Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales. Pero lo peor es que se encuentran desamparados y sin ningún respaldo legal del gobierno estatal.

En los últimos tres o cuatro años, es decir durante el sexenio del exgobernador Rutilio Escandón, muchas voces fueron acalladas por el crimen organizado; en la actualidad, periodistas y defensores de derechos humanos respiran un poco más tranquilos, publican más, pero la presión de diversas autoridades sigue.

El último periodista asesinado en Chiapas fue Víctor Alfonso Culebro Morales, cuyo cuerpo fue arrojado en una cuneta de la carretera que conduce al municipio de Jiquipilas el 28 de junio de 2024; presentaba señales de tortura y disparos con arma de fuego.

De los 172 atentados contra periodistas y comunicadores en todo el país –contabilizados desde el año 2000 a la fecha– en Chiapas, además del caso de Víctor, también se registraron otros casos: el de Fredy López Arévalo, el 28 de octubre de 2021, en San Cristóbal de Las Casas; y el de Mario Leonel Gómez Sánchez, el 21 de septiembre de 2018, en Yajalón; ambos fueron atacados por “motosicarios”.

A estos crímenes se suma –sin que Artículo 19 lo haya registrado– el asesinato del maestro Luis Alberto Amaya López, quien en sus tiempos libres difundía noticias a través de una página que él creó en Facebook. El hecho ocurrió en diciembre pasado, en la localidad de Villacorzo; recibió impactos de bala.

De hecho, Luis Alberto se desempeñaba como docente en La Concordia, una de las regiones más violentas de los últimos años por la disputa de poder entre grupos delincuenciales.

Asimismo, aún no se sabe nada del paradero de Roberto Carlos Flores Mendoza, administrador de la página de noticias Chiapas denuncia ya. Un comando lo “levantó” en septiembre de 2022 cuando caminaba por el estacionamiento de un centro comercial en Comitán de Domínguez.

El caso más reciente en la entidad se vivió a mediados de septiembre, cuando la comunicadora Maryjosé Díaz Flores fue víctima de difamación por parte de Horacio Culebro Borrayas, actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien la acusó, mediante cuentas falsas de Facebook y supuestas páginas de noticias (administradas por su hijo), de intentar extorsionarlo, ya que le pidieron 80 mil pesos.

La acusación se produjo a modo de “venganza” por el servidor público luego de que, con pruebas, Díaz Flores publicara trabajos periodísticos que denunciaban una serie de irregularidades cometidas por el ómbudsperson como: despidos injustificados, descuentos indebidos a los salarios de trabajadores, entre otros actos inmorales cometidos dentro y fuera de la CEDH.

Pese a la indignación del gremio, Horacio Culebro Borrayas, quien también es notario público, aún continúa en el cargo.

Trabajar bajo amenaza

buzos recabó tres testimonios de periodistas que, en los últimos cuatro años, han vivido no solamente amenazas provenientes de servidores públicos como alcaldes o policías municipales o estatales, sino del crimen organizado que los mantuvo “callados”. Para evitar algún tipo de represalia, modificamos los nombres a dos de ellos.

“Rosendo”, uno de los entrevistados, sostiene que reportear en la región fronteriza ha sido complicado, desde Comitán, La Trinitaria y otras como Frontera Comalapa, incluso antes de que Eduardo Ramírez Aguilar tomara posesión como nuevo gobernador del estado, ya no publicó notas informativas relacionadas con la maña. Advierte que varios de sus compañeros no sólo recibieron amenazas verbales, sino incluso hubo quienes fueron “tableados” o desaparecidos, como el caso de Roberto Flores Mendoza en la ciudad comiteca.

Según él, desde hace algunos meses ya pueden publicar los hechos noticiosos con más libertad, aunque deben ser mesurados. “Con el tema de los malos (narcos), los policías incluso se sentían protegidos por ellos. Pero ahora ya no, ahora sí temen a la denuncia”, advierte, y revela: “antes sólo decían: le voy a decir a fulano, voy a llamar a sutano (así los amenazaban)”.

