La globalización expresada en sus distintas formas significó el dominio absoluto del capital financiero en el nivel internacional y fue comandada por Estados Unidos (EE. UU.). México es también parte de esta historia de sometimiento. La anhelada independencia de nuestro país sigue pendiente si revisamos su historia reciente, que comienza con la crisis de la deuda de 1980, pues inauguró una nueva forma de dominación del gran capital trasnacional. 

La crisis fue fruto del exceso de capital dinerario en manos de sus monopolistas internacionales: los bancos de la City y Wall Street. Como solución para la valorización de su capital, comenzaron a prestarlo sin muchas trabas a los gobiernos de los países pobres. México, para 1983, estaba en una situación en la que el 81 por ciento de la deuda externa estaba en manos de los bancos privados, la mayoría estadounidenses: Citicorp, Bank of America, Chase Manhattan y J.P. Morgan. En 1979, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU. incrementó drástica y unilateralmente las tasas de interés de los fondos federales. Estas tasas se toman como referencia para los contratos internacionales de deuda privados y públicos, por eso, el servicio de la deuda de México se disparó también. Por otro lado, la burguesía mexicana comenzó a relocalizar sus dólares en EE. UU. 

El pago de la deuda externa fue insostenible. El capital financiero internacional se organizó en un cártel de acreedores, pues muchos países de las regiones latinoamericana y africana ya no podían pagar el servicio de la deuda y las inversiones del capital financiero estaban en peligro. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense, cabezas del cártel, acordaron prestar divisas a México, pero con la condición de destinar los ingresos obtenidos con ese nuevo crédito al pago de los intereses de los grandes acreedores y hacer cambios sustanciales en el modelo económico. 

La situación permitió que los principales puestos de gobierno en 1982 fueran ocupados por gente adepta a la doctrina económica neoliberal, incluyendo la Presidencia de la República. Esta nueva clase política aceptó las medidas de austeridad impuestas por el cártel en el Estado mexicano: política fiscal regresiva, venta de empresas públicas, eliminación de precios de garantía, recorte del gasto público en materia social, etc., con el objetivo de cumplir con los acreedores, a costa de las clases trabajadoras mexicanas. 

La crisis sólo se resolvió hasta 1989 con el Plan Brady, impulsado por el Secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady. Consistía en una reestructuración de una parte de la deuda mediante la emisión de títulos, conocidos luego como “Bonos Brady”, que permitió el desarrollo del mercado de bonos y convirtió la deuda en activos transables. No redujo la deuda sustancialmente, pero sí restauró la confianza del capital financiero internacional en el país. Para la implementación del Plan, fue condición la liberalización de la cuenta financiera de la balanza de pagos, es decir, que los capitales pudieran entrar y salir sin ninguna restricción, lo cual reforzó el sometimiento a los mercados financieros internacionales.

A principios de 1990, México fue gran receptor de capital especulativo que buscaba mayores rendimientos, con una cuenta financiera completamente liberalizada. Durante 1990-1993 recibió casi la mitad de los capitales extranjeros que llegaron a América Latina, invirtiendo en bonos del gobierno y fundamentalmente en acciones empresariales. El oligopolio de las agencias calificadoras también ponía a México como un paraíso para invertir, alimentando la especulación.

Un nuevo aumento de la tasa de interés en EE. UU., la desaceleración económica y los eventos políticos de 1994 provocaron la salida masiva de los capitales. Como consecuencia, los primeros días de 1995, México estaba al borde de una moratoria. Intervino entonces el Tesoro estadounidense, no por buena voluntad, sino porque la mayoría de la deuda era con Wall Street: implementó un rescate de 50 mil millones de dólares. Para este gran préstamo que detuvo la corrida, se firmaron acuerdos donde la soberanía de México en materia financiera y fiscal quedó sometida a los acreedores.

En suma, la integración del país a la globalización financiera fue un proceso subordinado a los intereses del capital financiero con la anuencia de la gran burguesía nacional y en perjuicio de las grandes mayorías. La reconfiguración del Estado mexicano con nuevas instituciones y nuevas formas de funcionamiento que trajo consigo la globalización neoliberal, no ha cambiado desde entonces.