En el estado de Veracruz son cada vez más frecuentes los asesinatos, desapariciones y abusos sexuales contra menores de edad. Ante esta grave situación, las autoridades siguen sin implementar políticas públicas para prevenir y sancionar estos delitos.

El reciente crimen, cometido por un padrastro contra un pequeño de 12 años en la región centro de la entidad, puso en alerta a las familias y a los gobiernos locales. Alan había estado seis días bajo el resguardo del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Orizaba; pero el organismo lo regresó a su vivienda, donde poco después halló la muerte.

El colectivo Feminista Cihuatlactolli A.C. denunció que este asesinato evidenció la falta de profesionalismo y responsabilidad del personal del DIF municipal:

“Se sabe que el menor asesinado recién había sido intervenido por esta institución debido a que él mismo manifestó que era obligado por su madre a pedir dinero en las calles; además señaló que era objeto de golpes y maltrato. Lo anterior debería haber sido suficiente para llevar a cabo una profunda investigación acerca de la situación del menor y el nivel de riesgo en el que se encontraba.

"Ahora sabemos que su padrastro lo asesinó por haber tratado de impedir que le pegara a su mamá, eso nos dice que ella también era víctima de violencia y tal vez por esa misma situación no podía impedir o negarse a mandar al menor a pedir dinero en las calles,”, acusó María de la Cruz Jaime, directora del colectivo.

La activista explicó que cuando no se atiende adecuadamente a las personas, la negligencia, la falta de perspectiva de género y el profesionalismo traen consecuencias como ésta; y que debe señalarse que la muerte de ese menor, de alguna manera, fue también responsabilidad del DIF, porque no planteó la necesidad urgente de realizar pláticas para el reconocimiento de que en ese hogar había violencia de género.

El cinco de julio, un día después de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la policía ministerial había detenido a Luis Ángel “N”, presunto responsable del asesinato del niño y de graves lesiones a su madre. Después del crimen, el director del DIF municipal, Hugo Chahín Kuri, declaró que fue “imposible” para el personal identificar quién había sido el autor porque desconocían la existencia de un padre.

“No había un papá, no había un padrastro y nunca hubo un novio. El niño llevaba los apellidos de su mamá, así estaba registrado y ella tenía la patria potestad; nunca hubo una figura paterna. Es una incógnita de quién es ese tercero en discordia que nada tiene que ver con el trabajo que hizo el DIF”, precisó. El niño se comprometió a estudiar; por lo que, en agosto, su madre tenía que llevar su comprobante de inscripción; además de que ya estaba inscrito para el campamento de verano del DIF.

“Yo me quedo con la imagen de este niño que en pocos días nos enseñó muchas cosas”, lamentó el funcionario municipal.

José Antonio, otro caso

El 16 de junio de 2020, un niño de apenas 10 años fue agredido sexualmente y asesinado en Acayucan, en el sur de la entidad. El menor trabajaba abriendo puertas y cargando bolsas afuera de una tienda de conveniencia. Tras desaparecer durante varias horas, su madre y su hermana salieron a buscarlo sin éxito. Su cuerpo fue hallado un día después en una vivienda abandonada en el barrio La Palma.

Después del macabro hallazgo, circuló un video en el que el menor fallecido y su hermana dan testimonio de que eran víctimas de maltrato familiar; aunque hasta la fecha se desconoce quién y cuándo tomó el video. Ante los hechos, el DIF municipal procedió al resguardo de los hermanos del niño, de 11 y ocho años de edad. Los ciudadanos del municipio realizaron una marcha para exigir justicia y pedir que se investigara al padrastro y a la madre del menor; pero al no existir ninguna denuncia formal, la exigencia no prosperó.

Dos días después, la FGE anunció que había vinculado a proceso a Gabriel “N”, oriundo de Coatzacoalcos, como presunto responsable de los delitos de homicidio doloso calificado y pederastia agravada.

El dos de junio de 2021, dos adolescentes de 14 y 15 años fueron asesinados en un fuego cruzado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) y presuntos delincuentes en Amatlán de los Reyes, mientras lavaban una camioneta en el patio de una casa.

“Ellos estaban trabajando. Ellos eran niños de trabajo, de estudio; imagínese: de 14 y 15 años. No se vale que les hayan arrancado la vida como a unos perros, cuando mis niños no eran nada malo. Ellos querían estudiar, trabajar y salir adelante. Mis niños no eran niños de mal, por favor ayúdennos, los queremos ver”, denunció la madre de los menores.

Una tía de las víctimas afirmó que ningún carro venía correteándose y que fueron los policías quienes “armaron la escena, ellos movieron el carro, los vecinos ya dijeron. Y no queremos ninguna represalia contra todos los que estamos aquí que nos vieron, porque es lo que siempre pasa. Solo somos personas que estamos dolidas de nuestra familia y que pedimos justicia, y que a mis hermanos o nadie nos vaya a pasar algo porque aquí no tenemos problema con nadie; somos personas de trabajo y bien y cosa que nos pase vamos contra la Fuerza Civil que nos está tomando fotos o la policía, la nueva policía”.

