El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó su intento de moldear con palabras la realidad en el IV Informe de Gobierno, y sostener la imagen de una administración eficiente y pulcra a pesar de las evidencias contrarias que diariamente exponen periodistas y expertos en diversas disciplinas.

A estas críticas, generalmente sustentadas, el titular del Poder Ejecutivo Federal solo responde con ataques y descalificaciones personalizadas, no únicamente contra sus críticos de los medios de comunicación, sino también contra sus opositores partidistas, académicos, investigadores e integrantes de otros poderes públicos, instituciones, organizaciones sociales y políticas.

Y lo realiza con la intención de convertir en artículos de fe las acciones y los resultados de su trabajo de mandatario para que se acepten sin reflexión ni discusión. Es ésta, precisamente, la razón por la que ha ordenado que se mantenga bajo llave información que por ley debería ser pública y supervisada por otros órganos del Estado y la opinión pública nacional.

Luis Estrada Straffon, doctor en ciencia política y director general del taller de comunicación política SPIN reveló que solo en su IV Informe, rendido el 1° de septiembre de 2022, el Presidente emitió “173 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar; 120 afirmaciones no comprobables y 50 promesas”.

Autor del libro de reciente aparición El Imperio de los Otros Datos: tres años de falsedades y engaños desde palacio, en el que analiza las expresiones de AMLO, Straffon advierte que, en lo que va de su gestión sexenal –con corte del pasado 31 de agosto– ha hecho “86 mil 917 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, 94 en promedio por conferencia (en su conocida mañanera)”.

En el reporte El Valor de la Verdad. A un tercio del sexenio, publicado en marzo de 2021, la organización civil Signos Vitales afirma que, en sus primeros dos años de gobierno, AMLO había duplicado las aparentemente inalcanzables 23 mil mentiras del exmandatario estadounidense Donald Trump durante cuatro años de gobierno (2017-2021), las cuales fueron contabilizadas por el diario The Washington Post.

Con base en un montaje que incluye un paquete de preguntas a modo para su conferencia diaria, examina Signos Vitales, “el país se prepara cada mañana para escuchar el mismo guion de falsedades, verdades a medias, combinación de acusaciones, datos no verificables y denostaciones en contra de detractores, así como la interminable lista de promesas incumplidas”.

“No me vengan con ese cuento”

Otro aspecto negativo de la actuación del Presidente es resaltado por especialistas en derecho, quienes lo responsabilizan por obstaculizar la transparencia en la administración pública, rechazar la supervisión y la rendición de cuentas sobre su trabajo, a que está obligado por ser titular de la administración pública del Estado.

Los expertos en derecho también destacan la persistencia de AMLO en efectuar proyectos que no se apegan a los ordenamientos vigentes de la Constitución, de recurrir a leyes secundarias, incluso a la expedición de decretos presidenciales para sacar adelante “sus caprichos” con el apoyo de la mayoría parlamentaria de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso de la Unión.

Debido a esta actitud autoritaria e inconstitucional, además de las reformas legales en las industrias eléctrica y petrolera, AMLO ya provocó un diferendo con los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá –que puede repetirse con otros países–, “renacionalizó” el litio y transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sin cambiar la Carta Magna.

El académico en derecho y analista político José Luis Espinosa Piña señaló a buzos: “El Presidente tiene un gravísimo problema: o no tiene un asesor jurídico, o al asesor jurídico que tiene no le hace caso, o el asesor jurídico es tan malo que no lo entiende o no se hace entender, o de plano no le interesan en lo absoluto las leyes y lo jurídico… pero aquí tenemos un problema: un presidente, como titular del Poder Ejecutivo, solo puede hacer aquello que la ley le faculta.

“Dicen los expertos que lo conocen, los cercanos a él, o que un día fueron cercanos y hoy ya no lo son, que muchos de sus colaboradores saben y se dan cuenta de todos sus errores, pifias y faltas de apreciación, pero que no se atreven a contradecirlo, y los que se atreven a hacer una observación ya están fuera del gabinete, renunciaron por dignidad o simplemente los cesaron”.

Sobre el IV Informe, Espinosa Piña indicó que realmente fue una mañanera más: “Habló de lo que siempre le interesa hablar y resaltar, y dijo cosas tan absurdas como que en México hay un Estado laico y libertad religiosa. ¡Pues claro que lo hay desde la Constitución de 1917! No entiendo por qué lo quiere mencionar como un logro suyo”.

