Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza para 2024 en nuestro país. Se afirma que de 2018 a 2024, la cifra de pobres en México disminuyó de 51.9 a 38.5 millones de personas, es decir, que la pobreza habría disminuido en poco más de 13 millones de mexicanos.

Según los criterios del Inegi, se es pobre si lo que gana la gente no le alcanza para adquirir lo que se llama la canasta básica alimentaria y no alimentaria y, además, si sufre la carencia de alguno de los derechos sociales elementales como alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda.

Sin detenernos a revisar la certeza del método estadístico utilizado por el Inegi, baste decir que para algunos prestigiados expertos en la medición de la pobreza como Julio Boltvinik, resultan “datos cuchareados” para reducir los datos de la pobreza en casi 30 por ciento, datos inexplicables en un sexenio con pandemia y muy bajo crecimiento económico, que se presentan con el claro objetivo político de minimizar la magnitud de la pobreza, en donde las recientes cifras anunciadas por el Inegi resultan “un cuento de hadas para niños tontos”.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que esa “hazaña histórica” se debe, fundamentalmente, a tres factores: “al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y el acceso a los derechos”.

En relación con el aumento de los salarios, hay que decir que en el último tramo de 2024 (fecha del reporte del Inegi) se calculaba que dicha canasta ascendía a cuatro mil 552.89 pesos por persona al mes, pero si tomamos en cuenta que las familias trabajadoras en promedio están formadas, según el propio Inegi, por cuatro personas (el jefe de familia, la esposa y dos hijos), el costo familiar mensual de la mencionada canasta ascendería a 18 mil 216 pesos, monto que con el salario mínimo de entonces (248.90 pesos por día y siete mil 467 al mes) no se alcanzaba a cubrir con un salario mínimo, sino, por lo menos, con tres salarios mínimos, es decir, un ingreso de 747 pesos al día, que la gran mayoría de los trabajadores mexicanos no tiene, ni a través de la mayoría de las categorías más altas en los tabuladores de sus contratos colectivos de trabajo: en México el 78.6 por ciento de los trabajadores percibe entre un salario mínimo y poco más de dos, como lo afirma el estudio Indicadores que cuestionan la reducción de la pobreza en México del investigador de la UNAM, Dr. Arturo Huerta González, elaborado con datos del Inegi y publicado en La Jornada de Oriente el 19 agosto de 2025.

La Ley Federal del Trabajo nos dice que el “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Sin embargo, aunque el texto de la ley así lo ordena, todos sabemos que el salario mínimo es un ingreso que no le alcanza al trabajador ni para pagar la canasta básica alimentaria, mucho menos para atender necesidades sociales, educativas o culturales para él y sus hijos.

Así que, sólo viendo la relación entre el supuesto mejoramiento del salario y el gasto en los satisfactores más elementales no hay sustento real y verdadero para que el gobierno de la 4T presuma que en México se ha reducido la pobreza en 13 millones de mexicanos.

Sobre los programas sociales, la propia Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reconoce que este reparto de dinero sólo mejoró los ingresos de la gente en un 17 por ciento, es decir, que de cada 100 pesos que percibe quien ha mejorado sus ingresos, sólo 17 pesos provienen de recibir alguno de los diversos programas sociales. Esto significa que la mejoría sustancial que, según el gobierno, ha sacado de la pobreza a poco más de 13 millones de mexicanos, se debe al aumento de los salarios, cosa que no es cierta porque el 78.6 por ciento de los trabajadores perciben entre un salario mínimo y poco más de dos, que no les permite acceder a la canasta básica alimentaria y no alimentaria.

Es evidente entonces que el objetivo de ese reparto monetario directo no es atacar de raíz la pobreza, sino la compra de conciencias y de votos. Dándole algunas modestas ayudas en efectivo a la gente para tener su voto cautivo para el partido oficial, aunque ello implique recortar recursos económicos destinados principalmente a salud, educación y servicios públicos.

En relación al acceso a los derechos sociales, tomemos sólo como botón de muestra el acceso a la salud. El diario La Jornada del pasado 13 de agosto, con base en las propias estadísticas del Inegi, consignaba que “las carencias por acceso a los servicios de salud aumentaron más del doble, al pasar de 20.1 millones a 44.5 millones de personas en seis años (del 2018 al 2024)”.

Además, un estudio realizado por México Evalúa con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos del Inegi, publicado en El Financiero el 1º de agosto de 2025, relativo a los llamados gastos catastróficos en cuestiones de salud, es decir, aquellos provocados por un accidente o la aparición de enfermedades que requieren de largos tratamientos, “Aumentó en los hogares el gasto de bolsillo en salud. El gasto trimestral promedio por hogar para temas de salud pasó de 1,135 a 1,605 pesos entre 2018 y 2024, un incremento real de 41.4%. Esta alza impacta sobre todo a las familias con menores ingresos (…) Incrementaron los gastos catastróficos, 1.11 millones de hogares incurrieron en gastos catastróficos de salud en 2024, es decir, aquellos que ponen en riesgo la estabilidad financiera de las familias pues superan el 30% de la capacidad de pago. Esto representa un aumento de 64.5% con respecto a 2018 (436,783 hogares)”.

La población marginada que carece de todo servicio de salud creció más del doble, y hoy son casi 45 millones de mexicanos los que tienen que rascarse con sus uñas para ver cómo se curan o que padecen enfermedades dolorosas o están en riesgo de morir por no tener acceso a tratamientos y medicinas.

En contrapartida, si hay cada vez más pobres, del otro hay ricos cada vez más ricos. “En México tan solo dos mexicanos poseen tanta riqueza como 50% de la población de toda América Latina (…) el 1% de las personas más ricas se han quedado con casi 25 de cada 100 pesos de la nueva riqueza creada en lo que va del Siglo XXI, mientras que el 50% más pobre se ha quedado con sólo 1.5 de cada 100 pesos, según datos de Oxfam” (El Economista, ocho de octubre de 2024).

Como vemos, con la 4T el neoliberalismo sigue más vivo que nunca con su principal apotegma: “Que las masas trabajadoras produzcan y hagan crecer al capital, que se conformen con miserables salarios de sobrevivencia y que se rasquen con sus uñas para afrontar todas sus necesidades, pues el Estado no se hará cargo de ellas”.

Los trabajadores mexicanos debemos saber que la lucha contra la pobreza en México no vendrá desde arriba, desde la mesa rebosante de los ricos y sus defensores políticos. De ahí sólo nos echarán de vez en cuando algunos mendrugos en forma de raquíticos aumentos salariales que en nada alivian nuestra pobreza o en forma de tarjetitas de dinero con dádivas para tenernos como limosneros para servir a sus intereses políticos y económicos.

La verdadera lucha contra la pobreza en México sólo puede darla el pueblo trabajador organizado y consciente de sus intereses de clase; organizado y consciente para tomar el poder político en sus manos ante el fracaso estrepitoso que vienen teniendo los farsantes que lo engañaron prometiéndole que serían “primero los pobres” y sólo están resultando ser vergonzosas tapaderas del neoliberalismo que sigue tan campante; organizado y consciente para tomar el poder político en sus manos, para establecer un verdadero gobierno obrero y campesino, para construir una nueva sociedad con una más justa distribución de la riqueza social. No hay otra salida.