Para la población hay pocos temas tan sensibles y, al mismo tiempo, tan poco entendidos como las pensiones. En 2021 se jubilará la primera generación que cotizó con el esquema de pensiones de la reforma de 1997, cuyos ahorros –aportados por trabajadores, empleadores y gobierno– son administrados e invertidos por las instituciones privadas conocidas como Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro).

El panorama resulta preocupante y éste es el último año para que se implementen cambios sustanciales; de otro modo, una generación completa y las que vengan después, –si no se actúa– pasarán su jubilación en la pobreza total. Hay tres variables para evaluar un sistema de pensiones: cobertura (¿cuántos tendrán pensión?); suficiencia de la pensión y sostenibilidad fiscal (¿puede el gobierno sostener este gasto?).

En cuanto a la primera variable, solo una cuarta parte de esta generación tendrá derecho a pensión; es decir, únicamente los trabajadores que cotizaron al menos 1250 semanas –la cuota mínima para obtener derecho– y el resto solo recibirá, en un pago único, los ahorros que hicieron en estos años.

Respecto a la suficiencia de quienes tengan derecho a una pensión, ésta consistirá en un pago mensual equivalente, en promedio, a la mitad de su salario. Pero tal pensión, baja de por sí, solo es posible porque el gobierno otorga una pensión mínima garantizada de tres mil pesos mensuales a trabajadores con los ahorros más bajos. Sin esto, obtendrían, en promedio, únicamente el 27 por ciento de su salario.

Por mucho menos que esto, los jubilados de otros países toman las calles. Pero, ¿cuál es la causa central de la crisis de pensiones? La misma Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) afirma que se debe a la precariedad del mercado de trabajo mexicano. Esto es así porque el monto de las pensiones depende de los ahorros de los trabajadores formalmente ocupados; porque los salarios de éstos son muy bajos –más de dos terceras partes gana menos de tres salarios mínimos– y más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) se halla en el sector informal. Todo esto hace imposible que la mayoría de los trabajadores ahorren.

A este complejo estructural se agrega el estancamiento de la economía mexicana, que ha provocado más desempleo. Para sobrellevar el problema hasta octubre de 2019, miles de trabajadores habían retirado más de 10 millones de pesos de sus cuentas de ahorro y roto todas las marcas anteriores. Pero la causalidad también opera en sentido inverso: un desempleo elevado reduce la capacidad de negociación y lucha de los trabajadores, lo que empuja los salarios a la baja y éstos, a su vez, dificultan aun más el ahorro con un consecuente efecto negativo sobre las pensiones.

En síntesis: la crisis de las pensiones es otra de las consecuencias negativas del neoliberalismo, al que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) refuerza al dar continuidad a sus elementos centrales, como es el caso del sistema privado de pensiones y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC). Para enfrentar un problema de tal magnitud, las medidas propuestas por la administración federal –la reducción de las comisiones que las Afores cobran, la exigencia de que éstas otorguen rendimientos más elevados, incluso la pensión universal para adultos mayores– son simples parches que más temprano que tarde resultarán insuficientes.

Pensiones dignas para los jubilados mexicanos solo serán posibles si el Estado aumenta sustancialmente su participación en las mismas –lo que supone una reforma fiscal progresiva– y si combate en serio la precariedad laboral, para lo que requeriría, entre otras cosas, una política de desarrollo industrial que reduzca el desempleo, absorba al ejército informal y eleve los salarios por aumentos en la productividad. Nada de esto, sin embargo, figura en los planes de la 4T.