Los huérfanos del Covid-19 y el feminicidio

A la violencia infanticida hay que sumar el número de menores de ambos sexos que han quedado en la orfandad a causa del Covid-19 y de los feminicidios. No hay cifras actualizadas; pero, hasta el año pasado, el DIF estatal había contabilizado 145 menores en esta situación tras la muerte de su padre o madre a causa del Covid-19.

El subdirector de Adopciones del DIF, Víctor Antonio Jiménez, informó que solo dos menores habían quedado bajo el resguardo del organismo y que procedían de Orizaba y Playa Vicente, debido a que sus familiares no eran aptos para asumir la custodia. Los otros 143 menores quedaron en manos de otros familiares, quienes decidieron hacerse responsables de sus necesidades.

“Lo primero que hacemos es restituirles sus derechos y buscar a sus familiares. Tienen derecho a vivir en familia y si no se encuentra un familiar apto con el que puedan estar los menores, se pide el apoyo a la Fiscalía General del Estado y a los jueces para que los puedan liberar para adopción”, explicó el funcionario estatal.

Érika Antonio Blanco, directora de Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca), reveló que 180 menores laboran sobre la vía pública en Xalapa desde que se inició la pandemia.

“La mayoría de los niños que trabajan en las calles es por necesidad económica, para cubrir necesidades de alimentación y educación. Hay otro porcentaje que sí se encuentra obligado por los papás, y es el 30 por ciento”, añadió.

El rango de edad de estos menores oscila entre los cinco y los 18 años. La mayoría se coloca en los cruceros de las avenidas Xalapa, Murillo Vidal, Orizaba, Ruiz Cortines y Circuito Presidentes, y provienen de colonias periféricas a la capital del estado, como la Veracruz, Plan de Ayala, El Moral y Miguel Alemán.

Con respecto a los huérfanos por feminicidio, la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Local, Anilú Ingram Vallines, advirtió que, en 2020, siendo diputada federal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) efectuara un registro nacional de menores de edad en orfandad por feminicidio; pero aunque han pasado dos años, no se ha integrado tal padrón.

Desatención oficial

La diputada local Verónica Pulido Herrera criticó a las autoridades municipales por no aplicar el Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad.

“Hechos como el ocurrido el pasado cuatro de julio, cuando un menor fue privado de la vida, han dejado en evidencia las grandes deficiencias que existen al interior de los DIF municipales, para atender a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en situación de vulnerabilidad, toda vez que ya se había detectado que el menor sufría violencia en su entorno familiar. Como Congreso nos corresponde exhortar a las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos y más tratándose de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, indicó.

La legisladora exhortó al gobierno estatal para que realice las acciones necesarias, y lograr que las autoridades municipales de la entidad hagan respetar los derechos de niños y adolescentes, y los protejan de riesgos mortales.

“Desde la sociedad civil se ha señalado que la omisión de las autoridades en éste y muchos otros casos de violencia hacia la niñez y las mujeres es una constante. No hubo una clara valoración del riesgo en que el menor se encontraba y esto debe servir como llamado de atención para todas las procuradurías y los DIF municipales”, subrayó.

Verónica Pulido pidió a la Comisión Permanente que emita un exhorto al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que les brinde una adecuada protección contra cualquier forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental.

El llamado se dirige a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Secretaría Ejecutiva Estatal, para que supervisen, auxilien y capaciten al personal de los sistemas municipales de protección integral para fortalecer el ejercicio de sus funciones.

Acciones de prevención

Son pocos los municipios veracruzanos que atienden tales aspectos. A mediados de julio, la organización World Vision impartió el taller Programa Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes a los titulares del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y a los procuradores de 18 municipios veracruzanos para combatir los principales problemas que enfrentan los menores.

Ismael Romero Solís, director Regional de la organización, destacó que uno de los principales problemas que enfrentan los niños y adolescentes es la violencia psicológica que, en su mayoría, se perpetra en el núcleo familiar. “El principal objetivo es la creación de políticas públicas que erradiquen estos problemas, iniciando con este tipo de talleres para saber cómo tratar y canalizar los casos que lleguen”, abundó.

La secretaria Ejecutiva del Sipinna en Córdoba, Sara Gabriela Palacios Hernández, reveló que, en el primer semestre de este año se atendió a 40 menores entre los 12 y 17 años con diversos problemas, el más recurrente de los cuales es la depresión. Los embarazos prematuros fueron el segundo problema más frecuente.

El pasado 19 de julio, el gobierno estatal anunció la primera etapa de la operación del Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia Familiar en el Estado (SIAT) en 36 de los 212 municipios del estado para prevenir las situaciones extremas de este problema. A la fecha se hallan en etapa de capacitación de 106 servidores públicos y 152 procuradores de protección.

La presidenta del Sistema DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló, explicó que las víctimas de violencia familiar contarán con tres opciones para presentar su queja: de manera presencial, a través de un buzón instalado en los 212 municipios, en las diferentes oficinas del gobierno estatal, o llamando a la línea 070. Se contará también con un registro, sistematización y seguimiento de los indicadores de una probable agresión.

Esta decisión fue adoptada a casi cuatro años de que se inició la administración estatal del gobernador morenista Cuitláhuac García y después de varios asesinatos, desapariciones y agresiones sexuales contra niños y adolescentes en la entidad.