La 87ª Convención Bancaria se celebró en Acapulco hace algunas semanas. A ella asistieron los directivos de las instituciones financieras más importantes del país, así como varios representantes del gobierno actual y, quizás la asistencia más relevante fue la de los candidatos a la Presidencia de la República Mexicana. Así quedó patente la relación estrecha entre el Estado mexicano y el sector bancario. En el evento, el actual Presidente se despidió de los empresarios diciendo “me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”. Esos compromisos consisten, principalmente, en mantener los impuestos al sector bancario en un nivel bajo, que aseguren un buen margen de ganancias, es decir, no hacer una reforma fiscal que contribuya a un sistema más progresivo.

La declaración del presidente López Obrador no pudo ser más cierta. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el año 2023, los bancos que operan en México registraron ganancias de 248 mil millones de pesos; esto es, 12.1 por ciento más que en 2022. Como no podía ser de otra manera en un sector oligopólico, las ganancias se concentran en los seis bancos más grandes, a saber, BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Scotiabank, con 73.5 por ciento del total.

En dicha reunión, los tres candidatos a la Presidencia también tomaron el micrófono para ofrecer sus propuestas económicas para el sector bancario mexicano y, como el mismo presidente actual lo hizo en su momento, ganarse sus favores. Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, mencionó que ella sería una aliada y que resolvería los problemas del sector. Por su parte, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, aseguró que el incremento en el gasto fiscal no duraría mucho y que pronto regresaría a la responsabilidad fiscal. Esto significa menor gasto público, la base de las políticas neoliberales, a costa de la atención de las necesidades de los trabajadores. Tanto Xóchitl como Claudia plantean el mismo modelo para México: proteger las ganancias del largamente privilegiado sector bancario, aunque de palabra digan ser ofertas políticas distintas.

La relación entre el Estado y la banca privada en México, tan estrecha y de franca subordinación del primero a la segunda, no es exclusiva de nuestro país; forma parte de una dinámica global en la que los mercados financieros tienen en sus manos las economías nacionales, como la mexicana. Las políticas neoliberales asumen que el crecimiento de los mercados financieros es una garantía de eficiencia en la asignación de recursos que, mediante los bancos, se canalizan de los ahorradores a los sectores productivos más rentables. Sin embargo, en la realidad, el crecimiento del sector financiero y sus mercados han producido un riesgo sistémico en la economía, convirtiendo en instrumentos y materiales ligados a dinámicas de valorización y especulación ajenos a los circuitos de producción, que lejos de resolver necesidades sociales reproducen y amplían las desigualdades económica y social.

Las tasas de ganancia de la banca mexicana se mantienen sin importar que sean épocas de crisis o de bonanza, de la 4T o de la oposición. Los mercados así de exitosos no se crean de forma natural, sino que requieren de una fuerte, decisiva y sofisticada intervención del Estado que garantice su funcionamiento. Las opciones de gobierno para los próximos seis años que aparecerán en la boleta del próximo 2 de junio no proponen cambiar las relaciones con el regalado sector bancario. Como queda de manifiesto en los resultados, ni siquiera la candidata de la 4T, a pesar de su fraseología revolucionaria está dispuesta a cambiar el statu quo. Así, nada tienen que temer los banqueros de los resultados de la elección.