El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está más concentrado en hallar una forma de mostrar la supuesta eficacia de su proyecto “abrazos no balazos”, que en cumplir la principal responsabilidad de un gobierno que es garantizar seguridad de la población.

En efecto, se ha obstinado en promover su imagen pública con base en el uso de frases populares y evasivas como que “tiene otros datos”, que en cumplir con sus obligaciones gubernamentales mientras la situación de violencia criminal que asuela al país es cada vez más cruel y notable por el número de delitos graves como el homicidio doloso con premeditación, alevosía y ventaja.

Investigadores especializados de la organización civil Causa en Común (CC) informaron haber detectado anomalías que apuntan hacia una probable tergiversación de datos, por parte del Gobierno Federal, de las denuncias de delitos reportadas por las fiscalías estatales.

En su estudio Un país sin denuncia… y probable manipulación y ocultamiento de información, concluido en marzo de 2022, especialistas de CC concluyen que en la información oficial sobre actos delictivos cometidos en los primeros tres años del actual gobierno hay anomalías, particularmente en las estadísticas de los delitos homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a transeúnte con violencia y narcomenudeo.

Advierten que estas irregularidades ponen en duda la veracidad de los informes gubernamentales, el análisis con fines de evaluación pública y rendición de cuentas a la sociedad, además de que obstaculizan el de las instituciones académicas, organizaciones civiles e incluso el de las instancias gubernamentales dedicadas al diseño de estrategias de acción.

Entre las irregularidades están la reclasificación de delitos a fin de hacer pasar homicidios dolosos (premeditados) como muertes accidentales, y la omisión de ilícitos graves de los estados informados en los reportes federales, como ocurre con frecuencia en las “mañaneras”.

Un ejemplo de la “reclasificación” practicada por el Gobierno Federal se dio en Coahuila, cuando se informó que en dicha entidad se registró una disminución del 36 por ciento en el número de víctimas de asesinatos de 2020 a 2021, pero que hubo “un incremento del 26 por ciento en los homicidios accidentales”.

En este marco se detectó, además, un “subregistro” de delitos, en que el ilícito se denunció a una fiscalía estatal pero no consta en los informes oficiales del Gobierno Federal.

A esto se suma el problema de la “cifra negra” de delitos, es decir, los que las víctimas omiten denunciar ante las fiscalías por desconfianza hacia las autoridades, revelan los especialistas de CC.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) 2021, concluida en septiembre de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que el año pasado se dejó de denunciar el 93.2 por ciento de los delitos, cifra similar al 93.3 por ciento registrado en 2020. El pasado 10 de agosto la organización CC reportó que durante el primer trimestre de 2022 se observó un notable incremento en la “cifra negra” de los delitos de feminicidio, robo a transeúnte con violencia, extorsión, violencia familiar y narcomenudeo.

Consultada por buzos, Angélica Canjura, coordinadora de Análisis Delictivo en CC, dijo: “las organizaciones, académicos, institutos de investigación, e incluso las instituciones de la Administración Pública Federal requieren datos transparentes, veraces, objetivos para poder hacer un análisis de los resultados de las políticas públicas y la definición de estrategias.

“Esto es mucho más importante que cualquier simpatía política que se pueda tener o que se pueda perder por los datos de incidencia delictiva… es una situación incluso perversa el hecho de que no haya datos claros”, sostuvo.

Canjura agregó que más allá de los datos en números hay una sensación de inseguridad pública entre la población: “la percepción de la ciudadanía es que su ciudad es insegura; no puede tener un negocio en su comunidad, o bien, que esté siendo amenazada, esté siendo una víctima de las que se encuentran en el grueso de la cifra negra en el país”.

Pero el Presidente se ha empeñado en imponer sus “otros datos” a los que provengan de instituciones independientes e incluso de las dependencias del propio Estado mexicano pero que no coincidan con los suyos.

Otros especialistas han resaltado la confusión que AMLO ha provocado cuando habla de “abrazos no balazos” como una política de seguridad pública, aunque en realidad se trata de una imagen retórica con la que invoca a uno de sus programas sociales con el que mediante la entrega de apoyos monetarios intenta evitar que los jóvenes se integren al crimen organizado.

