Uno piensa inmediatamente en la película Wag the Dog (o Mentiras que matan, como se tituló en Argentina), aquella en la que Robert De Niro interpreta al doctor Brean, un Joseph Goebbels o a un Jaime Durán Barba, pero del centro del imperio, para inventar una historia (y una guerra, en Albania) que distraiga al vulgo de un hecho que puede perjudicar al gobierno local. El encargado de armar esa flor de fake news, de las que por cierto ha habido a lo largo de toda la historia, pero que ahora se desmadraron por los masivos dispositivos a mano para replicarlas, es un productor de Hollywood interpretado por el actor Dustin Hoffman. 

Casi treinta años después, en el Capitolio, el representante (diputado) republicano de Kentucky, Andy Barr, quien vive con su esposa y sus tres hijos rubiecitos en Lexington y quiere “restablecer el sueño americano”, presentó un proyecto de ley para establecer un fondo multimillonario que buscará “frenar la influencia maligna” de China y en la votación obtuvo aprobación bipartidaria, con 351 votos a favor y 36 en contra. 

La ley (Act HR117) autoriza un “Fondo para Contrarrestar la Influencia Maligna de la República Popular China” con 325 millones de dólares anuales para los años fiscales 2023 a 2027 y que combatan “la influencia global del Partido Comunista Chino”. Es una cifra interesante: 1.600 millones de dólares en todo el ciclo. En un solo año, por ejemplo, duplica el presupuesto actual de la cadena de televisión por cable CNN. 

¿Cuántas operaciones Albania como las de la película citada podrían financiarse con ese dineral? ¿Cuántas operetas de influencia en la opinión pública, para las cuales siempre hay prestos algunos comunicadores y funcionarios de tantos países? 

En los fundamentos de la ley, todo transparente (vamos, hablamos de una democracia real) se señala que los fondos apoyan iniciativas para “contrarrestar la desinformación del PCCh, promover la transparencia, reducir la corrupción y combatir prácticas económicas coercitivas como las vinculadas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta China”. Se trata del principal instrumento de política exterior de China, al que se han adherido un centenar y medio de países que buscan, y en muchos casos consiguen, obras de infraestuctura. ¡¿A cambio de qué?!, gritan/preguntan furiosos algunos periodistas o funcionarios cuando China contribuye con sus vacunas en la pandemia o cuando anuncia una inversión en un puerto o en una ruta. Quizá ahora que tienen nuevo y más cuantioso presupuesto, lo griten/pregunten más seguido, en tanto se exacerba la guerra híbrida global. 

Según la legislación que ahora pasó al Senado, un alto funcionario del Departamento de Estado supervisará las iniciativas del Fondo, “asegurándose de que se alineen con las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos e incluyan informes anuales al Congreso sobre la eficacia de las actividades financiadas”. 

El State Department y la agencia USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un objetivo no verificable) serán los encargados principales de distribuir los fondos para “subvencionar a medios de comunicación y fuentes de la sociedad civil de todo el mundo que contrarresten la ‘influencia maligna’ china a nivel global”. 

Al comentar la noticia, comparar presupuestos y criticar el gasto federal que se producirá por esta ley, el medio estadounidense Responsible Statecraft publicó que “el principal órgano de coordinación de los esfuerzos de información de Estados Unidos, el Global Engagement Center (GEC) del Departamento de Estado, tiene un presupuesto anual de menos de 100 millones de dólares”. 

El autor de la nota concluye que “la abrumadora mayoría bipartidista a favor de la HR 1157 (el proyecto en cuestión) es una instantánea de una cultura en Washington que parece no ver el riesgo para los valores e intereses de Estados Unidos cuando participamos en las mismas actividades encubiertas que criticamos en otros países”. 

Es que justamente Estados Unidos es un país cuyo sistema político y mediático viene criticando que, al menos desde las elecciones de hace diez años, hay injerencias extranjeras en su sistema electoral tan preciado. Pareciera entonces que Washington opina de otro modo cuando se trata de sus operaciones de propaganda en países extranjeros. 

Calificar de “maligna” a China es ya un clásico en las últimas declaraciones oficiales u opiniones de EE. UU., desde el presidente saliente Joe Biden hasta la jefa del Comando Sur Laura Richardson, que repite el concepto como una letanía cada vez que patrulla América Latina, lo que hace seguido. 

