Cualquier ser humano, sea mexicano o de cualquier país, tiene libertad y derecho de profesar y pertenecer a cualquier religión; sin embargo, cuando ese mismo individuo decide ser representante político, es decir, tener algún cargo público, por ejemplo: presidente municipal, de un país, gobernador, diputado federal o local, las cosas ya no son tan sencillas.

Hace unas semanas, antes de que terminara 2019, para ser más exactos el 11 de diciembre, la senadora del Movimiento Regeneración Nacional por Zacatecas, María Soledad Luévano, (más bien era el brazo ejecutor, debido a que la idea y propuesta pertenecía a Ricardo Monreal) presentó una iniciativa de flexibilización entre la Iglesia y el Estado y para que la política y la religión no tenga ningún obstáculo en intervenirse mutuamente; debilitando así el ya conocido Estado laico.

Algunos puntos que la iniciativa contiene y pretende avanzar son: suprimir la separación entre Iglesias y Estado, actual base de laicidad, algo que está basado en las Leyes de Reforma y de la construcción de un Estado formado en leyes y no bajo un esquema de principios religiosos. También se habla de suprimir que las creencias religiosas no son motivo para dejar de cumplir leyes, en cambio se propone instaurar la figura de “objeción de consciencia”, con lo que sería legal y aceptado incumplir lo dispuesto por una ley, cuando alguien argumenta que va contra sus principios religiosos.

Destaca, además, que se pretenda, bajo el argumento de las libertades religiosas, un derecho a divulgar las creencias dogmáticas a través de cualquier medio de comunicación; esto implicaría, naturalmente, la posesión de medios por parte de grupos o asociaciones religiosas.  Si la iniciativa no proviniera de gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la sospecha no estaría sobre él, ni en que se arriesga la laicidad del Estado, garantizada por la Constitución Política, que se ha regido por la gobernabilidad del país desde mediados del Siglo XVIII. 

Cuando AMLO ha abordado el tema, siempre afirma que el Estado laico significa tratar por igual a todas las Iglesias, –no importa que sea Católica, Romana, Apostólica, Evangélica, etc.–, sin que se incline hacia alguna en particular; pero, casi al mismo tiempo, ha dicho que podría autorizar o dotar a todas las Iglesias con un canal de televisión, si es que ayuda y se utiliza para “moralizar” al pueblo (aquí está la madre del cordero); es decir, su igualdad o equidad consiste en difundir alguna doctrina a toda la sociedad.

La pretensión de la iniciativa morenista tiene objetivos claros. Primero: no abandonar la idea de AMLO para moralizar a todos los mexicanos, aunque se sepa que cada religión tiene una moral distinta; sin duda, entonces, lo que el Presidente o la “Cuarta Transformación” (4T) pretende es  difundir una “moral única”, la moral morenista, más que la religiosa; y solo les es posible usando la herramienta en las iglesias para decir o hacer lo que a él convenga; esto es como una “mañanera”, pero ahora usando a las religiones y olvidándose del Estado laico.

Segundo. Si se lograran cambiar las leyes, y AMLO y su grupo en el poder se imponen y difunden una moral única se desataría, sin lugar a dudas, la inconformidad y el conflicto, cuyas consecuencias ahondarían más la crisis social. La iniciativa reciente y los discursos de AMLO en 2019 sobre el tema, evidencian que la verdadera intención está en apoyar a las iglesias evangélicas, aun cuando se sabe que, en México, el 85 por ciento de la población profesa la religión católica.

Cuando hablamos de Estado laico, se debe entender no solo como un trato igual y equitativo hacia las iglesias, sino como una separación entre los poderes del Estado y la Iglesia, principio que jamás debe violarse; es decir, ni la Iglesia podría meterse en los terrenos de la religión, ni ésta podría invadir la jurisdicción del poder del Estado, sea federal, estatal o municipal.

Cada institución tiene funciones específicas por separado. El Estado debe garantizar y conservar los intereses de la sociedad como la salud, la vida, la libertad, protección, vivienda, educación –algo que la 4T no está cumpliendo–; y si es necesario, el Estado podría usar la fuerza como castigo; mientras que la religión tiene la tarea de convencer a los individuos para que obedezcan los designios y voluntad de Dios en su vida ordinaria, como propósito para salvar el alma del creyente; la religión señala los pecados y los combate a través de la persuación, pero no puede hacerlo reprimiendo. Adorar o rendir culto a Dios obligado por otro puede resultar en más condena y sacrificio y, por lo tanto, la salvación del alma será casi imposible.

Si el gobierno de la 4T pretende moralizar a los mexicanos, primero enviando iniciativas para cambiar las leyes, y luego aplicando “su moral”, simplemente estará violentando e invadiendo facultades que no tienen y no les corresponden, algo que es exclusivo de la Iglesia; entonces, estaría transgrediendo el Estado laico, aunque se afirme lo contrario y se niegue. Por el momento, querido lector, es todo.