Mientras tanto, aun la evaluación más complaciente con relación a la actuación de las corporaciones policiacas en el actual gobierno no deja de advertir que los graves problemas de inseguridad pública que hay en el país se deben a la ausencia de una estrategia en esta materia.

Sin estrategia ni rumbo

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC) dijo a buzos: “el Gobierno Federal no tiene un plan, no tiene una estrategia, no ha destinado los recursos necesarios. Creo que los ciudadanos debemos tomar en consideración eso.

“El problema es que el Presidente hace uso del micrófono para mentir; todos los meses sale la Secretaria de Seguridad Pública a dar información abiertamente falsa o presentada de manera muy engañosa y hay gente que le cree”, enfatizó el director del ONC.

Angélica Canjura apuntó que Causa en Común ha repetido que una estrategia de seguridad pública no solo debe centrarse en la utilización de las fuerzas federales, sino también en fortalecer las corporaciones policiacas de los estados que en su mayoría han sido abandonadas.

Debido a la eliminación de recursos públicos federales que se destinaban a fortalecer las policías estatales, solo algunos gobiernos como los de Querétaro y Chihuahua han podido mantener un adecuado cuerpo policiaco estatal civil, explicó.

En la mayoría de los poco más de dos mil 500 municipios del país tampoco existe una corporación eficiente y la mayoría de sus integrantes son pocos y carecen de equipo y armamento adecuados.

Canjura dijo, además, que una estrategia para la seguridad pública federal debe definir con claridad dónde y cómo van a actuar las fuerzas federales en las entidades federativas, según sus condiciones de seguridad y asumir la responsabilidad de fortalecer las corporaciones policiacas locales.

“El problema aquí es que, al no existir estrategia, todo se trata de la misma forma, y entonces tenemos un despliegue tanto de fuerzas armadas como de Guardia Nacional entre estados que es tan dispar que algunos no tienen una incidencia tan alta comparados con otros que sí la tienen.

“Pero tampoco hay un despliegue que obedezca a la densidad poblacional –número de habitantes en cada zona en específico– y a ningún otro de los detalles que deberían tomarse en cuenta. Es por eso que desde CC vemos que el problema es que no hay una estrategia”, afirmó Angélica Canjura.

Sobre la actual situación de inseguridad en México, Francisco Rivas dijo a buzos que hay un aumento histórico en la cantidad de homicidios y la comisión de delitos en general.

En cuanto a los homicidios, Rivas informó que en lo que va de 2022 se ha registrado una disminución, pero aclaró que esta “reducción que reportan no es significativa en términos de cómo estaba el país al inicio del sexenio; el otro aspecto a destacar es que también han desaparecido 60 mil personas que nadie ha localizado…

“De esas 60 mil personas hay una alta probabilidad de que muchas hayan sido víctimas de homicidio doloso y que simple y sencillamente no están registrados como tales, porque, insisto, simple y sencillamente nadie los buscó.

“Estamos en máximos históricos en delitos como la extorsión, privaciones ilegales de la libertad, violencia de género, violencia familiar, violaciones; estamos en máximos históricos en trata de personas, en robo de transporte de carga, es decir, en una situación crítica…

“En ese sentido, no hay evidencia de que el aumento de la presencia de fuerzas federales, y particularmente de las fuerzas armadas en labores de seguridad, haya tenido un efecto para reducir la violencia en el país”, afirmó Rivas.

Las atrocidades en 2022

Entre enero y agosto de 2022 se reportaron 134 crímenes clasificables como “atroces” porque fueron cometidos con extrema violencia y crueldad. Su número reporta un incremento del 13 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2021, dice un análisis sobre este tema reportado el ocho de septiembre por especialistas de CC.

Al detallar las atrocidades, CC dijo que en los primeros ocho meses de 2022: “se registraron al menos 342 masacres; mil 144 casos de tortura; 562 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 525 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 247 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”. El total es de siete mil 118 víctimas.

En su informe Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios, la organización civil describe que estos crímenes con extremo grado de violencia ocurrieron sobre todo en los estados de México, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Zacatecas y Baja California.

La cantidad de víctimas de hechos ilícitos durante 2021 fue de 22.1 millones de personas, cifra 2.9 por ciento superior a la registrada en 2020, según se desprende de la mencionada ENVIPE 2021 del Inegi.

