Ante el riesgo de que en el próximo ciclo escolar más de 500 mil niños y adolescentes vivan con obesidad, organizaciones de la sociedad civil y academia que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, le exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplir con su obligación de publicar los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en escuelas del Sistema Educativo Nacional.

En una carta dirigida a la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, los manifestantes pusieron como ultimátum el día de hoy, 17 de junio de 2024, para que la instancia federal cumpla con la emisión de los lineamientos alimenticios en las escuelas tal como lo dispone la Ley General de Educación.

La urgencia resurgió luego de que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizara un modelo matemático para proyectar el impacto de aplicar los nuevos lineamientos, mismos que contribuirían en una reducción de nueve puntos porcentuales en la obesidad infantil en un año; en caso contrario, es decir, no aplicarlos provocaría un aumento de 500 mil menores que vivirán con obesidad para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con el Atlas 2023 de la Federación Mundial de Obesidad: “en México, el sobrepeso y la obesidad infantil han aumentado 120 por ciento en las últimas tres décadas, proyectando que para el 2030, siete millones de niños y jóvenes vivirán con exceso de peso”.

Mientras tanto, “el 50 por ciento desarrollarán diabetes a lo largo de su vida”, según el estudio “Carga de la diabetes tipo 2 en México: tasas de prevalencia e incidencia pasadas, actuales y futuras”.

Asimismo, los menores corren el riesgo de desarrollar presión arterial y colesterol alto, asma, problemas en articulaciones y trastornos mentales. "También existen impactos económicos insostenibles para el Estado, ya que tan solo atender la obesidad infantil cuesta 650 mil millones de pesos cada año”, reporta el análisis denominado “Casos de inversión para la prevención y reducción del sobrepeso y la obesidad infantil y adolescente en México”.

Simulación de la SEP

Durante la movilización, los manifestantes recordaron que hace 14 años se crearon los primeros lineamientos para regular los entornos alimentarios escolares, en coordinación con la industria alimentaria; mismos que la SEP tiene el mandato legal y ético para operarlos; sin embargo, diversas “investigaciones y ejercicios de vigilancia ciudadana evidenciaron el incumplimiento histórico de la regulación en las escuelas del país”.

En un comunicado, la Alianza por la Salud Alimentaria destacó entre los resultados negativos que han prevalecido: en 2013, el 80 por ciento de la oferta era de bebidas azucaradas y sólo seis por ciento de alimentos sanos. Entre 2014 y 2024, el 79 por ciento vendían refrescos, 9 de cada 10 escuelas vendían golosinas, dulces, frituras y/o helados. Y sólo 19 por ciento tenían acceso a frutas, verduras y agua potable para consumo.

A esta situación, sumó que, en 2018, las comunidades escolares desconocen la regulación, no hay financiamiento para manuales, ni capacitaciones y que en 2022, se identificó que los escolares consumen 550 calorías extras provenientes de productos chatarra durante la jornada escolar, generando más de dos mil empaques de desechos plásticos cada día.

Ante este panorama, la Alianza por la Salud Alimentaria insistió en la difusión de los nuevos lineamientos, acorde a lo dispuesto en la ley, mismos que deben “ser diseñados sin conflicto de interés, con elementos de sostenibilidad y dirigidos a la garantía de derechos de la niñez. Prohibir la venta y publicidad de productos chatarra empaquetados y a granel, dentro y fuera de las escuelas. Disponer de alimentos saludables a precios competitivos y acceso al agua potable gratuita. Delimitar los roles y responsabilidades para la vigilancia, monitoreo y sanción y favorecer las compras a la agricultura familiar, y de pequeños y medianos productores”.