Espinosa Piña aseveró que la votación grande que logró en la elección presidencial de 2018 “no le da ninguna atribución para ir contra la Constitución, que es la expresión de la voluntad popular”. La Carta Magna –abundó– “la construye el Poder Legislativo, diputados y senadores; la fundamental relación de un Presidente de la República con la Constitución es acatarla, por lo cual, incluso, al iniciar un mandato, jura cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en ella”.

Desinforme a su gusto

Luis Antonio Espino, autor del libro López Obrador: El poder del discurso populista, publicado en 2021, señala en el artículo Los (des)informes de gobierno de AMLO son nocivos para la democracia, del dos de septiembre de 2022 en el diario estadounidense The Washington Post, que AMLO ha usado sus conferencias de prensa diarias, así como cuatro “informes” anuales, como armas verbales para moldear la realidad a su gusto y conveniencia.

Espino, también especialista en comunicación política, afirma que, en realidad, tanto las ruedas de prensa como los “informes” no son para informar, sino “actos deliberados de desinformación”, con los que el Presidente elude su obligación de rendir cuentas sobre sus acciones y decisiones de gobierno para que los resultados de su trabajo sean evaluados.

“Al desinformar –abunda Espino– el Presidente divide y polariza a la sociedad”. Es decir, “empuja” a la población a tomar emocionalmente posiciones en favor y en contra de sus explosivas afirmaciones, con lo que desvía la atención pública sobre la discusión de temas de alta relevancia nacional.

“Esto evita que la ciudadanía pueda enfocar su atención y energía en las posibles soluciones a los problemas del país, y se centre en debatir emocionalmente la validez de las afirmaciones de sus discursos”. Con esta actitud –anota el investigador– debilita, además, las relaciones sociales entre los ciudadanos, las cuales representan la base de la democracia.

Espino advierte también que al apartar las acciones de gobierno de la realidad, marco en que cada titular de dependencias debe ajustar su trabajo a lo que declare el Presidente, aunque no sea real, ocasiona daños sociales porque obstaculiza el diseño y aplicación de políticas públicas que verdaderamente atiendan los problemas sociales.

Entre otras afirmaciones, en su IV Informe, el Presidente aseveró que su gobierno atiende prioritariamente a los pobres y que los programas para “el Bienestar” se han convertido en novedosos medios para afrontar la pobreza y la desigualdad.

El pasado 24 de junio, en Tlapa, uno de los 18 municipios más pobres del país, ubicado en la región de la Montaña de Guerrero, el Presidente declaró que a casi cuatro años de la elección presidencial de 2018, su gobierno está cumpliendo con su compromiso de brindar atención preferente a los pobres.

Sin embargo, especialistas como el doctor en economía Gonzalo Hernández Licona, fundador y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), han demostrado que los programas del “Bienestar” del actual gobierno no cubren al 95 por ciento de los 35.2 millones de hogares más necesitados del país, según el Censo de Población de 2020.

En su artículo ¿Por qué ha crecido la pobreza?, difundido el 1° de febrero de 2022, en la revista Letras Libres, Hernández Licona aclara, como otros especialistas, que solo tres de cada 10 hogares reciben algún apoyo del gobierno actual, mientras que la atención social que se brindaba a la población en mayor pobreza, hasta finales de 2018, se redujo del 60 por ciento a menos del 40 por ciento en 2020.

Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH)-2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hernández Licona reportó que el ingreso en los 35.2 millones de hogares se redujo en 5.8 por ciento entre 2018 y 2020, que disminuyeron 10.7 por ciento los principales ingresos laborales de las personas pobres y que los programas sociales del gobierno no pueden compensar esta pérdida.

El Coneval, por su parte, refiere que los programas “del Bienestar” del gobierno de AMLO están concentrados en la distribución de apoyos monetarios en lugar de disminuir los riesgos sociales que las carencias provocan a las personas más vulnerables: niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres.

“Los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de la vida”, advierte el organismo oficial en su reporte 01 sobre la evaluación de los programas sociales en 2020, fechado el nueve de febrero de 2021.

Crece la pobreza

En el reporte 09 del Coneval, titulado Estimaciones de la pobreza, emitido el cinco de agosto de 2021, revela que entre 2018 y 2020 –periodo que incluye los dos primeros años del Gobierno Federal vigente, 2019 y 2020– el número de mexicanos en situación de pobreza aumentó de 51.9 a 55.7 millones, es decir, se incrementó en 3.8 millones, porque pasó del 41.9 al 43.9 por ciento de la población. A su vez, la pobreza extrema se elevó de 8.7 a 10.8 millones de personas; esto es, aumentó del siete al 8.5 por ciento de la población total del país.