En un informe divulgado en septiembre de 2022, esta institución informó que el “costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2021 fue de 278.9 mil millones de pesos (mdp); el gasto de los hogares en la aplicación de medidas preventivas fue de 104.6 mil mdp y el perjuicio específico para las víctimas de 174.4 mil millones de pesos.

Otro hecho reportado por el Inegi es el alza en la percepción de inseguridad pública por parte de la población, marco en que también creció la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

El estudio de opinión precisa que el 61.2 por ciento de las personas con 18 años y más expresó que la inseguridad es el problema más importante que le aqueja y que la mayoría de los consultados fueron mujeres que declararon sentirse inseguras en lugares públicos y privados.

Peripecias de los “otros datos”

Durante la mañanera del 22 de septiembre de 2022, el periodista mexicano Jorge Ramos, quien labora para la cadena Univisión/Televisa, le dijo al presidente AMLO que su gobierno ya era el más violento de la historia moderna de México, con 126 mil 206 asesinatos, según cifras oficiales.

Ramos hizo ver que, en tres años y ocho meses del gobierno actual, iniciado el 1º de diciembre de 2018, esos homicidios integran una cifra superior a los 124 mil 478 de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y la de los 121 mil 683 en el de Felipe Calderón.

AMLO persistió en oponer sus “otros datos” en contraste con los citados por Ramos, quien argumentó que estaba citando datos de su gobierno, es decir, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) e incluso del Inegi.

 “… éstas son las cifras de su propio Gobierno… su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado… si usted no corrige las cosas se van a poner mucho peor… al final cuando usted entregue el poder en octubre de 2024 va a haber 191 mil muertos”, destacó Ramos.

AMLO respondió: “…No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón en los datos; te muestro mis datos; nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros que deben darse a conocer”.

AMLO insistió en que su gobierno ha logrado una disminución en los homicidios de 10.6 por ciento de 2019 a la fecha. “Ya empezó a dar resultados nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas; vamos a reducir, vamos a seguir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista. Por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, está dando resultados”.

Según los reportes oficiales, a 33 meses del inicio de este gobierno, entre el 1º de diciembre de 2018 y septiembre de 2021, se superaron 100 mil homicidios dolosos con el registro de 100 mil 344; mientras que en febrero de 2022 aumentaron a 110 mil.

Hasta el 30 de abril de 2022 se habían reportado oficialmente 118 mil 732 homicidios dolosos; en junio, cuando el gobierno actual cumplía 42 meses, eran 121 mil 655 y al cierre de agosto se ubicaron en 126 mil 206, superaron los ocurridos en el mismo lapso de los anteriores gobiernos.

En un informe actualizado al 1º de septiembre los especialistas de CC revelan que entre el 1º de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2022 se habían registrado 126 mil 595 asesinatos; los feminicidios se mantuvieron al alza con menos cinco mil 237 casos.

CC resaltó también que, con 16 casos hasta septiembre, este año se está convirtiendo en el periodo anual con más asesinatos de periodistas en lo que va del Siglo XXI; en tanto que se habían reportado 855 mil casos de violencia familiar, 216 mil robos con violencia, 34 mil extorsiones y cuatro mil 100 secuestros.

La agencia especializada en análisis de datos TResearch indicó que al 19 de septiembre de 2022 se habían cometido 133 mil 995 homicidios dolosos en lo que va del gobierno de AMLO.

Militarismo y policías

Al cierre de esta edición en el Senado de la República se mantenía en suspenso la aprobación de la reforma constitucional presentada por una facción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su dirección nacional y sus diputados federales, pero que presuntamente fue impulsada desde la Presidencia de la República para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles de 2024 a 2028.

El proceso legislativo quedó suspendido el pasado 21 de septiembre cuando los morenistas retiraron el proyecto para devolverlo a comisiones de estudio, al advertir que les faltaban votos para sacarla adelante debido al rechazo de los senadores opositores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del propio PRI.

Organizaciones civiles mexicanas e internacionales han resaltado el riesgo de que los derechos humanos en el país pudieran ser violentados si soldados y marinos permanecen otros cuatro años más en labores de seguridad pública, tarea atribuida constitucionalmente a policías civiles y para la que no están preparados los militares.

Una de las más destacadas denuncias es la de Human Rigths Watch, organización internacional que critica también una posible intensificación de la militarización en México, recordó recientemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido reiteradamente que los militares “solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas”.