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El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un objetivo más de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en abril envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para modificar su composición y cambiar el nombre por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El análisis de esta iniciativa fue pospuesto debido al cierre del periodo de sesiones del Poder Legislativo, pero su promoción fortaleció la cargada que el INE ha tenido que soportar prácticamente desde que se inició el actual sexenio porque los integrantes de esta institución autónoma se resisten a obedecer las órdenes de AMLO y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Para disfrazar las agresiones, los diputados de Morena avalaron la organización de un “parlamento abierto” sobre la reforma electoral promovida por el titular del Ejecutivo Federal, que se realizó del 26 de julio al 25 de agosto. En realidad, los legisladores oficialistas pretenden aprobar la reforma del Presidente a toda costa para debilitar al INE.
En otras palabras “a López Obrador y a Morena no les gusta la autonomía, quieren sobrerrepresentación de Morena en el Legislativo, quieren quitar los lugares a la oposición; quieren cambiar el modelo de comunicación política para que puedan hacer campaña desde Palacio Nacional”, comentó al respecto la senadora panista Kenia López Rabadán.
El Presidente ha vendido la idea de que, con su reforma, México tendrá un instituto más autónomo y “del pueblo”, menos caro y sin la interferencia de gobiernos estatales pero, sobre todo, para “que se acaben los fraudes” que, según él, padeció en carne propia durante los procesos electorales de 2006 y 2012.
Desde abril pasado, AMLO ha insistido en que el INE “tiene que ser un organismo verdaderamente independiente, autónomo, que dé seguridad, garantías a todos los mexicanos; que no sea tendencioso, que no esté al servicio de nadie más que del pueblo”.
En junio pasado, AMLO reveló que tanto Horacio Duarte, hoy Administrador General de Aduanas, como Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), redactaron la iniciativa de la reforma, y que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encargó de afinar sus detalles.
Como ocurre con muchas de sus acusaciones, AMLO afirma que tanto el INE como los partidos de oposición obedecen a los “grupos de intereses creados” y que ésa es la razón por la que propuso tal reforma electoral para que “se logre que haya elecciones limpias y libres, y que no haya fraude electoral”.
Pero el Presidente realmente pretende que el INE actúe a conveniencia de sus intereses políticos personales y del partido, coinciden legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil. Basta ver su propuesta de reforma electoral para darse cuenta de ello.
Entre los cambios que propone destaca que los consejeros sean electos por “el pueblo” con base en una lista de aspirantes designados, entre otros, por el propio Presidente de la República; y que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los Tribunales Estatales Electorales (TEE) desaparezcan en las 32 entidades federativas, los cuales han resuelto los conflictos poselectorales de los más recientes procesos comiciales.
Refutan argumentos de AMLO
Durante el parlamento abierto para discutir la reforma electoral, Oswaldo Chacón Rojas, especialista en teoría política y actual consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPCC), refutó la parte central de la reforma de AMLO: no se ahorran recursos, los OPLES son los más auditados y los TEE representan una vía para resolver inconformidades en materia electoral en las entidades.
Chacón Rojas afirmó categóricamente que, hoy, la alternancia que existe tanto en los gobiernos como en las legislaturas locales es resultado del papel que ha desempeñado el INE en los procesos electorales.
“Si vamos a evaluar la confiabilidad de las instituciones electorales, veamos los resultados de las elecciones y lo que vemos es que, desde la creación del Sistema Nacional Electoral, desde que estos institutos son parte de este Sistema Nacional ha habido el mayor número de alternancias en los resultados electorales de nuestra historia. Solamente para hablar de las elecciones a gobernadores, de las elecciones de 2015 para acá́, ha habido más de 30 alternancias en los resultados y en los distintos cargos que han estado en disputa”, argumentó el experto.
En la propuesta de reforma electoral, AMLO asegura que los OPLES sirven a intereses particulares, sobre todo de los gobernadores; pero si esta tesis fuera cierta, no hubiera habido alternancia de poderes locales durante los años recientes.
El Presidente tiene la idea, sin sustento alguno, de que para abaratar el costo de los órganos electorales hay que reducir al INE y eliminar los OPLES; que el INEC sea el único encargado de la organización de las elecciones en todo el país. “Organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal”, alude la iniciativa.
Sin embargo, en opinión del especialista citado, los OPLES desempeñan un rol fundamental en los procesos electorales y, entre sus actividades, destacan la revisión del registro de candidaturas. De 2015 a la fecha, se han registrado más de 600 mil candidaturas locales y en las elecciones federales de 2021 revisaron más de 200 mil candidaturas. “Esta parte no la hace el INE, la hacen los OPLES”, afirmó Chacón Rojas.
Un tercer rubro contra la propuesta morenista contradice el argumento de que la desaparición de los OPLES “nos ahorraría 13 mil millones de pesos (mdp). Quiero aclarar estos números que están en la iniciativa. De entrada, de esos 13 mil mdp que se hablan, seis mil 500 son prerrogativas de partidos políticos. Entonces vamos como separando las cosas para que tengan un análisis en su justa dimensión. Diferenciamos el tema de las prerrogativas de partidos al tema del costo de estos institutos”, aclaró el especialista.
En otras palabras: no existe el ahorro que presume AMLO. Chacón Rojas concluye que si se crea el INEC, tendría que recuperarse y mantenerse buena parte de esta estructura, así como el gasto corriente.
¿Habría ahorros con esta reforma?, se le insiste al entrevistado. –Definitivamente no. ¿Se puede abaratar el modelo y el sistema electoral mexicano? Sí, pero tendrían que explorarse otras vías– sugiere.
Durante el foro Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, del Parlamento Abierto, Stefanie Lindquist, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Carolina del Sur y especialista en leyes, reveló que es un sinsentido “arreglar algo que no está descompuesto”.
Y aunque coincide con otras voces respecto a la necesidad de actualizar las instituciones electorales, aseveró que el INE ha cumplido su papel como lo evidencia el reconocimiento de los observadores internacionales.
La experta comentó que la mayoría de los observadores internacionales están de acuerdo en que el INE es una de las instituciones más admiradas en el mundo, sobre todo “hablando del impacto que ha tenido en las elecciones libres aquí en México. Y lo mismo se puede decir respecto al Tribunal Federal Electoral.
“Es importante no tratar de arreglar algo que no está descompuesto. Y, además, la iniciativa va a cambiar la administración electoral. Se va a ir a los gobiernos de los estados como un tipo de autoridad central. También tengo yo otras preocupaciones e inquietudes sobre la propuesta que se está considerando aquí en México”, lamentó Lindquist.
Más recortes al INE
Este instituto ha padecido la reducción de presupuestos desde el año pasado, medida aplicada por el Presidente y aprobada por los diputados de Morena, quienes anticiparon que en 2023 volverán a acotarlo.
Previo a la presentación del Paquete Económico 2023 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), legisladores oficialistas argumentaron que, desde su perspectiva, el gasto del INE es excesivo.
Este discurso, sin embargo, proviene del propio AMLO quien, desde las conferencias matutinas insiste en acusar al INE de operar con un presupuesto muy elevado, de miles de mdp; además, ha denunciado a sus consejeros, entre ellos al consejero-presidente, Lorenzo Córdova Vianello, de ganar sueldos superiores al del Presidente de la República.
Córdova denunció que los diputados de Morena incurren en un prejuicio por anticipar que habrá un recorte al presupuesto del INE en 2023, cuando ni siquiera conocen la propuesta de gasto que hará a sus consejeros.
“No sé si nos los van a dar. Es más, es muy curioso, en la Cámara varios diputados ya dijeron ‘Les vamos a recortar mil 500 mdp; ni han visto qué pedimos. Primero véanlo porque eso se llama prejuicio; primero vean lo que pedimos, vean si está bien y corrijan”, declaró la semana pasada el funcionario electoral.
La propuesta que el INE envió a la SHCP, y que remitió antes del ocho de septiembre a la Cámara de Diputados, contempla 24 mil mdp, de los cuales 14 mil corresponden al presupuesto básico y a la cartera de proyectos. Otros seis mil 230 mdp son recursos destinados a los partidos políticos –de los que Morena dispondrá de casi dos mil mdp– y cuatro mil 25 mdp fueron solicitados para una eventual consulta popular.
“Es muy probable que nos recorten. Llevamos cinco años de recortes continuados; lamentablemente el recorte del año pasado sí nos impidió, por cierto, ustedes pudieron votar, en la revocación de mandato, hacer cumplir lo que dice la ley. El recorte fue tan brutal, el 26 por ciento, que no pudimos hacer cumplir la ley”, explicó Córdova.
El anteproyecto del INE para 2023, aprobado por su Consejo General, “es 1.7 por ciento inferior al presupuesto que se está ejerciendo en este 2022, si se considera la inflación que, como se sabe, hoy es mayor a la de los parámetros que hace ya varios meses nos entregó la SHCP. Es decir, el INE gastará apenas 20 centavos de cada 100 pesos que ejercerá el sector público durante el próximo año”, agregó.
Con respecto a la propuesta de reforma electoral de AMLO, el consejero presidente del INE aseguró que, si bien no es necesaria porque el sistema actual funciona, siempre será pertinente si ésta cuenta con el mayor consenso y busca mejorar al sistema; pero si se parte de un diagnóstico no sustentado en datos ciertos y objetivos verificables, la reforma puede fracasar.
Al asegurar que el INE actual no se opone a cambios para mejorar el sistema electoral, sugirió lo que los analistas especializados en temas electorales plantean: que la reforma de AMLO busca controlar al INE.
Regresión a los años 70
En palabras de Luis Carlos Ugalde, exconsejero-presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), la propuesta de reforma electoral de AMLO es una regresión a los años 70, cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Creo que el mero hecho de buscar transformar la naturaleza del instituto, de remover a los consejeros y buscar un nuevo nombramiento por medio del voto popular, este solo hecho es tan peligroso y tan regresivo que creo que la reforma debe rechazarse por completo”, indicó en una entrevista con Radio Fórmula.
“En caso de que se aprobara la reforma, es decir, que se aceptara que los consejeros del INE sean electos por voto popular pero previamente nominados por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, “es regresarnos a los años 70 del siglo pasado. Cuando el INE era controlado por el gobierno, las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación; entonces AMLO dice que quiere liberar a los consejeros del yugo de los partidos, pero lo que propone es subyugarlos”.
En la práctica, la propuesta del Presidente consiste en que los aspirantes a consejeros vayan a tocar las puerta de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y a la oficina del Presidente, para posteriormente hacer campaña y ser electos como consejeros; no obstante, para ello deberían reunir recursos millonarios solicitando el apoyo de gobernadores, de sindicatos y de partidos para que voten por ellos. “Esto es tan riesgoso, que la reforma es una mala noticia”, consignó Ugalde.
Pero los votos en el Congreso no se le dan a Morena porque, como se trata de una reforma constitucional en periodo legislativo, necesita 334 votos, es decir dos terceras partes de los 500 diputados, en el supuesto de que asistan todos. Además, los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática desde un inicio rechazaron la propuesta de reforma.
En la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor, comentó que “no le ve futuro” a varios cambios de la iniciativa presidencial. En el mismo sentido, Jorge Romero, líder de la bancada panista, se sumó al rechazo y previó que los blanquiazules “van con reformas que defiendan a las instituciones y no las que ponen en riesgo la democracia”.
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Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.