La campaña del Presidente de la República en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) es, en el fondo, una campaña del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) contra la democracia. La 4T, más concretamente el Poder Ejecutivo y la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo, declararon la guerra a esta institución autónoma, prácticamente desde el inicio del sexenio, a la señal de ataque de su mando supremo: el jefe del Ejecutivo Federal. A simple vista, no tendría explicación una larga lista de ataques contra el INE, comenzando por el de estar al servicio de intereses creados, de partidos políticos o de gobernadores y de cometer o propiciar fraudes en los procesos electorales; no se explican tales ataques porque provienen de gobernantes y legisladores electos en procesos organizados, vigilados y certificados precisamente por el INE, que como recompensa a la certificación del triunfo del gobierno actual, recibe solo descalificaciones, acusaciones, recortes a sus gastos y la sentencia de desaparición como institución electoral autónoma.

Los principales ataques contra el INE carecen de sustento: no ser democrático ni estar al servicio del pueblo son acusaciones que parten de algunos personajes que fueron electos en procesos organizados y llevados a cabo por el INE; esto querría decir que obtuvieron sus cargos en procesos antidemocráticos y antipopulares y, consecuentemente, deberían renunciar, porque el buen juez por su casa empieza.

Hasta ahora no se ha comprobado la existencia de algún fraude cometido por esta autoridad electoral. Se sabe, en cambio, de muchos elogios y reconocimientos a su labor por parte de observadores e instituciones nacionales e internacionales; se ha reconocido su celo por que el voto mayoritario de los electores esté garantizado. ¿Cómo explicarse, entonces, tantos ataques provenientes de las más altas esferas de la política? Para algunos analistas, cuyas opiniones recoge este semanario, solo existe una explicación: la actividad de este instituto autónomo no se encuentra al servicio incondicional del gobierno morenista, no está a las órdenes del Poder Ejecutivo y su labor, su celo por que se respete el voto mayoritario, popular y democrático, son un estorbo, una molestia para algunos miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, desde luego, del partido gobernante.

Denuncias, descalificaciones y el intento de desaparecer la autonomía del INE, es lo que contiene la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso por el Presidente, que pronto será analizada por los órganos facultados para ello, uno de cuyos puntos principales es la recomposición del INE, su cambio de nombre y la modificación de la forma en que se eligen sus consejeros; ahora, los electores podrían seleccionar una de las opciones postuladas por el Presidente, como si él fuera el ciudadano más democrático y quien pudiera proponer a los candidatos para que el pueblo “elija al mejor”.

Los planes de la 4T son evidentes: el INE desaparecería como un organismo no solo autónomo, sino también democrático y pasaría a ser una dependencia más del Gobierno Federal, retrocediendo varias décadas en la evolución de la política nacional; con ello desaparecerían los estorbos y molestias para la 4T en sus aspiraciones de permanencia en el poder.