Como la nueva ley no observa requisitos o condiciones, se puede sospechar que, por ejemplo, el programa sirva para subvencionar mensajes encubiertos antichinos de forma similar a aquellos en los que se acusa a Rusia de financiar encubiertamente mensajes antiucranianos de personas influyentes de los medios de comunicación estadounidenses, han dicho las voces críticas a esta iniciativa. 

Ciertamente, la palabra “maligno” es lo suficientemente ambigua y amplia como para justificar todo tipo de operaciones. Pero se entiende que, básicamente, los fondos servirán para poner siempre en duda acciones o inversiones chinas en otros países. Y que difícilmente se conocerán los detalles, porque varios aspectos de las operaciones de información de EE. UU. podrían estar clasificadas. 

En Naruvu como en Ucrania y Argentina 

Responsible Statecraft incluyó en su nota un caso práctico de cómo podría operar este fondo. Se trata, en el ejemplo hipotético, de contrarrestar la influencia china en el país africano ficticio de Naruvu. Allí, los miembros de un equipo de Asuntos Civiles de las Fuerzas Especiales ven un cartel publicitario con la imagen de un puerto y caracteres chinos (bien podría ser el que construye el grupo chino COSCO en Chancay, al norte de Lima, que será el más grande de Sudamérica y se inaugurará dentro en dos meses, visita de Xi Jinping a Perú incluida). Determinando rápidamente que los chinos están invirtiendo en un nuevo puerto de aguas profundas en Naruvu, se trazan estrategias para inflamar antiguas fricciones entre los trabajadores naruvianos y las empresas chinas. En pocos días, las protestas apoyadas por el ODA (Destacamento de Operaciones de Fuerzas Especiales Alfa), por ejemplo como se apoyó el Euromaidan, es decir el golpe de Estado en Ucrania, en 2013, uno de los antecedentes de la guerra actual, estallan alrededor de las sedes de las empresas chinas y de su embajada en Ajuba.  

Enfrentada a una campaña de propaganda combinada con un intenso malestar laboral, la empresa china se ve obligada entonces a dar marcha atrás en su proyecto de puerto y abandona Naruvu. (El caso que imagina el medio tiene un final algo hollywoodense: las fuerzas especiales estadounidenses irrumpen en las oficinas de la empresa constructora, confiscan los planos del puerto y descubren que, en realidad, se trata de un complot chino para emplazar misiles de largo alcance en Naruvu y amenazar la navegación atlántica estadounidense). 

¿El caso de las granjas porcinas en Argentina, más allá de errores que se cometieron en el gobierno de Alberto Fernández para encararlo, no tuvo nada que ver con esto? ¿Quién financió la tremenda campaña en contra del proyecto? Quizá en otros países están más a resguardo: la USAID ya fue expulsada de muchos, desde Bolivia a Rusia. 

Medios estadounidenses han señalado que durante la presidencia de Donald Trump, el Global Engagement Center (GEC) del Departamento de Estado, probable receptor de muchos de estos fondos, apoyó ataques contra críticos estadounidenses de la política de Trump en Irán. Más recientemente, los conservadores del Congreso han afirmado que el GEC ha abogado por la censura de las voces conservadoras que no están de acuerdo con las políticas exteriores de Biden. Como se señaló ya, la aprobación de la HR 1157 fue abrumadora y bipartidista, es decir, con apoyo Demócrata y Republicano, en otras palabras, que hay un consenso muy fuerte en llevar adelante estas prácticas. Se verá qué hace el Senado, pero en esas condiciones no deberían esperarse cambios muy grandes. 

Una década antes de que subiera a la pantalla Wag the Dog, John Stockwell, oficial de la CIA durante 13 años, denunció que EE. UU. mató al menos a seis millones de personas a base de golpes de Estado y cambios de regímenes políticos en todo el globo, sostenidos en financiamientos de campañas mediáticas y por otros canales como ésta con media sanción ahora. Stockwell dijo entonces: “Derrocamos democracias que funcionaban en más de 20 países. Manipulamos elecciones en docenas de países, creamos ejércitos y los pusimos a luchar contra gobiernos enemigos. La CIA mató como mínimo a seis millones de personas”.