El tan esperado dos de junio llega por fin y México tendrá su primera Presidenta, pero este cambio de género en el manejo de las riendas del poder, que como suponen algunos politólogos podría significar un avance, no cambiará la suerte de los cerca de 100 millones de mexicanos con problemas de pobreza lacerante, de altísimo desempleo, salarios mal pagados, inseguridad pública, violencia criminal y falta de servicios de salud y educación para sus familias e hijos. 

La primera mujer que se postuló para presidenta en México fue Rosario Ibarra de Piedra, con las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en la elección de 1982, pero los votos que obtuvo no le alcanzaron para llegar a Palacio Nacional. Es probable que la primera mandataria de México (y también de Norteamérica), haga algunos cambios, pero serán ínfimos porque su programa de gobierno no atiende la demanda que el pueblo mexicano plantea a gritos desde hace muchos años: justicia social. 

Los problemas de México ahora son más graves que hace seis años y no se solucionarán con buenos deseos, caprichos, ocurrencias o con “lo que diga mi dedito”, la Presidenta electa no podrá revertir los pésimos resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el rubro de justicia social y en el próximo sexenio nada cambiará de fondo para los marginados de la patria, quienes van a tener que seguir esperando mejores tiempos y nuevos políticos. 

Hay que recordar o no olvidar, por cierto, que antes de que los mexicanos eligieran quién los gobernará de 2024 a 2030, hubo un político demagogo que a los cuatro vientos vociferó que la prioridad de su gobierno serían los pobres y que acabaría con la corrupción, pero que ahora, cuando está a punto de irse a su rancho en Palenque, Chiapas, deja un país polarizado, con el tejido social destruido, saqueado por hijos y burócratas rateros y en manos de las bandas del crimen organizado que en este “sexenio de la muerte” cometieron 188 mil homicidios dolosos. 

Las prácticas proselitistas de las campañas electorales fueron las mismas: discursos huecos; demagogia de la más barata para manipular y engañar a la población; candidatos que cayeron en acciones ridículas para divertir a la gente y ocultar que carecían de propuestas de gobierno encaminadas a solucionar a fondo los problemas de los mexicanos, así como para realizar una buena administración pública. 

Lo que sí fue del dominio público es que las elecciones del dos de junio se realizaron en un marco de violencia en el que se registraron ataques armados contra políticos; el asesinato de 22 candidatos a cargos públicos y posiciones legislativas; gastos de campaña por más de mil 180 millones de pesos (según datos oficiales) y la compra de votos mediante la amenaza de retirar a los beneficiarios los apoyos monetarios si no sufragaban a favor de la candidata de Morena, algo que no se había visto en las tres décadas pasadas. 

Todo esto evidencia que los partidos políticos con reconocimiento oficial carecen de vínculos genuinos con el pueblo de México y que sigue haciendo falta una organización política con raigambre popular que abandere candidatos con el conocimiento y la preparación intelectual necesaria para resolver los problemas nacionales. Mientras esto no suceda, la presencia de una mujer en Palacio Nacional sólo es una esperanza vana y los 100 millones de mexicanos en pobreza tendrán que seguir esperando un gobierno verdaderamente popular. Por el momento, querido lector, es todo.