A nadie sorprende que el Presidente tenga a veces momentos de lucidez y que sea entonces cuando salgan a relucir sus verdaderas intenciones o pensamientos profundos. ¿Qué puede esperarse después de tres años de desatinos y pésimos resultados en cualquiera de las variables sociales y económicas de la administración pública? ¿Un ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro, como declaró hace poco? Sí, efectivamente, ya no tiene para dónde hacerse. Los datos son contundentes. Si nos vamos por el lado de la economía, no hay crecimiento económico sino todo lo contrario.

Los organismos nacionales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE), o el Banco de México (Banxico), ajustan constantemente sus pronósticos de crecimiento y coinciden en que éste no será suficiente para que México recupere el que tuvo antes de la pandemia.

Es decir, no se vislumbra que en el actual sexenio (2018-2024) podamos crecer siquiera al dos por ciento de 2018. Sin política estable ni condiciones de legalidad se pierde todo estímulo para la inversión privada; y el gobierno ha hecho hasta lo impensable para ahuyentar y llenar de incertidumbre a los actores privados.

La administración federal no invierte ni deja invertir. Con las megaobras del Presidente, incluyendo la compra de la refinería Dear Park de Texas, únicamente ha conseguido sembrar más desconfianza, además de que se entrevé su total ignorancia en cuestiones técnicas y económicas. Pero insiste en que la gente está mejor que nunca y se escuda en el dinero que el gobierno entrega a los grupos vulnerables, cuyo manejo no es transparente porque lo reciben por igual vivos que muertos. Estos recursos, asimismo, no llegan a los grupos más necesitados porque su entrega responde más a un motivo clientelar y a la compra de votos, como lo prueba el incremento de cuatro millones en el número de pobres.

Existen variables externas que han afectado el nivel de los precios, como la pandemia del Covid-19, que rompió la estabilidad de los canales de comercialización, provocando escasez o ralentizando la fluidez de suministros; o el conflicto ruso-ucraniano, en el que ya comienzan a sentirse las sanciones económicas contra Rusia a través del alza en los energéticos y un mayor nivel de inflación. El reciente aumento del salario mínimo, aunque solo se haya dado en el papel, ha incrementado también la inflación debido a que las empresas ajustaron los precios de sus mercancías inmediatamente; y lo mismo hizo el gobierno, que ajustó el monto de los impuestos, las tarifas de los servicios públicos. Pocas son las empresas que están pagando mejor a sus empleados y en esta situación solo se encuentran 19 millones de mexicanos. Y, por si fuera poco, el país es hoy un polvorín donde cada vez está quedando más claro que el que gobierna está en el crimen organizado mediante prácticas de extorsión a negocios, por lo que a los productores de diversas regiones en el país únicamente elevan sus costos de producción y transporte, que finalmente se trasladan a los precios de las mercancías. Por ello, a final de cuentas, el descontrol de la economía y los factores externos son pagados por los consumidores finales y los trabajadores mediante la compra de mercancías a precios cada vez más altos.

En resumen: la población está paralizada frente a una inflación que en febrero registró un alza del 7.22 por ciento, la mayor en 20 años. A la aterrada vida en vilo de millones de mexicanos que atestiguan las ejecuciones cotidianas del crimen organizado –¡y eso que no estamos en guerra!– se suman el desempleo, los empleos precarios, el empleo informal, los altos costos de salud incrementados por la pandemia y los menguados ingresos que “se diluyen entre los dedos”. Y mientras esto sucede, el gobierno ríe a carcajadas por alguna ocurrencia. Solo esperamos que quien ría al último, ría mejor.