“Rodrigo”, por su parte, es un periodista que se mueve en la región de la Fraylesca de la entidad, en municipios como Villaflores, Villacorzo, Montecristo de Guerrero, El Parral hasta La Concordia. Él y sus compañeros –revela–, también pueden hacer su labor tranquilamente, pero hay un tópico que no pueden tocar: lo relacionado con la delincuencia organizada; “nada de cárteles, nada de muertitos, nadie dice nada, nadie informa nada, ni la misma gente”, asevera.

En su caso, no sólo recibió una amenaza directa, sino que vio cómo mataron, amenazaron o agredieron de muerte a compañeros de la región, como el caso de Ariel Grajales, quien fue baleado en agosto del año pasado en su casa por integrantes de un cártel.

Héctor Narváez, periodista del Soconusco, reconoce que, más que tener problemas o temor a los cárteles, él se ha enfrentado a “embestidas” de presidentes municipales que se molestan por su trabajo periodístico, o como él mismo informa: “con críticas bien fundamentadas”.

Recuerda que el pasado seis de junio, previo al Día de la Libertad de Expresión (siete de ese mes), el presidente municipal de Huehuetán, Sixto López, declaró, durante un acto protocolario en una comunidad, que Narváez lo extorsionaba, “lo que me preocupó, porque no es común que un alcalde haga ese tipo de declaraciones; y por eso pedí el apoyo de compañeros, que me acuerparon”.

Además de difundir un pronunciamiento, reportó que, días después, acudió a la CEDH con sede en Tapachula para presentar una queja; sin embargo, señaló, hasta el momento no hay avances al respecto.

Resulta preocupante –destaca–, pues si un presidente municipal puede hacer públicamente ese tipo de declaraciones, ¿qué se puede esperar en otro contexto?, “sobre todo en contra de un periodista como yo, que sólo ejerce su derecho a la libertad de expresión”.

A la caza de los que alzan la voz

Pese a que el ataque contra periodistas se ha vuelto preocupante, quienes también están en “el limbo” son los activistas y defensores de derechos humanos.

En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) deduce que ciertas agresiones a las personas defensoras de derechos humanos no tienen tanto que ver con el tema que trabajan individual, colectivamente o de forma organizada, sino que intentan infundir descalificaciones entre la sociedad civil para debilitar la voz de los defensores de derechos humanos, hasta llegar al colmo de equipararlos con criminales, o peor aún: “cuando sean asesinados, que nadie condene ni exija justicia por ellos”.

El cuatro de enero de 2019, Sínar Corzo Esquinca, quien defendía a las personas más vulnerables, recibió un disparo en la cabeza, en el centro del municipio de Arriaga. Éste es uno de los casos con más avances: apenas en febrero pasado, el Poder Judicial del estado informó sobre la sentencia de 25 años de prisión dictada a cuatro implicados en su muerte, entre ellos los autores intelectuales.

Pero la lista sigue: para junio de 2019, José Luis Álvarez Flores, encargado de la preservación del mono saraguato y que se oponía a la extracción de arena en el río Usumacinta, fue asesinado a balazos entre los límites de Chiapas y Tabasco; mientras que la ambientalista Nora López de León fue hallada muerta de cuatro puñaladas, dentro de un hostal en el municipio de Palenque, en agosto de ese mismo año.

Otro de los hechos que consternaron a los chiapanecos fue el crimen de Simón Pedro Pérez López, ocurrido el cinco de julio de 2021 cerca del mercado del municipio de Simojovel. En él también se utilizó el mismo modus operandi: un sujeto en motocicleta se acercó y le disparó a la cabeza; el exintegrante de la organización Las Abejas de Acteal caminaba con su hijo menor de edad.

Simón, expresidente de la Mesa Directiva de “La Voz de Las Abejas de Acteal” se convirtió en una voz fuerte contra la violencia que ocurría alrededor de algunos municipios de la entidad como Pantelhó.

Consciente de que “su cabeza ya tenía precio”, el padre Marcelo Pérez Pérez, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, perdió la vida a manos de dos sicarios que le dispararon al salir de misa el domingo 20 de octubre del año pasado, en el Barrio de Cuxtitali, de esa ciudad en la región Los Altos.

