La Jueza Séptima de Distrito Laura Gutiérrez Romo, aceptó un amparo presentado por la CONCAMIN el pasado 26 de febrero, con el cual, buscan obstaculizar la implementación del nuevo sistema de etiquetado, por lo que el nuevo sistema de etiquetado de advertencia, en el cual academia, sectores industriales, gobierno y sociedad civil han trabajado en los últimos meses está en riesgo.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) ha impugnado las reglas del proceso, argumentando la supuesta falta de transparencia e inclusión dentro del proceso de creación de la norma para el etiquetado. Sin embargo, participó en cada uno de los procedimientos de elaboración de la norma. “Esta estrategia por parte del sector industrial, fue la misma que emplearon cuando se creó la regulación para la venta de comida chatarra en las escuelas y de los impuestos a bebidas azucaradas: usar al Poder Judicial para retrasar la implementación de medidas que protegen la salud de las personas” declaró, Javier Zúñiga, coordinador legal en El Poder del Consumidor.

Para la Alianza por la Salud Alimentaria, preocupa que la primera reacción de la Jueza Séptima no solo haya sido aceptar el amparo, sino que les haya otorgado la suspensión provisional. El próximo miércoles se definirá si se otorga la suspensión definitiva. Esto implica que la norma no se podrá publicar hasta que se resuelva el amparo, acción que claramente refleja la intensión de las industrias de retrasar la implementación del nuevo etiquetado.

Además, señalaron que la Jueza cuenta con argumentos legales para rechazar la suspensión, sobre todo considerando que es una norma de interés público y, cuyo beneficio será para la salud de las empresas. En otros países como Chile o Perú, las industrias han seguido la misma estrategia: recurrir al Poder Judicial para obstaculizar los etiquetados de advertencia. Sin embargo, en esos países el Poder Judicial apoyó a las políticas de salud pública, a tal grado que en Chile podemos afirmar que el Tigre Toño se fue gracias a que un tribunal protegió la salud de los infantes.

Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor afirmó: “CONCAMIN, participó de forma activa en las mesas de trabajo para la modificación de la NOM 051 y con quien se llegó a consensos y puntos de acuerdo en las discusiones. CONCAMIN ha declarado su interés por un México saludable, según lo dicho por Francisco Cervantes, presidente de la confederación. Sin embargo, desde la aprobación de la NOM 051 el pasado 24 de enero ha sido parte del sector industrial que está en contra de esta modificación, argumentando ser el resultado de una rudeza innecesaria y ahora intentan detener la publicación de la norma”.

Las organizaciones agrupadas en la Alianza, afirmaron que esta acción por parte de la industria es un verdadero atentado al derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Impedir que una medida que ampliará los derechos de las personas, puede interpretarse como una oposición a que las personas disfruten del más alto nivel de la salud. Se requiere que juezas y jueces actúen por los derechos de las personas, sean transparentes y no atiendan a los intereses de las empresas.

“CONCAMIN quienes hoy se amparan de la Norma 051 y el Consejo Coordinador Empresarial, así como muchas otras grandes cámaras de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados, participaron de forma activa en todas y cada una de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo para discutir la norma 051 y hoy desconocen esos acuerdos. Es muy importante ponerlo en este contexto porque lo que están haciendo a través de este amparo es oponerse a la aplicación de una regulación respaldada por las organizaciones de Naciones Unidas y las más prestigiadas instituciones internacionales especializadas en salud pública. Lo que CONCAMIN está haciendo es evitar que los consumidores en México tengan acceso a la información, a saber cuándo un producto contiene exceso de los ingredientes críticos que han desatado las epidemias de obesidad y diabetes”, señaló Ana Larrañaga, coordinadora de la coalición Contrapeso.

Finalmente, Quetzalli Ramos, abogada experta en salud, aseguró: "Confiamos que el Poder Judicial estudie a fondo el asunto y niegue la suspensión provisional otorgada con base en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que, de lo contrario, se estaría perjudicando el interés social que es a favor de la protección de los derechos de la mayoría de los mexicanos. La sociedad estará atenta”.