y en cuyas espaldas hay instancias afines que pueden decir, según su criterio, quiénes sí entran en la categoría de buenos y quiénes en la de malos. ¡Cuidado!