La Corte suspendió el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León contra Samuel García.
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La campaña del Gobierno Federal contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), comenzada a inicios del sexenio y que se ha intensificado en su última etapa, tiene el mismo origen que la guerra contra otros organismos autónomos que han desarrollado sus funciones sin someterlas al visto bueno del Presidente, actuando con criterio propio.
La persecución se intensificó cuando estas instituciones, constitucionalmente autónomas, tuvieron la osadía de llamar al orden y al cumplimiento de la ley incluso al jefe del Poder Ejecutivo. El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió al Presidente hacer campaña electoral anticipada o realizar proselitismo aprovechando su investidura; y en el primer año del sexenio actual, el INAI interpuso más recursos de revisión contra la oficina de la Presidencia de la República que en el último año del sexenio anterior; ésta fue la señal de lo que sucedería a lo largo de todo el sexenio en lo que se refiere a la transparencia.
El combate contra los organismos que se atreven a hacer uso de su autonomía revela claramente que la autoridad no está dispuesta a tolerar ninguna crítica, señalamiento y ninguna oposición a su forma de administrar los recursos públicos; y que no se siente obligada a rendir cuentas y a respetar la ley. Esta actitud, desde luego, no ha sido expresada por los gobernantes de la “Cuarta Transformación” (4T), cuyos encendidos discursos a favor de la transparencia y la honestidad se contradicen con su práctica.
En el Reporte Especial de esta semana se ofrecen detalles de las maniobras para inmovilizar al INAI e incluso la intención declarada de desaparecerlo; buzos recoge las opiniones de organismos civiles y especialistas que denuncian la opacidad en la aplicación de los recursos públicos y la negativa a brindar información al respecto, actitud violatoria del mandato constitucional. Los analistas concluyen que esta falta de transparencia es cada vez más grande, que los avances logrados en la legislación mexicana en este renglón se han perdido y que la situación ha retrocedido más de medio siglo. Miles de ciudadanos pueden testificar también la violación de la ley electoral, el uso de recursos públicos para promocionar la imagen de políticos afines a la 4T. He ahí dos ejemplos de contradicción entre los actos y las declaraciones del Gobierno Federal.
Detrás de la rotunda negativa de la 4T a proporcionar la información solicitada en torno a las cuantiosas inversiones en “magnas obras” se encuentra la decisión de mantener lejos del escrutinio de la sociedad el manejo del dinero público, ocultando, por ejemplo, la identidad y las ganancias de los beneficiados con los contratos, alegando razones de “seguridad nacional” y evidenciando un manejo centralista y autoritario del presupuesto.
El acoso a los organismos autónomos no es más que la forma en que se expresa el combate de la 4T contra la democracia, pues éstos representan importantes conquistas de las mayorías en las últimas décadas. Negar información solicitada por los ciudadanos atenta contra los intereses de la sociedad; lo mismo se puede concluir en el caso de la campaña contra el INE, cuya autonomía es indispensable para frenar las arbitrariedades y los abusos del gobierno, especialmente del Poder Ejecutivo.
La Corte suspendió el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León contra Samuel García.
La página oficial “Morena Sí” pautó 24 mil 995 publicaciones entre 2020 y 2026 por 45.9 millones de pesos, según datos de Meta.
El PVEM busca mantener su margen de negociación dentro de la alianza oficialista al impulsar 17 aspirantes a gubernaturas, entre ellos legisladores y alcaldes. San Luis Potosí será la única entidad donde competirá sin coalición, con posibles candidaturas vinculadas al gobernador Ricardo Gallardo.
Riva Palacio afirmó que ambos formarían parte de un grupo de políticos que buscaría colaborar con autoridades estadounidenses; Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron las versiones y exigieron pruebas.
La presidenta aseguró que su gobierno no tiene información que respalde la publicación del diario estadounidense, mientras los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal también negaron los señalamientos y exigieron una rectificación.
Estamos a un año de las elecciones de 2027 y en Morena se percibe la preocupación; al interior existe división.
Morena advirtió que no irá en alianza en San Luis Potosí si el PVEM postula a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El Partido Verde sostiene que la eventual candidatura no constituye nepotismo y confía en alcanzar un acuerdo.
El órgano electoral rechazó registrar como partido a la organización ligada a exmorenistas por irregularidades en fiscalización y afiliaciones; sólo PAZ y Somos México podrán competir como nuevas fuerzas políticas en 2027.
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El sistema de drenaje profundo de la CDMX lleva más de 20 años sin rehabilitación ni mucho menos la construcción de un nuevo sistema pluvial que disminuya los problemas de inundaciones.
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El partido no acreditó las afiliaciones con la documentación original exigida por la normativa electoral por lo que se ordenó que esos registros se contabilicen a favor de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.
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Escrito por Redacción