Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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En una de sus grandes obras, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Federico Engels evidencia la explotación de los obreros, las mujeres y, con énfasis, denuncia la sobreexplotación del trabajo infantil y las horrorosas condiciones en el que éste se desarrolla. La obra es en realidad un excelente reportaje; pero va más allá cuando lo respalda con testimonios directos y estadísticas.
En The Children’s Employment Report, uno de los apartados con testimonios del trabajo infantil en el norte de Staffordshire, uno de los distritos industriales ingleses, informa: “Se exige de ellos una labor dura y fatigosa, y no tienen suficiente alimentación ni buena ropa. Numerosos niños se quejan: «No tengo suficiente qué comer, mayormente me dan papas y sal, nunca carne ni pan, no voy a la escuela, no tengo ropa… no comí nada en casa al mediodía»”. Los relatos del primero de los libros que Engels escribió entre 1842 y 1844 (hace 180 años) en Manchester, corazón de la Revolución Industrial, no están muy alejados de lo que hoy ocurre en México.
Los niños “deben ir y venir toda la jornada con una carga demasiado pesada para su edad y la temperatura elevada que reina en la fábrica incrementa aún más su fatiga. Casi sin excepción, los niños son enclenques, pálidos, débiles, pequeños y deformados; sufren casi todos de padecimientos gástricos, vómitos, falta de apetito, y un gran número muere de tuberculosis”. Engels amplía su denuncia.
En los distritos alfareros, agrega, “hay un número relativamente importante de escuelas que permiten a los niños instruirse, pero como se envía muy temprano a esos niños a la fábrica y tienen que trabajar allí demasiado tiempo (casi siempre 12 horas o más), se ven imposibilitados de sacar provecho de esas escuelas; por eso las tres cuartas partes de los niños entrevistados por el comisionado no sabían ni leer ni escribir; en todo el distrito reinaba el mayor analfabetismo (…) por todas partes la familia es disgregada por el trabajo de la mujer y de los niños”.
Hace unos días, al conmemorarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó en 2019, reveló que en México hay más de 3.3 millones de niños, entre cinco y 17 años, que laboran en “ocupaciones permitidas y no permitidas”. El estudio de opinión advierte también que el 11.5 por ciento de la población infantil se encontraba en condiciones inadecuadas. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que por cada punto porcentual de incremento en la pobreza, se genera el 0.7 por ciento más de niños y adolescentes que trabajan, y que entonces habría 3.5 millones de niños trabajando, es decir, unos 200 mil adicionales.
Según el Inegi, el Covid-19 y la deserción escolar son las causas de que el trabajo infantil haya aumentado; pero también debe considerarse que este problema deriva del hecho que miles de familias carecen de recursos para mantener a sus hijos y que éstos no tienen otra opción que trabajar para no morir de hambre. A estas causales hay que sumar que la riqueza en el país sigue concentrándose escandalosamente en pocas personas y la inmensa mayoría de la población está condenada al empobrecimiento total. Por eso nadie debe dudar que el trabajo infantil se incrementa debido a la pobreza; y que de ésta son responsables los gobiernos en todos los niveles, porque no aplican políticas efectivas para combatirla.
Es verdad que los derechos humanos de niños y adolescentes están previstos en nuestra Constitución Política y en tratados internacionales –entre ellos el derecho a la vida, a un desarrollo adecuado, a vivir en familia y en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a la educación, la salud y a un descanso y esparcimiento completos– pero también es cierto que estos derechos ahora son arrebatados por un modelo económico injusto, rapaz e inhumano; y si Engels exhibió las horripilantes condiciones laborales de los niños ingleses del Siglo XIX, la negación de esos derechos humanos a una parte de la niñez mexicana clama una lucha específica para que se cumplan y se respeten. Este frente implica la organización de todos los mexicanos para modificar de raíz la forma de gobernar y distribuir la riqueza nacional. Por el momento, querido lector, es todo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).