En el grupo de 25 a 29 años se concentra la mayoría de casos de personas desaparecidas.
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Foto: Internet
El sacerdote y defensor del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Bello, denunció que su vida está en peligro debido a fallas en el esquema de protección que le proporciona el Gobierno Federal, al que responsabilizó de cualquier cosa que le ocurra.
A través de un comunicado, denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal lo ha expuesto a una situación de alto riesgo, ya que los vehículos asignados a su esquema de seguridad no se encuentran en condiciones mecánicas adecuadas. Esta deficiencia ha impedido su traslado a los centros de trabajo y, lejos de tratarse de una simple falla logística, constituye una negligencia que pone en peligro tanto su labor como su integridad física.
Agregó que ante la falta de respuesta efectiva y de alternativas viables por parte del mecanismo, se trasladó sin seguridad de Chilpancingo a Iguala, exponiéndose en una ruta de alto riesgo conocida por la presencia de grupos delictivos y situaciones de violencia generalizada.
Luego de responsabilizar directamente al Gobierno Federal de cualquier agresión o situación que pudiera poner en peligro su vida, el sacerdote exigió al Mecanismo Federal de Protección un esquema de protección funcional, adecuado y digno que facilite su labor como defensor de Derechos Humanos en el estado de Guerrero, asimismo, agradeció la solidaridad de organizaciones, colectivos y personas aliadas, a quienes pidió estar atentas ante cualquier situación que pudiera derivarse de esta denuncia.
En el grupo de 25 a 29 años se concentra la mayoría de casos de personas desaparecidas.
México acumula más de 130 mil personas sin localizar, con registros desde 1950.
El Gobierno Federal destinará 12 mil 234 pesos por habitante para cubrir el costo del endeudamiento.
El número de personas desaparecidas en México ha aumentado enormemente en lo que va de este siglo; así lo demuestran estudios realizados por asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales.
Andrés Filomeno Mendoza Celis, quien declaró haber asesinado a más de 30 personas, murió a los 78 años en el penal de Tenango del Valle; padecía diabetes, hipertensión y complicaciones respiratorias.
Reynaldo Pérez Pérez representaba a 63 familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, Chenalhó, y contaba con protección federal desde 2023.
Claudia Sheinbaum anunció recursos federales para infraestructura hidráulica en Guadalajara; se busca financiar las obras sin generar nueva deuda para Jalisco.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y pidió que la Asamblea General considere medidas de apoyo para México frente a la crisis de desapariciones.
Haaretz documentó testimonios de exprisioneros que denuncian golpizas, desnutrición, enfermedades y humillaciones. Organismos de la ONU también han alertado sobre tortura.
Luego de las denuncias sociales, la autoridad estatal liberó a todos los detenidos.
La Fiscalía estatal informó que los detenidos fueron trasladados a Puente Grande.
El Gobierno Federal proyecta aumentar sus egresos en 0.7 por ciento, lo que obligará a realizar recortes en sectores clave.
Su trayectoria abarca el enjuiciamiento de crímenes internacionales y la investigación de la violencia contra la población palestina.
Ataques, desapariciones y asesinatos son sólo algunas de las situaciones que enfrentan los colectivos.
La investigación del Centro de Derechos Humanos de Berkeley analiza las agresiones bajo el marco del Derecho Penal Internacional y retoma datos de ARTICLE 19 y CIMAC.
Escrito por Olivia Ortíz
Reportera