La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Las organizaciones Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) impugnaron la designación de Alejandro Gómez Sánchez como magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México (TDJEM), Alejandro Gómez Sánchez, por su implicación en los casos de Tlatlaya y Atenco.
Al exfiscal de justicia del Estado de México (Edomex) lo acusaron de incumplir los requisitos constitucionales de buena fama pública, honestidad y honorabilidad en virtud de su implicación en los casos de Tlatlaya y Atenco, los cuales representan tragedias emblemáticas de violaciones a los derechos humanos en el país.
Desde 2014, Gómez Sánchez estuvo al frente de una administración marcada por denuncias de tortura, desapariciones forzadas, fabricación de carpetas de investigación y ejecuciones extrajudiciales. Entre los casos más críticos, destaca la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya el 30 de junio de 2014 por parte de soldados del Ejército Mexicano; así como las violaciones cometidas durante la represión en Atenco en 2006, en las cuales se involucró directamente en su encubrimiento y la falta de justicia para las víctimas.
Uno de los puntos más alarmantes de la impugnación, destacaron las organizaciones, es la acusación sobre el manejo indebido del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), cuyo objetivo era implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). Según el recurso, miles de millones de pesos destinados para la mejora del sistema de justicia fueron desviados, sin que se hayan cumplido las metas previstas y que resultó en la encarcelación de personas inocentes.
A pesar de estas graves acusaciones, los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), no tomaron en cuenta estos antecedentes al otorgar la constancia de mayoría a Gómez Sánchez como magistrado electo, lo que ha motivado la impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de México.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.