La medición de la pobreza se ha convertido en uno de los criterios sustanciales para evaluar el desempeño gubernamental y las posibilidades de un crecimiento con desarrollo de un país. La publicación reciente de las mediciones oficiales ha desatado polémica alrededor de la definición y medición de la pobreza. Mientras que la oficialidad afirma que en el sexenio pasado salieron poco más de 13 millones de personas de la pobreza, mediciones más críticas como la de Julio Boltvinik corrigen la cantidad a 1.4 millones.

Más allá de estas cifras, resalta la situación de la pobreza de la población que vive en áreas rurales, pues de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), nueve de cada 10 personas que viven en el campo se encuentran en situación de pobreza y de éstos, tres de cada cuatro en pobreza extrema, en donde las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico son casi nulas con los programas de financiamiento actuales.

El campo mexicano se ha caracterizado por ser un sector descapitalizado y donde la pobreza, en especial la extrema –definida como la insuficiencia de ingreso para adquirir la canasta básica– se concentra. Además de los problemas en el sector productivo de las zonas rurales, las condiciones de servicios básicos de agua, drenaje, salud y educación, energía eléctrica, seguridad, espacios para el desarrollo de actividades físico-deportivas son casi inexistentes en estas áreas. Estas necesidades sociales inciden para que los habitantes dentro de las comunidades no desarrollen su potencial social, económico u otros, lo cual trae como consecuencia una limitante posibilidad de progresar en el campo laboral o modificar su calidad de vida.

Este problema no es nuevo ni propio del sexenio de Andrés Manuel. Desde 1980 el gobierno mexicano retiró el subsidio y la protección al desarrollo del campo, lo que ocasionó la limitación del desarrollo tecnológico, la capacitación laboral, la restricción de la productividad y la competitividad del sector agrícola. La pobre incorporación de tecnología se muestra con claridad en que para 2019 sólo 21 por ciento de la superficie agrícola de las unidades productivas era de riego y de ellas 70.8 por ciento era del tipo por gravedad, lo que habla de una gran deficiencia en el aprovechamiento del recurso debido a las pérdidas que produce este tipo de irrigación.

Ante tales circunstancias, el gobierno de la 4T aplica otra política para el sector agrícola, pero sin solucionar nada. El presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) aumentó 0.40 por ciento entre 2018 y 2024, es decir, prácticamente quedó igual. Al interior de la secretaría, el presupuesto se destinó en menor medida a programas enfocados al fomento a la producción agrícola, ganadera, pesquera y acuícola, y se puso mayor énfasis en programas no productivos como producción para el bienestar, abasto rural, y precios de garantía.

El programa Producción para el Bienestar se propuso fortalecer el ingreso de los productores de pequeña y mediana escala que representan 85 por ciento de las unidades productivas. Sin embargo, este programa no fue beneficioso para los campesinos ni superó los retos históricos del campo mexicano, que requiere de soluciones que permitan un crecimiento y desarrollo que supere las desigualdades estructurales. Esto se puede ver en que Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde se concentran los campesinos de pequeña y mediana escala y también se concentra la mayor cantidad de pobres.

El sector agrícola es una parte importante del desarrollo económico de los países pobres como México y, por tanto, necesario para una disminución sistemática de la pobreza. Sin embargo, las políticas públicas y los programas sociales que han implementado históricamente los gobiernos, incluido el de AMLO, no proponen una solución a futuro. El neoliberalismo sigue vivo en el campo mexicano; los gobiernos, llámense de izquierda o derecha, se han visto incapacitados para sacarlo del rezago estructural.