La política migratoria de “mano dura” del Partido Republicano estadounidense es usada como arma de chantaje en la negociación de los apoyos que Joseph Biden brinda a la guerra proxy en Ucrania y a la “limpieza étnica” que ejecuta Israel contra los palestinos.

En los próximos seis meses, tal estrategia partidista, asociada a la campaña electoral para elegir nuevo presidente, provocará una enorme presión social, política y económica en México debido a que en el país hay decenas de miles de migrantes locales y extranjeros, que solicitan ingreso a Estados Unidos (EE. UU.).

En el centro de la negociación-chantaje se hallan los 110 mil millones de dólares (mdd) que Biden solicitó al Congreso para apoyar a Ucrania e Israel –así como para otros rubros de su agenda de seguridad nacional– y que los republicanos están reteniendo para negociarlos a cambio de más restricciones o la expulsión de migrantes.

En diciembre subió de tono esta cuestión: el día 13, en la Cámara de Representantes, los republicanos formalizaron su demanda de juicio político contra Biden, a quien acusan de ayudar a su hijo Hunter en la supuesta comisión de negocios ilícitos. En el fondo, la intención era inhabilitarlo e impedir su reelección, ubicándolo en la misma situación de su rival republicano, Donald J. Trump, quien enfrenta múltiples procesos legales.

En este contexto político-judicial, los senadores republicanos condicionaron los fondos que Biden ha solicitado para apoyar a sus aliados en guerra: 61 mil mdd de ayuda militar para Kiev y casi 15 mil mdd para Tel Aviv, a cambio de la modificación radical de la política migratoria que el Partido Demócrata mantiene desde 1996.

En este clima de crispación se sentaron a negociar los muy empoderados legisladores republicanos con sus homólogos demócratas, cuya prioridad radica en conseguir los fondos requeridos para apoyar a sus aliados de Kiev y Tel Aviv.

El tiempo corría para la Casa Blanca, presionada por los compromisos que ha asumido con Volodymyr Zelensky, quien recientemente visitó Washington para clamar por más ayuda y salir del apuro en que se halla debido a la Operación Militar Especial lanzada por Rusia en el Donbás.

La satisfacción de las demandas republicanas en política migratoria implicaría un cambio drástico en la relación bilateral con México para Biden, ya que la posición de los demócratas en esta materia es diferente a la de aquéllos.

Si Biden accediera al chantaje republicano y aplicara una nueva política migratoria –por sí misma ya con severas restricciones– habría un giro en la relación bilateral entre EE. UU. y México.

Arrinconado por las exigencias antiinmigrantes de los republicanos, Biden anunció su disposición de hacer “concesiones significativas” en la frontera con México. En días pasados, su secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, informó que desde mayo de 2023 se habían expulsado (dijó “repatriado”) a unos 350 mil inmigrantes que no reunían los requisitos para permanecer en el país.

A fin de responder a las críticas republicanas de que la frontera con México es muy “porosa”, Mayorkas declaró ante el Comité de Asignaciones del Senado, que el gobierno de Biden había interceptado en las estaciones fronterizas a más de seis millones de extranjeros que carecían de visa.

El secretario de Seguridad Interior reiteró, además, su demanda de 13 mil 660 mdd adicionales para reforzar los puestos de entrada con mil funcionarios y detectives fronterizos para enfrentar el creciente flujo migratorio, sin necesidad de impulsar una reforma política.

Los republicanos insistieron en no enviar más ayuda millonaria a países expulsores de migrantes y condicionaron la autorización de los fondos solicitados a que Biden diseñe una política migratoria en la frontera sur acorde con su visión de seguridad.