De acuerdo con organismos, esta decisión busca privilegiar la seguridad de los participantes y garantizar condiciones logísticas adecuadas.
CDMX
Denuncian violaciones a derechos humanos por desalojo en Centro Histórico de la CDMX
Sin previo, alrededor de 100 uniformados desalojaron a 19 familias y varios comercios de sus locales
Habitantes de edificio ubicado en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, denunciaron violaciones a sus derechos humanos después de ser desalojados a la fuerza de sus viviendas el pasado 27 de agosto.
El desalojo, realizado por más de 100 agentes policiales, afectó a 19 familias y varios comercios que habían habitado el inmueble por décadas. "Tenemos severos problemas. Nos despojaron de nuestra vivienda, una más de todo el desmán que se está haciendo con la gentrificación”, expuso ayer el vecino Manuel Gómez Tello, en conferencia de prensa frente al edificio.
Los vecinos denunciaron que el desalojo fue violento y sin previo aviso, y que sus pertenencias fueron dañadas o robadas. "Llegaron rompiendo puertas, candados, se metieron, nos saquearon, nos robaron”, denunció Arturo Velázquez de 65 años y uno de los afectados.
Además, afirmaron que los agentes estaban acompañados de “más de 150 delincuentes” (lanzadores) que se repartieron sus pertenencias. Aseguran tener pruebas de ello y anunciaron que las harán públicas en próximos días.
En la conferencia de prensa, los vecinos exigieron el retorno inmediato a sus viviendas y claridad en el proceso jurídico. También solicitaron acompañamiento para denunciar las violaciones a sus derechos humanos.
En tanto, el abogado de los denunciantes, Arturo Aparicio, detalló que el inmueble fue reclamado tras un juicio entre particulares iniciado en 1992, pero los inquilinos continuaron pagando rentas a una empresa que no acreditó ser representante legal del propietario.
La madrugada del miércoles 27 de agosto, 19 familias y varios comercios fueron desalojados forzosamente y sin previo aviso del referido inmueble, en un operativo a cargo de fuerzas policiales. Los vecinos y comerciantes resultaron afectados debido a que los objetos personales, mercancías y dinero fueron tirados a la calle o robados, situación que los afectó económicamente.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México afirma que el desalojo fue realizado por orden judicial y que la participación de los policías fue únicamente para acompañar la diligencia. Sin embargo, los vecinos y su abogado denuncian que el operativo fue violento y que no se respetaron sus derechos humanos.
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