El sexenio que corre será recordado por haberle correspondido un gobierno excepcional; excepcional, no porque se propusiera (y aún se propone) llevar a cabo la cuarta de las transformaciones históricas de México, sino por haber enfrentado simultáneamente varias crisis (sufridas solamente por el pueblo).

A dos años y unos pocos meses del término de su mandato, el gobierno de la “Cuarta Transformación” ha tenido que conducir al país en medio de una crisis económica y aún no puede salir de la crisis sanitaria que lo encontró desprevenido y con una población inerme ante el azote mundial. A estas dos crisis se vino a sumar el agravamiento de la inseguridad pública, problema existente desde antes de 2018, pero que en cuanto la 4T asumió el mando, comenzó a agravarse junto con su causa, la violencia en todas sus formas (homicidios dolosos, feminicidios, robos con violencia, asaltos, secuestros, violencia política, violencia familiar, etc.), hasta convertirse en una nueva crisis, la crisis de la seguridad pública. Éste es el tema que trata esta semana nuestro Reporte Especial.

Antes de que finalice el cuarto año de su mandato, el Presidente de la República ha afirmado públicamente que durante su gobierno disminuyó la violencia y, con ella, la inseguridad de los ciudadanos; en esta disminución ha jugado un papel importante la participación del Ejército en la seguridad pública y que éste, junto con la Guardia Nacional, ha contribuido a dar protección a los ciudadanos.

Contra las apreciaciones del Presidente, investigadores, observadores y organizaciones especializadas, basándose en datos oficiales, afirman todo lo contario: aseguran que la inseguridad pública del país ha alcanzado un máximo histórico en lo que va del sexenio; y que hoy es el más urgente de los problemas que debe atender el Gobierno Federal; que no existe una estrategia de seguridad pública y que el lema “abrazos, no balazos” (aceptado por el Presidente como su política contra la delincuencia) no ha sido eficaz, no ha tenido buenos resultados. Reportan anomalías en las estadísticas oficiales sobre los delitos cometidos en el país, por ejemplo, la reclasificación, la omisión de crímenes cometidos en las entidades y no considerados en los registros federales y las llamadas “cifras negras”, es decir, los delitos no denunciados por las víctimas que, según estadísticas oficiales, representan un altísimo porcentaje en los últimos años. De no existir tales irregularidades, se conocería el número real de los más graves delitos de 2018 hasta nuestros días y nadie podría presumir que han disminuido; habría un mejor análisis de las instituciones con fines de evaluación pública y de aquellas encargadas del diseño de estrategias de acción.

Señalan, además, algunas de las características que debe tener una buena estrategia de seguridad pública, como reforzar las corporaciones policiacas locales con recursos humanos y equipo, tomar en cuenta la diversa densidad de población que tienen las entidades, entre otras. De todo esto hablan hoy los especialistas consultados por buzos de la noticia.