A pesar de que las leyes en México prohíben el trabajo infantil y consagran en la Constitución la educación, salud y familia, la realidad es que millones de menores de cinco a 17 años se ven obligados a realizar labores para contribuir en el sustento familiar o simplemente para sobrevivir, situación que los priva de su derecho a una infancia digna y los orilla a mantenerse en un ciclo de pobreza y desigualdad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México el empleo infantil ha ido en aumento, en 2015, la tasa se ubicó en 12.3 por ciento, cifra que disminuyó en el año 2017 al registrar el 11 por ciento; sin embargo, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el indicador volvió a incrementarse a 11.4 por ciento en 2019 y 13.1 por ciento para el 2022.

En su Encuesta Nacional del Trabajo Infantil (ENTI) 2022, el Inegi destacó que 3.7 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años están involucrados en alguna forma de empleo, lo que representa el 13.1 por ciento; de ellos, 2.1 millones realizan ocupaciones no permitidas, lo que equivale a 7.5 por ciento; mientras que 1.9 millones más se dedican a los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, alcanzando un 6.7 por ciento en este sector poblacional.

Cabe destacar que de la población de 5 a 17 años que se encontraban involucrados en alguna ocupación no permitida, 1.5 millones eran niños y 0.6 millones eran niñas, lo que representa un porcentaje de 71.9 y 28.1, respectivamente.

Asimismo, el Inegi señaló que de los 2.1 millones de menores que realizan alguna ocupación no permitida, dos millones, 92.5 por ciento, lo hacen en actividades consideradas de carácter peligroso como: agricultura, construcción, minería, industria química, entre otros. A ellos, se suma 1.1 millones más, que representan el 57.5 por ciento, de infantes y adolescentes cuya salud y desarrollo se vio afectado por cargar cosas pesadas, o que les provocaron problemas físicos mientras efectuaban actividades laborales

Además, otros 437 mil menores, lo que equivale a 22.2 por ciento, tuvieron horarios de trabajo prolongados y 210 mil más, 10.6 por ciento, laboraron jornadas no apropiadas como aquellas con horarios mixtos, nocturnos o rolaron turnos.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dio a conocer en su reporte anual del 2021 que por cada punto porcentual que aumenta la pobreza en un país, se incrementa 0.7 por ciento el trabajo infantil, cifra “alarmante” considerando que en este país más de 46 millones de personas viven en condiciones de pobreza multidimensional y 9.1 millones en pobreza extrema, según los registros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2022.

Para los especialistas, el trabajo infantil tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico, emocional y psicológico de los niños y niñas; ya que son sometidos a condiciones laborales peligrosas y abusivas, exponiéndolos a riesgos como accidentes, enfermedades y explotación sexual. Además, al tener que dedicar largas horas al trabajo, se ven privados del derecho fundamental a la educación, perpetuando así el ciclo de pobreza y marginación.

Reconocen que la persistencia del trabajo infantil en México está relacionada con una serie de factores estructurales, incluyendo la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, la migración, la discriminación y la falta de aplicación efectiva de las leyes laborales. La falta de oportunidades económicas para las familias y la ausencia de políticas públicas integrales también contribuyen a la perpetuación de esta problemática.

Para la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, el trabajo infantil aumenta y se convierte en un mecanismo de supervivencia familiar en tiempos de crisis.

“A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar. Cuando imaginamos el mundo después de la Covid, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas”, comentó.

Además, manifestó que para abordar de manera efectiva el trabajo infantil es necesario un enfoque integral que involucre a todos los sectores de la sociedad. Esto incluye al gobierno, que debe fortalecer las leyes y políticas de protección a la infancia, así como garantizar su aplicación efectiva.

Las empresas también tienen un papel crucial en la erradicación del trabajo infantil, asegurando que sus cadenas de suministro sean libres de explotación infantil y respeten los derechos laborales.

Finalmente, los especialistas concluyen que el trabajo infantil en México es un problema complejo que requiere una acción coordinada y urgente por parte de todos los actores involucrados. Es fundamental garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad y a condiciones de vida dignas, libres de explotación y violencia. Sólo así se podrá construir un futuro más justo y equitativo para las generaciones venideras.