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El uso y abuso de las adjudicaciones directas como método de contratación del gobierno es uno de los problemas que abre más posibilidades para el desperdicio de recursos, el tráfico de influencias y, en general, para la corrupción y la impunidad.
Si bien su uso se encuentra permitido en diversos supuestos, la ley señala que este tipo de procedimiento debería ser utilizado sólo de manera extraordinaria y que, por el contrario, la mayoría de las contrataciones del gobierno deberían de hacerse mediante licitaciones públicas.
Incluso la nueva administración de López Obrador estableció en su Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían prohibidas durante su sexenio.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informó que mantiene un seguimiento constante de las compras gubernamentales, con especial atención en los procesos de adjudicación directa.
Al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2 por ciento del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8 por ciento de las ocasiones. Más de tres de cada cuatro contratos del gobierno se han dado por adjudicación directa.
Contratos registrados en Compranet durante 2020, por tipo de procedimiento
Cuando se observan los montos, esta proporción cambia, pues de los 290,591 millones de pesos que representan todos los contratos firmados hasta este momento, 137,585 millones han sido dados en licitación pública (47.4 por ciento del total), mientras que por adjudicación directa se han entregado 98,839 millones de pesos (34.2 por ciento). Esto significa que los contratos por licitación pública, al ser menos en cantidad, son procedimientos que reparten montos más grandes.
En promedio, los contratos por licitación pública son por 12.7 millones de pesos. En contraste, el importe promedio de cada contrato por adjudicación directa es de 1.5 millones, pero, al tratarse de una cantidad total de contratos seis veces superior a la de las licitaciones públicas, se revela una de las áreas de riesgo más importantes de las adjudicaciones directas: miles de «pequeños» procedimientos escapen de la vigilancia ciudadana y atención mediática que usualmente sólo se concentran en algunas grandes contrataciones.
Precisamente por ello, en las adjudicaciones directas es donde se esconden múltiples escándalos de corrupción, tanto de la administración anterior, como de la actual: ahí han aparecido compañías propiedad de la clase política actual y pasada, hijos de funcionarios, amigos de políticos, empresas fantasmas y un largo etcétera. Por mencionar un episodio reciente, una investigación periodística reveló que en 2019 un grupo de 171 empresas fueron creadas y, tan sólo unos días después de su conformación, ya habían recibido 561 contratos con dependencias del gobierno por 366 millones de pesos. La clave: siete de cada diez de esos contratos fueron entregados por adjudicación directa.
La política de AMLO de “abrazos, no balazos”, no está funcionando y para muchos analistas se interpreta como un claro mensaje de impunidad hacia los grupos criminales.
Nos queda claro que solo la movilización y la presión social va a hacer que podamos modificar la decisión de la SCJN. No descartamos que tengamos que realizar una lucha prolongada.
En la primera mitad de 2021, la organización Artículo 19 registró 362 agresiones contra el gremio, de éstas 134 fueron propinadas por agentes del Estado.
Expertos señalan inviabilidad del proyecto.
La Secretaría de Salud informó este jueves que las muertes por la enfermedad ascendieron a 246 mil 811, mientras que los casos confirmados llegaron a 3 millones 045 mil 571.
El Presupuesto de Egresos de la Federación del año que entra (PEF2021) no prevé ningún incremento real en el gasto destinado a las instituciones de educación superior y se limita a ajustar el de 2020 con el alza de la inflación prevista (3.4 por ciento).
Ante esta situación la jefa de gobierno, exhortó a los ciudadanos que hagan un proceso de reflexión sobre lo que representa el monumento.
El hombre que ha sido el vocero de la presidencia durante la lucha contra la crisis sanitaria se ha inclinado por el discurso político antes de actuar como verdadero investigador.
Este año pinta igual de malo o peor, ya que el Gobierno Federal, encabezado por AMLO, canceló todos los apoyos a los campesinos laguneros.
De acuerdo con su reporte mensual, los estados con más víctimas de secuestro el mes pasado son Veracruz (39), Estado de México (35), Ciudad de México (11), Puebla (7).
El levantamiento del cuerpo se realizó según los usos y costumbres locales.
Según el abogado, en esta ocasión, su cliente -el hijo de El Chapo- no fue torturado como se aplicaba en anteriores administraciones.
El próximo 1° de diciembre se cumplen cuatro años de "transformación", con un incremento de la pobreza; estancamiento de la economía; fracaso en el combate a la corrupción y la inseguridad pública; con la todavía promesa de un sistema de salud eficiente.
El presidente López Obrador justificó la falta de obra pública atribuyéndolo al “elefante reumático” y no a los recortes que su administración ha venido realizando en el ramo 33.
Hoy, Oaxaca llora a tres campesinos que fueron asesinados el lunes cinco de octubre y la autoridad estatal muestra indiferencia para hacer justicia.
Escrito por Redacción