A principios de agosto reciente, la Fiscalía General del Estado de Chiapas difundió que Édgar “N” fue sentenciado a 20 años de prisión por el crimen contra el cura. Pese a ese avance, aún no se ha esclarecido la identidad de los autores intelectuales de su homicidio.

Del activismo al “baño de sangre”

El crimen organizado se coló con más fuerza a partir de 2022. Las desapariciones y ejecuciones ya eran el pan de cada día en diferentes regiones de la geografía chiapaneca, pero en algunas era más, como en la Sierra.

Eso lo comprobó José Artemio López Aguilar, maestro de telesecundaria en Chicomuselo quien, por encabezar una marcha por la paz el 12 de octubre de 2023 en ese municipio, halló la muerte a manos de hombres armados que ingresaron a su casa y le quitaron la vida frente a su esposa e hijos.

Para marzo de 2024, como lo documentó el Frayba, Werclain Hernández Domínguez, comisariado del ejido Pablo L. Sidar, fue desaparecido; había participado en la misma marcha que el maestro José Artemio.

A la “lista” se unió Isabel Recinos Trigueros, uno de los líderes del Movimiento Social por la Tierra en Chicomuselo y quien se oponía a proyectos extractivos: de igual manera fue “levantado” y torturado; aunque, para su fortuna, lo dejaron con vida, pero “le apagaron la voz”.

En esa región serrana de Chiapas, quien se oponía a los grupos generadores de violencia, se atenía a las consecuencias, como le ocurrió a 11 personas de la comunidad Nueva Morelia el 12 de abril de 2024; pedían la paz y obtuvieron la muerte como respuesta.

En la mayor parte de los casos, sólo ha habido avances con los autores materiales de los asesinatos; sin embargo, aún queda pendiente lo más importante: saber quién o quiénes ordenaron los asesinatos, desapariciones o atentados.

Los antecedentes

Durante el anterior sexenio morenista y hasta la fecha, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas no dan tregua; la meta es censurarlos de cualquier manera.

Con base en datos de la organización Artículo 19, durante la administración de AMLO fueron asesinados 47 reporteros y reporteras, mientras que, durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el registro es de cinco.

En cuanto a los defensores de los derechos humanos, el panorama también es adverso. Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, del 1° de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, se documentaron 93 ejecuciones, la mayoría de las cuales sucedieron en Oaxaca y Chiapas.

Para el Centro Frayba, con sede en San Cristóbal de Las Casas, otro grupo que también ha estado “en la mira de las agresiones” es el de los defensores de la tierra y el territorio.

En un informe presentado en marzo de este año, se ejemplificó esta teoría: “Los grupos armados de la delincuencia organizada fueron más visibles en el territorio de Chicomuselo, cuando empezó la desestabilización de la zona para tratar de imponer los proyectos mineros que se desarrollarían aun contra los intereses de las comunidades, alcanzando intereses de control político, social, económico y territorial”.

El discurso de odio

La situación es más grave de lo que parece; prueba de ello fue una de las últimas frases anunciadas por AMLO casi un mes antes de dejar la Presidencia: “no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”.

Lo más preocupante –basados en información recabada por buzos– es que los “ataques” continúan en Chiapas y todo el país.

El pasado 27 de agosto, Artículo 19 condenó que el senador Gerardo Fernández Noroña difundiera en su cuenta de X datos y una imagen del supuesto domicilio (y del costo del mismo) de la periodista Azucena Uresti, contenido que resultó falso.

El político respondió de esa manera a la información que Uresti había difundido días antes sobre una propiedad del petista, que se ubica en Morelos, con un valor de 12 millones de pesos, pues fue cuestionado por la opulencia en la que vive y la forma en que consiguió ese inmueble.

“La violencia digital contra las mujeres no es una forma nueva de violencia, sino la continuidad de la que se vive sistemáticamente en la esfera física”, expuso Artículo 19 y agregó: “De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, el doxeo (revelar datos personales) y la difusión de información privada de mujeres y niñas las expone y coloca en una situación hostil debido a que puede ser origen de otras violencias como la física o sexual organizadas por grupos de usuarios de redes sociales”.