Conflictos armados y falta de acceso agravan crisis alimentaria para 266 millones de personas.
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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, calificándolo como un crimen absolutamente inaceptable.
La ONU-DH instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y eficaz. El asesinato del religioso ocurrió tras la misa que ofició en el barrio de Cuxtitali, sobre calle Las Peras.
Al finalizar, el sacerdote se dirigió a su camioneta para trasladarse a la iglesia de Guadalupe, cuando dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones, causando su muerte.
El padre Marcelo Pérez Pérez contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo constante que enfrentaba por su labor en defensa de los derechos humanos en Chiapas.
Anteriormente, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre el incremento de amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra; sin embargo, las medidas resultaron insuficientes para prevenir su asesinato.
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Volker Türk hizo un llamado al gobierno mexicano a reforzar los mecanismos de búsqueda, la identificación forense y las capacidades de investigación para enfrentar la crisis de desapariciones y la impunidad.
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El único latinoamericano que ha ocupado el cargo de secretario general de la ONU fue el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar.
Reforzar la cooperación y mantener canales de diálogo permanente; mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas, son sólo algunos de los compromisos pactados.
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Expertos señalan que, aunque ha habido avances normativos desde 2012, los resultados en su aplicación han sido efímeros o muy limitados.
Según la ONU, el impacto afectará de manera desproporcionada a aquellos que disponen de presupuestos más limitados para absorber el aumento de los precios de la energía y los alimentos.
Desde hace 33 años, 108 familias indígenas vienen luchando para que los gobiernos Federal y estatal otorguen certeza jurídica a las tierras que habitan, cultivan y denominaron Altamira La Providencia; ubicada a 350 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
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El comunicado fue firmado por colectivos de Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, entre otros.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera