Más bien es la culminación de una falla estructural que se ha agravado durante los últimos años, marcada por decisiones políticas, problemas financieros y un modelo de distribución ineficiente.
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Instituto de Salud para el Bienestar: instrumento político de la 4T
La desaparición del Seguro Popular no solo priva a los hospitales de los recursos necesarios para prestar atención de mínima calidad.
La salud ha sido siempre una de las grandes preocupaciones de los mexicanos. Por ello durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su promesa “médicos y medicinas para todos” fue una de las más aplaudidas. Sin embargo, el Presidente de México no ha dicho cómo y con qué recursos cumplirá ese compromiso. Solo dijo que el sistema de salud estaba corroído por la corrupción, igual que las demás instituciones, y que bastaba acabar con ésta para superar todos sus problemas, dando lugar así a que los mexicanos tuvieran un lugar donde acudir a curarse.
Inmediatamente después de ser nombrado Presidente, su posición cambió: no solo disminuyó a las instituciones el presupuesto con que ya contaban, sino que desapareció el Seguro Popular, la única estructura gubernamental diseñada para proveer de atención sanitaria a los estratos más pobres del país, es decir, quienes no tienen un trabajo formal ni cuentan con servicios médicos en clínicas y hospitales. Ciertamente, el Seguro Popular incurría en las mismas limitaciones, deficiencias y corruptelas de otras dependencias y programas, entre las que el diagnóstico suele ser el adecuado, pero el tratamiento en lugar de curar al paciente lo empeora.
Mucha gente aplaudió la desaparición del Seguro Popular porque ésta “ayudaría a erradicar la corrupción y evitaría el despilfarro de los recursos destinados a la salud de los mexicanos”. Sin embargo, quedaba una incógnita: si no era el Seguro Popular, ¿qué institución sería la responsable de efectuar la promesa de campaña de AMLO? La respuesta llegó pronto: sería el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Después de muchos dimes y diretes, de muchos despidos y de muchas carencias, AMLO anunció, el 14 de noviembre de 2019, que el Insabi no solo supliría al Seguro Popular, sino que unificaría al resto de los sistemas de salud pública y sería el responsable de repartir todos los recursos destinados al Sector Salud en las 32 entidades de la República. El certificado de defunción del Seguro Popular quedó consignado en el capítulo VIII de la Ley Orgánica del Insabi, publicada el 29 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Estos cambios nos hacen considerar que el verdadero interés de la actual administración federal no es garantizar la atención adecuada a los mexicanos, sino la de concentrar los recursos del Sector Salud para utilizarlos a discreción y no necesariamente para los fines presupuestados.
Esto se evidenció cuando el Presidente y sus colaboradores, ignorando el funcionamiento del Seguro Popular, le desviaron recursos vitales y mermaron sustancialmente el personal, los medicamentos y materiales médicos de los hospitales nacionales y estatales, donde se brindaba atención a decenas de miles de pacientes.
La desaparición del Seguro Popular no solo priva a los hospitales de los recursos necesarios para prestar atención de mínima calidad a familias pobres, sino que ahora serán ellas las que deban absorber los gastos de sus pacientes, lo que repercutirá de manera negativa en sus condiciones de vida, ya de por sí muy limitadas y marginales.
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