También se incrementaron las carencias sociales que, con los ingresos de las personas, sirven como base de medición de la pobreza. En el acceso a la salud, por ejemplo, hubo una caída de 12 por ciento, ya que pasó del 16.2 al 28.2 por ciento de la población total; el rezago educativo bajó 0.25 por ciento; y la carencia en alimentación nutritiva y de calidad 0.31 por ciento.

La pobreza en México aumentó, además, debido al incremento de la inflación, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ya en julio pasado era de 8.15 por ciento y pasó al 8.62 por ciento en la primera quincena de agosto de 2022, los niveles más altos en poco más de 20 años, según el Inegi.

El Presidente intentó detener este problema con el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) anunciado el cuatro de mayo de 2022; pero este programa fue rebasado por la realidad en pocas semanas. Por ello, el seis de junio, Mario Cimoli, Secretario General de la Cepal, aseveró que el problema inflacionario causará un incremento de 2.5 millones de mexicanos en pobreza al final de este año.

Pero ninguno de estos hechos saca al Presidente de sus fantasías; y eligió el 1° de julio de 2022 para “inaugurar” una de sus obras magnas: la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que aún no está terminada, pero que le sirvió para festejar los cuatro años de su victoria en la elección presidencial de 2018.

Sin embargo, un mes más tarde, el 30 de agosto, debió reconocer que esa obra ha sido mucho más cara de lo previsto, aunque intentó matizar la suma final mediante el uso de cantidades en moneda estadounidense, pues declaró que solo se incrementó entre dos y cuatro mil millones de dólares (mdd); es decir, habría pasado de los ocho mil mdd originales a 10 mil o 12 mil mdd; pero se comprometió que en breve emitirá la cantidad exacta.

Los especialistas han calculado que el costo realmente ha pasado de los ocho mil mdd originales a por lo menos 20 mil mdd hasta la fecha; y que la cantidad irá en aumento porque la refinería Dos Bocas sigue en proceso de construcción.

Seguridad y justicia

Pese a las recientes masacres en Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Baja California, AMLO aseguró en su IV Informe que los homicidios dolosos se han reducido. En su reporte La guerra en números, la agencia TResearch International puntualizó que, hasta el 31 de agosto de 2022, se habían registrado 132 mil 469 homicidios dolosos en lo que va del sexenio, que inició el 1° de diciembre de 2018.

Esta cifra de homicidios es notablemente superior a la de sexenios anteriores, pues está muy por encima de los 81 mil 299 registrados en 45 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto; equivale a más del doble de los 60 mil 319 contabilizados en la administración de Felipe Calderón; y representa más del triple de los 37 mil 649 registrados en el gobierno de Vicente Fox.

En su Informe de Gobierno del pasado 1° de septiembre, AMLO señaló que está por hacerse realidad el derecho a la salud, mientras especialistas reconocen que persisten el desorden en el sistema sanitario y las carencias en el abasto de medicinas, problemas que podrían aumentar debido al reciente decreto presidencial que convierte al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en IMSS-Bienestar y en un Organismo Público Descentralizado, igual que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para extender sus servicios médicos y sociales a personas sin afiliación.

Por ello, desde el pasado 31 de agosto de 2022 hay dos organismos públicos descentralizados en materia de salud pública nacional destinados a personas sin servicios sanitarios: el Insabi carece del personal, instalaciones y equipo necesario para atención sanitaria, y el IMSS-Bienestar, cuyos servicios están limitados a 11 millones de personas, en adelante deberá atender a 35.7 millones de personas sin afiliación.

Es así como se repite el errático plan asignado inicialmente al Insabi en 2020 para que se encargara de los también limitados servicios de salud de las 32 entidades de la República. Todo, en palabras de los especialistas, provocará mayor desorden en el Sector Salud.

En su informe, AMLO aseguró haber impedido la privatización del sistema nacional de salud, palabras que carecen de sustento porque, debido a la pandemia de Covid-19, la medicina privada aumentó su oferta de servicios debido a que las instituciones de salud púbica fueron incapaces de atender a los pacientes de emergencia.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), hoy seis de cada 10 mexicanos que requieren atención médica recurren a servicios de salud privados, predominantemente a los ofrecidos en los consultorios de las farmacias particulares; y siete de cada 10 personas diagnosticadas por Covid-19 lo hicieron en instituciones públicas.