Es cierto que ambos grupos étnicos cuentan con representación específica en el Congreso de Veracruz y que, en el discurso político-electoral, se alude a ellos como baluartes de la nacionalidad mexicana; pero en la vida cotidiana enfrentan graves carencias de servicios públicos básicos en todas las regiones de la entidad, como lo prueban las nuevas cifras de pobreza en el estado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en Veracruz habitan 663 mil 503 indígenas reconocidos como tales, que aún hablan alguna de las lenguas prehispánicas y representan el 8.6 por ciento de la población estatal. Esta cifra ubica a la entidad en el décimo sitio según su población indígena.
En la entidad hay indígenas chinantecos, huastecos, popolucas de la sierra, sayultecos, mazatecos, nahuas, tepehuas, olutecos, otomíes, texistepequeños y totonacos. La mayoría radica en la región de las Altas Montañas, el Totonacapan y en municipios como Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tlaquilpa, Tlilapan, Zongolica, Chumatlán, Filomeno Mata, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo y Pajapan, entre otros municipios.
Varios estudios estadísticos y antropológicos revelan que la población indígena veracruzana ha disminuido, pues en 1995 era el 10 por ciento de la población; pero en 2015 bajó a 9.2 por ciento. Esta reducción se debe, en gran parte, a que la pobreza los obliga a migrar.
215 mil 435 veracruzanos se reconocen como afromexicanos, cifra equivalente al 2.7 por ciento de la población total de la entidad, lo que la sitúa en el sexto lugar con más afromestizos del país. Los municipios veracruzanos con más afromexicanos son Alto Lucero, Yanga y los ubicados en la cuenca del Papaloapan.
Estas demarcaciones son también las más pobres del estado. Entre ellas destacan Soledad Atzompa, considerado el décimo municipio más pobre de Veracruz; y Atlahuilco, el decimoséptimo; información contenida en los Cuadernillos Municipales de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SFP) ubica a ambos en la Sierra de Zongolica. Benito Juárez, en la Huasteca Baja, se halla en la posición 26; e Ixhuatlán de Madero, en la 33.
En agosto de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) clasificó a Veracruz como uno de los cinco estados más pobres del país durante 2022, ya que 13.1 por ciento de sus más de ocho millones de habitantes se encuentran en pobreza extrema.
Si bien la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 24.4 a 21.6 en 2022, casi la quinta parte de la población veracruzana padece hambre; la población sin acceso a servicios de salud pasó de 32 por ciento en 2020 a 48.3 por ciento en 2022; es decir, aumentó en un millón y medio; y el año pasado, poco más de cuatro millones de veracruzanos no contaban con atención sanitaria.
Además, la población vulnerable en ingresos pasó de 5.9 por ciento en 2020 a seis por ciento en 2022, cifra porcentual equivalente a casi ocho mil personas en únicamente 24 meses. La población con al menos tres carencias sociales creció poco más de tres puntos porcentuales, pasando de 36.8 a 39.1 por ciento, por lo que ahora hay más de tres millones 200 mil veracruzanos en esta situación.
La población vulnerable por carencias sociales aumentó de 21.7 a 26.7 por ciento; es decir, ahora hay dos millones 193 mil veracruzanos en esa condición. La mayoría de ellos son indígenas y afromexicanos.
Popolucas, sin acceso a la salud
Hace más de 14 años, en el municipio de Soatepan, situado en la Sierra Sur de Veracruz, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) inició la construcción de un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA); sin embargo, el gobierno estatal morenista se niega a concluir esta obra a pesar de que solamente le falta el 40 por ciento.
Este centro de salud atendería a más de 35 mil personas (en su mayoría indígenas) en distintas áreas médicas, entre ellas ginecología, pediatría, servicios auxiliares, laboratorio de análisis clínico, rayos X, ultrasonido, detección del cáncer y farmacia.
Tito Ramírez García, representante del MAN en Soteapan, recordó que los exdiputados federales del MAN lograron etiquetar recursos financieros para la conclusión de esta obra, pero el gobierno estatal veracruzano encabezado por Cuitláhuac García Jiménez los subejerció.
“La actual administración regresó el dinero a la Federación, es negligencia. Creemos que realizaron esto porque el municipio de Soteapan no votó mayoritariamente por Morena. Al inicio de la administración de Cuitláhuac entregamos un pliego petitorio y él se comprometió a priorizar la demanda. Después de eso sólo ha habido cerrazón total por parte de su gobierno”, detalló.
El líder social reveló que la clínica más cercana a las comunidades indígenas se encuentra a más de 40 kilómetros; “ahora mucha gente se muere porque no hay médicos, no hay medicinas y no se promueve la atención a la salud de manera general”, abundó.
Leodegario Ramírez, indígena afectado por la obra inconclusa, exigió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y al gobernador de Veracruz, que terminen la construcción del centro médico, ya que algunos enfermos deben trasladarse a Tonalapa, a Coatzacoalcos o a la capital del estado, Xalapa, que se halla a casi 400 kilómetros de distancia.
“Como somos familias de escasos recursos, a veces no tenemos para trasladar a nuestros enfermos a un hospital y se nos mueren sin recibir atención médica ni medicamentos”, añadió.
El diputado local Bonifacio Castillo Cruz, solicitó, hace varios meses, a la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (JPJ) del estado de Veracruz, que revise los expedientes de varios indígenas privados de su libertad debido a malas prácticas de judiciales.
Su demanda incluyó el envío de un informe al Congreso de Veracruz de cuántos miembros de los pueblos y comunidades indígenas se hallan en los 17 centros de reclusión vinculados a procesos penales o cumplen sentencias condenatorias sin defensores que hablen su lengua materna y sin que sean considerados los usos y costumbres, con base en los Artículos 410° del Código Nacional de Procedimientos Penales y 84° del Código Penal del estado de Veracruz.
Castillo agregó que muchos indígenas purgan sentencias pese a haber obtenido el beneficio de preliberación contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal; y denunció que a muchos de ellos se les vincula a proceso sin pruebas suficientes o contundentes de que cometieron los delitos imputados.
Destacó, asimismo, que la mayoría de los indígenas en reclusión desconocen que tienen derecho a solicitar amparos, a los beneficios de la preliberación y sanciones no privativas de la libertad, como la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas y preliberación por criterios de política penitenciaria establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Al cierre de esta edición, el exhorto del legislador no ha sido sometido a la consideración de los 50 diputados locales veracruzanos.