La pandemia de coronavirus (Covid-19) ha evidenciado el grave abandono socioeconómico en el que viven, desde hace décadas, cientos de miles de jornaleros agrícolas provenientes del sur de México, quienes hoy enfrentan una doble amenaza: el peligro de contagiarse y el descuido absoluto del Gobierno Federal y las autoridades estatales.

En campos, granjas e invernaderos de agricultura constante de Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Sonora, Baja California,  entre otros estados, miles de trabajadores agrícolas siembran, cultivan y cosechan alimentos a pesar de la emergencia sanitaria.

La amenaza de contagio por Covid-19 no los detiene; pero no porque ellos lo hayan decidido, ya que los dueños de ranchos o fincas y los contratistas están habituados a hacerlos trabajar mucho más de ocho horas diarias, sin brindarles servicios médicos u otras prestaciones sociales con la complacencia de las autoridades estatales y el Gobierno Federal.

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su invisibilidad física se ha agudizado. Para empezar, la dependencia federal encargada de protegerlos –la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)– desconoce su número exacto y, a principios del sexenio, canceló el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que durante 30 años les brindó diversos apoyos para aliviar “un poco” su situación.

El último registro de jornaleros agrícolas data de hace dos años, en el informe Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que estimó una población en siete millones 352 mil 594 personas, incluidos los miembros de sus familias.

Estos mexicanos, la mayoría campesinos, indígenas y migrantes, carecen de alimentación adecuada y suficiente, de servicios de salud y prestaciones sociales, de educación para sus hijos y de viviendas dotadas con agua potable, drenaje y electricidad, ya que sus “patrones” los hacinan en grandes techumbres improvisadas e insalubres.

En un campamento del Valle de San Quintín, una de las seis zonas agrícolas más importantes de Baja California, toma la llamada una jornalera, de quien omitimos el nombre real, pero la identificaremos como Juana. No puede platicar porque se encuentra trabajando; y si la ven con el teléfono en la mano o el oído, la reprenden.

En la noche, ya en su casa narra cómo es su vida laboral y la de sus compañeros de rancho. Trabaja más de ocho horas, si quiere ganar un poco más del salario mínimo; es una de las afortunadas, porque al menos tiene un espacio para vivir, aunque en una colonia alejada de su trabajo. No así para otros jornaleros, que viven hacinados, en compartimientos comunitarios, donde hay un solo baño y se quedan sin energía eléctrica a menudo.

En otros ranchos, la explotación resulta aun mayor, porque los dueños o los contratistas no proporcionan alojamiento a los jornaleros, que deben construir sus “casas” con materiales de desecho en la periferia de las ciudades, donde tampoco hay servicios urbanos, salud y educación.

Juana tiene que levantarse de madrugada, casi a las tres de la mañana, para preparar algo de desayuno y salir cuarto para las cinco, tiene que estar diez minutos antes de las seis de la mañana, porque es la hora de entrada al rancho; de lo contrario “la regañan” y no le pagan. Se traslada con su esposo en un transporte durante casi una hora y media. La pareja labora por “contrato”, es decir, sin horario fijo, durante ocho o nueve horas seguidas, sin tiempo para la comida, y reciben 200 pesos diarios cada uno.

A Baja California llegan cada año miles de jornaleros agrícolas, la mayoría procedentes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. En Mexicali, la capital, se distribuyen en las seis zonas agrícolas: los valles de la propia Mexicali, Ensenada, Guadalupe –conocido también como “nueva Ruta del Vino”– Ojos Negros, San Vicente y Valle de San Quintín.

Muchos de estos jornaleros han establecido su residencia en Baja California, como es el caso de Juana, quien, desde hace 14 años, abandonó su natal Oaxaca con su esposo y una hija que entonces tenía dos años. Hoy esa pequeña tiene 16 años y tres hermanos “oaxacalifornianos” de 14, ocho y tres años. A la pregunta de si lo que gana le alcanza para mantener a su familia, responde: “con los dos salarios apenas nos alcanza”.

Olvidados del sistema y la emergencia

En los campos de Baja California y las otras entidades, donde la agricultura está dedicada a producir para exportar a Estados Unidos (EE. UU.), los jornaleros no siguen las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno para evitar contagios de Covid-19, pues sus patrones deben cumplir con sus compromisos de producción.

Doña Juana nos cuenta que, desde hace varias semanas, regresaron a la normalidad, a pesar de que el Gobierno Federal informó que mayo sería el mes con mayor riesgo de contagio. A principios de marzo, los más de 200 jornaleros que trabajan en un mismo rancho –en esta temporada plantan lechuga, brócoli y cebolla– les informaron que debían usar cubrebocas y mantenerse en distancia.

Para cumplir esta recomendación sanitaria, tuvieron que comprar cubrebocas, googles, gel antibacterial y gorras. Hasta la segunda semana de mayo no se había reportado ningún contagio en los campos donde Juana trabaja; pero ha oído versiones de que en otras partes del Valle, donde ha trabajado “normalmente” todo este tiempo, hay algunos casos.

“En el campo aquí ya todo está normal; ya se les olvidó y todos andamos en montón, ya se normalizó. Fue los primeros días de la pandemia cuando se dieron pláticas, pero ahora ya se normalizó todo”, comenta.

Investigadores de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) coincidieron en que la aplicación de estas medidas es responsabilidad de las autoridades sanitarias locales y federales, así como de los dueños y encargados en los ranchos. Esta organización civil ha denunciado, desde el inicio de la pandemia, que los jornaleros están trabajando así en la gran mayoría del campo cultivable mexicano, pese a los riesgos sanitarios.

En la segunda semana de mayo, únicamente la Secretaría de Salud de Sonora (SS) había ubicado a ocho jornaleros infectados por Covid-19. La RNJJA afirma que este grupo social es particularmente vulnerable a la pandemia porque no cuenta con servicios médicos públicos, ni mucho menos privados, inaccesibles para los trabajadores del campo.

El profesor-investigador Celso Ortiz Marín, de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), con sede en Los Mochis, Sinaloa, tiene conocimiento de que, en los campos de esta entidad, los jornaleros trabajan sin alguna medida sanitaria preventiva, y los patrones los transportan en total hacinamiento.

Los riesgos de contagio masivo en la región noroeste del país son muy altos, advierte el maestro Ortiz Marín, porque ahora, la temporada agrícola de Sinaloa termina en estos días, y los trabajadores migrantes seguirán su ruta de labor anual hacia Sonora y Baja California. Sin embargo, los gobiernos estatales y algunos municipales de estas entidades restringen el ingreso de los trabajadores provenientes de territorio sinaloense.

El investigador, quien también es integrante de la RNJJA, ha documentado que en regiones de Villa Juárez y Navolato llegan cada año más de 80 mil jornaleros, cifra más de dos veces superiores a las que registra el Gobierno Federal, que únicamente reporta entre 30 mil y 38 mil, es decir, la cifra se duplica.

“La mayoría vive en pequeñas casas; les rentan espacios de cuatro por cuatro metros, donde habitan de seis a ocho personas, están con sus familias; a veces solo hay un baño. Otros han establecido su residencia y formado colonias, construido sus casas como pueden; no tienen servicios de salud ni básicos”, señala en entrevista con buzos.

La forma de contratación puede ser directa o por temporada. Los jornaleros acuden generalmente con los dueños que ya conocen, quienes les pagan por día. Con este tipo de contratación “se acaba toda relación patronal, es decir no tienen acceso a seguridad social”, sostiene el investigador. Otros jornaleros son llevados por un contratista, principalmente durante la temporada “larga” en Sinaloa, cuando se cosechan las hortalizas.

El trabajo es muy duro, sobre todo cuando se contratan por tarea. Laboran de las siete a las diez y les pagan apenas entre 120 y 150 pesos. Bajo esta forma de contratación pueden trabajar más horas, hasta las dos o tres de la tarde, con lo que ganan entre 300 y 350 pesos. Este es el horario más recurrente, debido a que los trabajadores tienen la oportunidad de percibir un poco más dinero. Oficialmente se desconocen el número de campesinos que se contratan bajo esta forma.

“Es uno de los sectores de mayor riesgo de contagio de Covid-19, si le agregamos que la mayoría es indígena, con antecedentes de desnutrición y, desde luego, pobreza. Esto no lo ven las autoridades. En anteriores sexenios había programas que en algo ayudaban a este sector, pero la actual administración los eliminó. No olvidemos también que es uno de los sectores clave de la economía, pues son quienes recogen los productos agrícolas”, comentó Ortiz.

Discriminación… y ahora rechazo en sus pueblos

A pesar de lo relevante de su trabajo, “no existe un solo programa de este gobierno que atienda a los jornaleros”, afirma Antonieta Barrón, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigadora denunció que incluso enfrentan problemas de discriminación y rechazo social aun en sus pueblos de origen, debido a la pandemia generada por el Covid-19. Indica también que las autoridades comunitarias de Guerrero y Chiapas niegan la entrada a los jornaleros agrícolas a sus pueblos por temor al contagio del Covid-19. De estos hechos nada saben las autoridades estatales ni las comisiones de derechos humanos.

