El joven murió tras el ataque y su familia lo identificó; había desaparecido una semana antes del crimen.
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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, calificándolo como un crimen absolutamente inaceptable.
La ONU-DH instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y eficaz. El asesinato del religioso ocurrió tras la misa que ofició en el barrio de Cuxtitali, sobre calle Las Peras.
Al finalizar, el sacerdote se dirigió a su camioneta para trasladarse a la iglesia de Guadalupe, cuando dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones, causando su muerte.
El padre Marcelo Pérez Pérez contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo constante que enfrentaba por su labor en defensa de los derechos humanos en Chiapas.
Anteriormente, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre el incremento de amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra; sin embargo, las medidas resultaron insuficientes para prevenir su asesinato.
El joven murió tras el ataque y su familia lo identificó; había desaparecido una semana antes del crimen.
La ONU advierte que superar 1.5°C en la próxima década será casi inevitable si no se actúa YA.
El fuego terminó extendiéndose por distintas áreas del inmueble.
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El homicidio ocurrió cuando el dirigente salió de un restaurante.
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En seis décadas, el daño acumulado por el embargo económico alcanzó 170 mil 677 millones de dólares: Marcos Rodríguez, embajador de Cuba.
La Fiscalía estatal de Oaxaca manifestó que el crimen se cometió por una nota que la profesora Fabiola Ortiz dio en el Colegio de Bachilleres.
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El imputado, de 19 años, enfrenta acusaciones por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Además del CO₂, el metano subió 16 por ciento y el óxido nitroso 25 por ciento en comparación con los niveles preindustriales.
El programa modificado estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, en un contexto de tensiones presupuestales federales que preocupan a productores chiapanecos.
Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera