Guadalupe Taddei Zavala presentará este lunes su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante Senado de la República, en medio de las investigaciones sobre los contratos y vínculos señalados.

Taddei, es primera mujer en presidir el INE y ocupaba dicho cargo desde el 4 de abril de 2023. El 24 de octubre, durante una reunión virtual con consejeros, había asegurado que no renunciaría y calificó los señalamientos como un ataque político.

Un día después, comunicó su decisión ante la Cámara de Diputados y argumentó que su salida busca proteger la credibilidad institucional.

¿Qué señalamientos enfrenta Taddei?

Hasta el momento, no existe una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad penal o administrativa contra Taddei por los hechos señalados.

Las acusaciones se encuentran en distintas etapas de investigación periodística y fiscalización por parte de autoridades competentes.

Entre los principales señalamientos se encuentran:

Contratos millonarios a empresas vinculadas

Investigaciones periodísticas señalan adjudicaciones por más de 195 millones de pesos, mientras que revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elevan el monto observado a más de 514 millones de pesos.

Entre las empresas mencionadas se encuentran:

• Cajas Graf
• Corporativo Zeg
• Seriplast de México
• Formas Finas
• Comercializadora Grupo Selati
• TOL Producciones

De acuerdo con las investigaciones citadas, Cajas Graf habría obtenido un contrato por 46 millones de pesos durante la gestión de Taddei en el Instituto Estatal Electoral de Sonora, en 2021. Posteriormente, la empresa habría obtenido un contrato de hasta 198.7 millones de pesos para materiales relacionados con la elección judicial de 2025.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas por posibles operaciones irregulares, simulación de competencia y presunta triangulación de recursos mediante facturas falsas.

Entre los señalamientos se encuentra que Corporativo Zeg, que tendría cinco empleados registrados, habría obtenido contratos por 184 millones de pesos y transferido 167 millones a empresas filiales. Estos hechos forman parte de una investigación y no representan, hasta ahora, una determinación definitiva de responsabilidad.

Posibles conflictos de interés

El empresario José Alfredo Hernández Casillas, representante legal de Cajas Graf y relacionado con otras de las empresas mencionadas, aparece en videos difundidos el 24 de octubre en los que se le observa junto a Taddei durante los festejos por el Grito de Independencia.

También habría aparecido en videos grabados en París junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta. La difusión de este material generó nuevos señalamientos sobre posibles vínculos entre la presidenta del INE y proveedores del organismo.

De acuerdo con información publicada por Reforma, Jonathan Navarrete Torres, contratado como chofer de la Presidencia del INE en mayo de 2025, habría figurado como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora del instituto.

También se ha señalado a Jesús Octavio García González, exrepresentante legal de empresas investigadas, quien ocupó el cargo de director de Administración del INE entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

Otras observaciones del Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE detectó otras situaciones que fueron señaladas en las investigaciones, entre ellas pagos por 6.2 millones de pesos a trabajadores sin comprobación, presunto uso de personal de nómina para labores personales y el uso de un vehículo blindado no registrado. También se menciona un contrato por 25.7 millones de pesos con Grupo de Tecnología Cibernética.

Taddei niega favoritismos

Taddei Zavala rechazó los señalamientos sobre posibles vínculos indebidos con proveedores y negó haber favorecido a empresas mediante contratos millonarios. También anunció nuevas auditorías y, en su carta de renuncia, sostuvo que las denuncias deben ser esclarecidas de manera transparente y conforme a derecho.

Por su parte, la ASF inició una investigación de oficio para revisar las posibles irregularidades y determinar, en su caso, las responsabilidades que correspondan conforme a sus atribuciones. Hasta el momento, las investigaciones no han establecido una responsabilidad definitiva contra la consejera presidenta por los hechos mencionados.