Antonieta Barrón, quien se especializó en investigaciones sobre el empleo rural y forma parte de la RNJJA, confió a este medio que las secretarias federales del STPS y del Bienestar –Luisa María Alcalde y María Luisa Albores, respectivamente– no han ofrecido ninguna alternativa para resolver las necesidades de estos trabajadores del campo.

Es como si estos mexicanos no existieran para ellas. Lo mismo ocurre con el titular de la Secretaría de Agricultura, quien debería saber qué hacen y donde están los jornaleros. Y, por supuesto, el Secretario de Salud, quien debería revisar la situación sanitaria de los trabajadores, aseguró.

La investigadora precisó que estos trabajadores, cuya migración resulta vital para la sobrevivencia propia y la de sus familias, como así lo señala también el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolla, “solo hay dos opciones para los habitantes de la montaña de Guerrero, migrar o morir”. En el país, hay aproximadamente 1.5 millones de jornaleros migrantes, tan solo en Sinaloa son más de 135 mil, de los cuales, el 65 por ciento provienen de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Mientras que, en Baja California, son cerca de 75 mil, todos migrantes, unos asentados y otros temporales y otros 161 mil en Sonora también migrantes, que, al no contar con las medidas sanitarias indispensables, corren un riesgo mayor, sobre todo cuando aumentó la superficie de viveros, lugares cerrados y apenas el 7.6 por ciento de los trabajadores temporales del campo cuentan con seguro social.

Barrón contrasta la situación de los jornaleros mexicanos en el Noroeste mexicano con la que viven sus compañeros de oficio en Canadá, donde realiza un estudio sociológico similar. Allá, enfatiza, tanto el gobierno como los dueños de los campos agrícolas brindan mayores medidas de salud a los trabajadores del campo, a diferencia de los empresarios mexicanos que poco o nada hacen por ellos, pues lo único que les interesa son las cosechas.

En el reporte Jornaleros en México, elaborado por el Centro de Estudios para del Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados en junio de 2019, confirma el retiro de los recursos financieros del PAJA, que inicialmente fue creado en Sinaloa en 1982 y aplicado en la República Mexicana a partir de 1991 para apoyar a los jornaleros agrícolas.

En el periodo 2012-2017, este programa ejerció mil 629.4 millones de pesos y en 2017, apoyó a 76 mil 342 personas. Sus principales acciones de ayuda social estaban dirigidas a la vivienda, la salud, la seguridad social, el saneamiento ambiental, la alimentación y el abasto domiciliarios, la educación, la capacitación y productividad laboral, así como la procuración de justicia.

Otro de los informes de la Cámara de Diputados, correspondiente al año pasado, pero elaborado por su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), lleva el título Jornaleros agrícolas migrantes y seguridad social, afirma que “para la mayoría de los jornaleros agrícolas no existe seguridad en el empleo”.

Los informes arriba citados evidencian que la administración federal de AMLO disponía, desde 2018, de un diagnóstico socioeconómico confiable sobre la situación de los jornaleros agrícolas del país y que, por lo mismo, no era de esperarse su decisión de eliminar el PAJA con el argumento de que era objeto de corrupción burocrática.

Eduardo Calvario, académico de El Colegio de Sonora, explicó a buzos que actualmente las políticas sociales del Estado mexicano no están focalizadas hacia los trabajadores, ni orientadas a cubrir las necesidades de la gente que más ayuda requiere. Por ello sugirió que las políticas sociales, enfocadas al sector laboral en el sureste estén asociadas con las acciones abocadas a mejorar las condiciones económicas que buscan crear empleos y evitar la migración laboral.

El especialista precisó que Sonora es también un estado receptor de trabajadores agrícolas provenientes del sureste, quienes laboran en campos hortícolas y vinícolas; pero aclaró que la mayoría están solo de paso porque luego migran a Baja California.

“Ellos siguen trabajando, ya sea por contrato o por tareas. La vida social en el campo continúa; cada jornalero viene ganando 120 pesos, 230 pesos, depende de lo que hacen y el tiempo que dedican durante el día. No tienen seguridad social, es un contrato de palabra, simplemente les pagan eso y se regresan a sus comunidades, para volver el siguiente ciclo escolar”, añade el investigador.

Cuando regresan a sus comunidades de origen llegan más desgastados por el rudo trabajo del campo e igual de pobres, aunque la pobreza de sus pueblos los recibe con los brazos abiertos.