Uno de los temas más controvertidos en los últimos días ha sido la iniciativa de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados para modificar diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica que beneficiarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los intereses de los productores privados que participan en el mercado de la energía.

Entre las adecuaciones hechas a dicha legislación resalta la eliminación del criterio económico para despachar las energías en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de manera que, sin importar cuál energía es más barata,  deberá darse prioridad al despacho de la energía generada por las plantas de la CFE, que operan con combustibles fósiles, dejando para después la energía renovable. Los cambios legales permiten, además, la revisión y, en su caso, la terminación de los contratos de generación o compra de energía eléctrica entre particulares y la CFE; la revocación de los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica emitidos en favor de particulares; la sujeción de los permisos futuros a los lineamientos que expida la Secretaría de Energía (SE) y la eliminación de la obligación que actualmente tiene la CFE de adquirir energía a través de subastas, forma creada para que pudiera adquirir energía más barata producida por el sector privado. La supresión de las subastas se debe a que, según la iniciativa presidencial, ésta es una perversa maquinación en favor de la empresa privada que perjudica a la CFE, pues dichos contratos pueden durar hasta 20 años. 

Fueron muchas las críticas que se hicieron al Presidente y a su iniciativa por los efectos negativos que ésta tendrá para el país. Algunas de las cuestiones más preocupantes son: el privilegio que se otorga a la CFE para producir energía cara y contaminante por encima de las energías limpias y renovables; esta decisión llevará al país a incumplir tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo de París, que obliga a México a que, en 2024, el 35 por ciento de su producción de energía sea limpia; a provocar mayor desconfianza entre los inversionistas privados, nacionales y extranjeros; a una mayor pérdida de empleos generada por el cierre de empresas afectadas con la reforma; a un nuevo derroche del dinero de nuestros impuestos, que deberá destinarse al pago de indemnizaciones por la terminación de contratos, debido solo al capricho presidencial y, además, al encarecimiento de la energía eléctrica de uso doméstico, comercial y fabril.

A pesar de lo perjudicial que para el país resultará la iniciativa del Presidente, ésta fue aprobada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y también por el Senado. Además de lo dicho, lo que veremos después será un sinnúmero de impugnaciones presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los juzgados federales, pues hay una declaración de inconstitucionalidad contra el llamado “decreto Nahle” que compartía con la reforma de AMLO los mismos efectos negativos, así como la inminencia de varios litigios internacionales a partir de los reclamos que seguro harán las empresas extranjeras afectadas por la contrarreforma energética.