En un país en el que 97 personas son asesinadas cada día, recurrir a las fuerzas castrenses como único rescate del orden público puede tener altos costos en materia de derechos humanos y democracia, señaló Tadeo Luna de la Mora, académico de la Universidad Iberoamericana campus Puebla. 

La realidad ha alcanzado a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en cuestiones de seguridad. Hace un par de días, el mandatario hizo pública su pretensión de convertir la Guardia Nacional en un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. De consolidarse, el decreto supondría oficializar algo que ha ocurrido en la praxis desde el día uno.

El Dr. Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, recuerda que la Guardia Nacional llegó como parte del proyecto de nación de López Obrador a través de una reforma constitucional.

En 2019 se presentó ante el Congreso como una respuesta a las estrategias fallidas que tienen al país replegado en las trincheras desde 2006. La idea original era conformar una fuerza de seguridad que contara con elementos del ejército y la marina, pero cuya dirección fuera civil –a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana–. Además, se contempló que para 2024 los elementos militares deberían abandonar el organismo.

Dicho proyecto se desvaneció en la conferencia matutina del lunes. “Los grupos criminales tienen lógicas militares en muchos casos”, explica el especialista. “[El cambio en la Guardia Nacional] es una visión para enfrentar la violencia que, desde mi punto de vista, no es válida. Ya hemos visto el fracaso de estas respuestas militarizadas”.

De acuerdo con el INEGI, en 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en todo el país mientras 97 personas perdieron la vida de manera violenta cada día. La cifra ha variado en lo mínimo durante el sexenio obradorista, mismo que se perfila a ser el más letal de la historia moderna de México.

Para Luna de la Mora, la democracia en su conjunto se pone en riesgo al tener a la milicia al frente de la seguridad, la infraestructura y las comunicaciones, pues se vulnera el ejercicio de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Advierte el experto: “Si seguimos con la visión de militarizar distintas áreas puede llegar un momento en el que la ciudadanía ya no pueda hacerle frente”.

Policía y ejército son dos entidades que comparten la encomienda de velar por el orden social. La diferencia sustancial radica en que la primera, cuando está bien capacitada, puede ser aliada en la protección de la ciudadanía. La segunda, en cambio, tiene la encomienda de proteger a la nación y mantener el control público.

De ahí que el llamado del especialista del IDHIE sea construir un organismo de seguridad ciudadana que trabaje en favor de los derechos humanos. “Lo que importa no es la seguridad del territorio, sino de las personas. ¿Qué hace que una persona se sienta segura? La respuesta no es trayendo al ejército a las calles ni haciendo que la policía se parezca a la milicia”.

Cerca del 80 por ciento de los elementos actuales de la Guardia Nacional tienen algún tipo de vínculo con las fuerzas castrenses. Sustituir a los pocos civiles que la integran supondría un acto de inconstitucionalidad violatorio de una ley que la propia administración morenista reformó en 2019. Ante las constantes contradicciones con las arengas antimilitares del pasado, Tadeo Luna especula: “Parecería que el gobierno nos está quedando a deber”.