La campaña del Gobierno Federal contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), comenzada a inicios del sexenio y que se ha intensificado en su última etapa, tiene el mismo origen que la guerra contra otros organismos autónomos que han desarrollado sus funciones sin someterlas al visto bueno del Presidente, actuando con criterio propio.

La persecución se intensificó cuando estas instituciones, constitucionalmente autónomas, tuvieron la osadía de llamar al orden y al cumplimiento de la ley incluso al jefe del Poder Ejecutivo. El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió al Presidente hacer campaña electoral anticipada o realizar proselitismo aprovechando su investidura; y en el primer año del sexenio actual, el INAI interpuso más recursos de revisión contra la oficina de la Presidencia de la República que en el último año del sexenio anterior; ésta fue la señal de lo que sucedería a lo largo de todo el sexenio en lo que se refiere a la transparencia.

El combate contra los organismos que se atreven a hacer uso de su autonomía revela claramente que la autoridad no está dispuesta a tolerar ninguna crítica, señalamiento y ninguna oposición a su forma de administrar los recursos públicos; y que no se siente obligada a rendir cuentas y a respetar la ley. Esta actitud, desde luego, no ha sido expresada por los gobernantes de la “Cuarta Transformación” (4T), cuyos encendidos discursos a favor de la transparencia y la honestidad se contradicen con su práctica.

En el Reporte Especial de esta semana se ofrecen detalles de las maniobras para inmovilizar al INAI e incluso la intención declarada de desaparecerlo; buzos recoge las opiniones de organismos civiles y especialistas que denuncian la opacidad en la aplicación de los recursos públicos y la negativa a brindar información al respecto, actitud violatoria del mandato constitucional. Los analistas concluyen que esta falta de transparencia es cada vez más grande, que los avances logrados en la legislación mexicana en este renglón se han perdido y que la situación ha retrocedido más de medio siglo. Miles de ciudadanos pueden testificar también la violación de la ley electoral, el uso de recursos públicos para promocionar la imagen de políticos afines a la 4T. He ahí dos ejemplos de contradicción entre los actos y las declaraciones del Gobierno Federal.

Detrás de la rotunda negativa de la 4T a proporcionar la información solicitada en torno a las cuantiosas inversiones en “magnas obras” se encuentra la decisión de mantener lejos del escrutinio de la sociedad el manejo del dinero público, ocultando, por ejemplo, la identidad y las ganancias de los beneficiados con los contratos, alegando razones de “seguridad nacional” y evidenciando un manejo centralista y autoritario del presupuesto.

El acoso a los organismos autónomos no es más que la forma en que se expresa el combate de la 4T contra la democracia, pues éstos representan importantes conquistas de las mayorías en las últimas décadas. Negar información solicitada por los ciudadanos atenta contra los intereses de la sociedad; lo mismo se puede concluir en el caso de la campaña contra el INE, cuya autonomía es indispensable para frenar las arbitrariedades y los abusos del gobierno, especialmente del Poder Ejecutivo.